Armando Durán / Laberintos: ¿Hacia el caos total?


   “Impasibles, Maduro y su círculo prosiguen con su plan para hacerse con el poder absoluto en Venezuela al precio de sumir al país en unos límites inconcebibles de miseria.” Esta dura sentencia es parte del editorial que publica El País en su edición de este pasado jueves bajo el título de “Maduro se queda solo”, para analizar lo que representa el adelanto inconstitucional de la elección presidencial venezolana para el próximo 22 de abril por “acuerdo” de la también inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, y la decisión presidencial de convertirla en una auténtica mega-elección, al incluir en ella la igualmente espuria elección de los miembros de la Asamblea Nacional, electos democráticamente en diciembre de 2015 por más de 14 millones de electores.

   La firmeza de este editorial, que coincide con la actitud que seguramente se impondrá en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que se reúne hoy viernes mientras escribo estas líneas con el propósito de considerar con urgencia una resolución instando a Nicolás Maduro a reconsiderar estas convocatorias, contrasta con la debilidad del comunicado aprobado el jueves por la Asamblea Nacional, en el que sus diputados se limitan a señalar que con esta convocatoria para sustituirlos con casi dos años de antelación, “el gobierno pretende eludir el control del Poder Legislativo y perpetrar un golpe de Estado para garantizar la impunidad de los corruptos.” Un lamentable comunicado que pasa olímpicamente por alto que el objetivo del régimen va muchísimo más allá del tema de la impunidad y que, además, el objetivo de dar un golpe de Estado ya lo había alcanzado el régimen con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia dictadas en marzo de 2017, al apropiarse ilegalmente de todas las funciones y atribuciones que la Constitución le fija a la Asamblea Nacional.

 

   Rebelión civil

   Vale la pena recordar que aquellas sentencias provocaron que la directiva de AN y los partidos que conformaban entonces la alianza opositora de la Unidad Democrática denunciaran ante el mundo que en Venezuela acababa Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado y, en consecuencia, convocaron al pueblo a tomar las calles del país y declararse en rebeldía civil. Las impactantes manifestaciones de protesta popular se iniciaron el 2 de abril y, durante 4 meses, al elevado costo de más de 120 manifestantes asesinados por las fuerzas represivas del régimen y de miles de heridos y detenidos, acosaron a régimen hasta poner en peligro mortal su estabilidad y la permanencia de Maduro en el poder. Punto culminante de este gran sacudón fue la consulta popular realizada por la AN el 16 de julio, en la que 8 millones de electores le confirmaron a sus dirigentes el mandato de cambiar de presidente, gobierno y régimen en el menor tiempo posible.

   El régimen, por supuesto, no le prestó la menor atención a esta exigencia popular, sino todo lo contrario. Y lo hizo, porque a sus jerarcas les dio las ganas de “elegir” una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente para suplantar de hecho lo muy poco que todavía quedaba de Poder Legislativo, a cambio de convocar elecciones regionales y municipales, que habían sido programadas para el último trimestre de 2016 y canceladas en su momento sin dar explicación alguna. Fórmula mágica que de nuevo rompió la unidad de todas las fuerzas de oposición que al fin se habían logrado articular en un solo frente de lucha gracias a la amenaza que implicaba el golpe de Estado ejecutado por el régimen mediante el TSJ. Vaya, que con las tramposas convocatorias electorales de aquellos días, los astutos estrategas del régimen sencillamente retomaron la iniciativa al reactivar los reflejos condicionados del sector más moderado de la oposición haciendo sonar las campanas del Consejo Nacional Electoral llamando a votar. Y eso lograron, sin mayores esfuerzos y sin ningún sacrificio, pues tan pronto escuchó la MUD el nuevo llamado del régimen a votar, desconvocaron las manifestaciones de protesta y salieron corriendo a inscribir a sus candidatos para gobernador de los 23 estados del país. Como si en Venezuela no estuviera pasando nada y como si el régimen en realidad fuera democrático. Heterodoxamente democrático, de acuerdo, pero democrático al fin y al cabo.

   Esta fue una gran y decisiva victoria política de Maduro, porque no solo le permitió salir ileso del peor peligro que había corrido desde su controversial elección como presidente de la República tras la muerte de Hugo Chávez, sino que gracias a ella pudo, una vez más y a todas luces definitivamente, apartar al pueblo opositor, indignado por la crisis y los atropellos del régimen, de sus presuntos dirigentes. Un efecto que consiguió Maduro, además, sin ceder nada a cambio de todo, para mayor gloria suya y del régimen, que también aprovechó la oportunidad para resucitar el falso diálogo de representantes del régimen y de la MUD, con la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, el principal agente internacional de Maduro. Todo ello a pesar de una crisis general, que ya derivaba, a velocidad vertiginosa por cierto, en crisis humanitaria sin precedentes en la historia de Venezuela, y cuya magnitud acaba de ponerla de manifiesto la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), que desde 2014 acometen todos los años investigadores de las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, las tres principales del país.

 

   La realidad social

   Los resultados de este exhaustivo estudio de la realidad social de Venezuela, con trabajo de campo realizado entre julio y septiembre de 2017, fueron divulgados esta semana. De sus muchos y escalofriantes resultados me parece importante destacar dos. Uno, que la población en situación de pobreza creció en Venezuela, de 48 por ciento en 2014, a 87 por ciento en 2017, y la que se encuentra en situación de pobreza extrema pasó, de 23 por ciento en 2014, a 61 por ciento en 2017. El otro, que para la fecha en que se realizó el trabajo de campo, más de 8 millones de venezolanos solo hacían dos o menos comidas al día, y cada noche se acostaban con hambre. Téngase presente el hecho de que desde septiembre del año pasado, la crisis venezolana se ha agudizado y vivir en Venezuela se ha convertido en una misión todavía más imposible para la inmensa mayoría de los venezolanos.

   Ahora bien, lo que más poderosamente llama la atención al tratar de aproximarnos a la posición adoptada por los actores de la oposición formal al régimen es que, a pesar de la realidad social que se registra en este estudio sobre las condiciones de vida en la Venezuela de hoy en día, no han trascendido los límites de la denuncia retórica. Es decir, la sostenida insuficiencia de ese sector de la oposición a la hora de enfrentar en el terreno de los hechos concretos el desafío político, económico y social que representa el rumbo que ha emprendido el régimen desde su aplastante derrota en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Como bien señala El País en su editorial de este viernes, desde entonces, y para no reconocer su derrota, el régimen sencillamente “prosigue con su plan de hacerse con el poder absoluto.” Con todas sus devastadoras consecuencias. Es decir, que la convocatoria electoral anticipada no constituye para Venezuela, como señalan los diputados de la oposición, una simple “amenaza” de golpe de Estado. Ese golpe ya se produjo en marzo de 2017 con las sentencias del TSJ y desde esa flagrante ruptura del hilo constitucional ha “proseguido” avanzando, sin pausa, en el proyecto de convertir a Venezuela en una réplica tardía de la catastrófica experiencia de la revolución comunista de Cuba. Esta es precisamente la razón del camino que ha emprendido la comunidad hemisférica y europea frente al caso Venezuela a pocos días de la Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima los días 13 y 14 de abril, y ante lo que en verdad significan las elecciones convocadas, por ahora, para el 22 de abril. Y la dificultad para determinar cómo incorporar esa oposición formal dentro del conjunto de acciones que cada día con mayor rigor planteará en los próximos días y semanas la comunidad internacional.

 

   El caos como destino nacional

   La primera dificultad para adentrarse en este laberinto del quiero pero no puedo paralelo del régimen y la oposición más tristemente convencional, es la insólita relación que hasta este momento tiene un gobierno que más allá de las ideologías ha demostrado hasta la saciedad su incapacidad para gobernar y una oposición que a su vez ha demostrado, a lo largo de los últimos en 15 años la más inexplicable incompetencia tanto para conducir al pueblo opositor en la dirección apropiada como para explotar sus grandes victorias políticas, como lo fueron el triunfo electoral de diciembre de 2015 y la impactante rebelión civil de abril, mayo, junio y julio de 2017. Y ahora, porque frente a un régimen obligado por las adversas circunstancias de la crisis, ni siquiera parece ser capaz de analizar el sentido terminal de las decisiones adoptadas por el régimen, tal como sí hacen, sistemática y acertadamente, la comunidad internacional y la prensa democrática del mundo. En segundo lugar, porque los efectos desoladores de lo que con toda razón el diario español califica de “inconcebible miseria”, que ha convertido a Venezuela en un país de desplazados que buscan en las fronteras del país con Colombia y Brasil la única salida posible a su desesperada situación de abandono político y penuria material, sólo han impulsado a esa oposición a implorar retóricamente, y nada más, por la apertura de un canal humanitario de ayuda internacional.

   Lo cierto es que el desenlace de este drama latinoamericano hay que buscarlo bastante más allá de estas y otras denuncias parecidas, necesarias por supuesto para crear un clima propicio para el cambio, pero desde todo punto de vista insuficientes para provocar un cambio profundo y urgente de las condiciones políticas que trazan las coordenadas de este punto agobiante del proceso político venezolano y de la crisis general. Es decir, la urgente necesidad de encontrar la manera de actuar no sobre la ilusión de los deseos y las buenas intenciones, sino sobre la realidad material en busca de condiciones políticas concretas, no simples condiciones electorales, metas por otra parte imposibles de alcanzar mientras no haya primero un cambio de régimen. Esta contradicción entre las ilusiones de unos y las expectativas reales de otros exigen, para dejar atrás todas las ficciones y figuraciones, la opción de darle un giro de 180 grados al sistema político impuesto por el proyecto chavista de dominación.

 

   Precisamente esta doble negativa, la del régimen, enfrascado en la tarea de ignorar la situación real del país, y la de la oposición, enfrascada a su vez en mirar en otra dirección para no abandonar el infeliz consuelo de cohabitar con el régimen, ha conducido a Venezuela a su absurda colocación en que se encuentra hoy, a un solo paso de hundirse en el lodazal de un caos total, con todo lo que el colapso político, económico y social acarrearía, para Venezuela y para la comunidad internacional. Ese caos total como destino que define las dificultades de la encrucijada actual del proceso político venezolano que por mucho que lo deseemos, ningún golpe de dados, ¡ah, Mallarmé!, producirá el prodigio de superar así como así, al azar o gracias al Espíritu Santo. A fin de cuentas, este empeño del régimen por huir hacia delante y de un sector de la oposición por hacer como que hacen pero sin hacer nada, es la perversa trampa que se diseña desde hace años en La Habana con la finalidad de que a pesar de todos los pesares nada cambie en Venezuela y todo siga implacable y duramente igual.