Armando Durán / Laberintos: La guerra del pan y otras calamidades


 

 

   Venezuela, seguida por Cuba y Haití, según el informe 18 de la Consultora Internacional MERCE, es el tercer país con menos calidad de vida en América Latina. En cuanto a ciudades del mundo con mayor grado de inseguridad personal Caracas es sólo superada en el mundo por Bagdad. Si a eso le añadimos el hecho político de que el gobierno de Nicolás Maduro “viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana”, según advierte Luis Almagro, secretario general de la OEA, en su nuevo informe sobre el desempeño del régimen chavista que le presentó el pasado martes a la opinión pública internacional, debemos concluir que la patria de Simón Bolívar sufre la peor crisis humanitaria de su historia republicana.

   Dos imágenes resumen la magnitud de esta suma de calamidades. Una la conforman las numerosas fotografías y videos que muestran a venezolanos venezolanas de todas las edades, incluyendo a soldados de uniforme, escarbando en las bolsas de basura a ver si en esos restos encuentran algo que pueda frenar el hambre desesperada que padecen millones de venezolanos. La otra son las colas interminables que hacen los caraqueños a las puertas de las 709 panaderías de su ciudad para comprar dos barras de pan tipo baguette, pero de apenas 30 centímetros de longitud y pésima calidad de miga y de corteza. No son las dos expresiones más cabales de una guerra atribuida por el régimen al imperio contra esta supuesta revolución socialista, que no es revolución ni socialista, sino de la guerra emprendida por el régimen contra el pueblo en general con el único propósito de mantenerse en el poder porque me da la gana.

   La mentirosa reacción oficial frente a estas dos calamidades que nada tienen que ver con el envidiable pasado de Venezuela son las de siempre. Ese hurgar en las bolsas de basura es simple y canalla manipulación mediática por parte de la contrarrevolución. Y como no pueden ocultar la realidad de las colas porque están allí, a la vista de todos, la respuesta oficial es la represión. “Las panaderías que tengan colas”, sentenció el lunes el portavoz del gobierno en materia de alimentación, “deben ser sancionadas, porque eso es un maltrato al pueblo.” Para ello anunció que a partir de ahora cada panadería recibirá del gobierno, el único organismo autorizado para importar, moler y distribuir harina de trigo en Venezuela, 300 sacos de harina de trigo por mes, de los cuales tendrán que destinar el 90 por ciento a hacer pan y venderlo, dos unidades por persona, a precio regulado, y solo el 10 por ciento restante lo podrán emplear para hornear pasteles y dulces, productos con precios no regulados que generan un beneficio económico que les permite producir pan con precio de venta por debajo del costo de producción. Por otra parte, queda prohibido tanto prestar como tomar prestado sacos de harina entre panaderías.

   El resultado de estos combates retóricos contra la inflación galopante y la escasez invencible de alimentos también está a la vista. La cada día más visible pérdida de peso de la población adulta de Venezuela, la muerte de niños menores de dos años por desnutrición, el saqueo sistemático de camiones que transportan alimentos y el desarrollo de un comercio de alimentos en un mercado negro que le facilita a quienes puedan pagar 10 y 15 veces más del precio de venta al público (PVP) fijado a esos productos por los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Un dato que garantiza el desarrollo de una desigualdad social que ciertamente no existía en Venezuela ni por asomo: una minoría de ciudadanos puede estos días alimentarse sin otro contratiempo que la búsqueda de alimentos en el mercado paralelo, y una mayoría que cada vez depende más de las sobras que buscan en las bolsas de la basura y del lamentable hábito de hacer una sola y muy limitada comida al día.

    Si a esto le añadimos la escasez sin remedio de medicamentos, particularmente dramática cuando se trata de tratamientos para enfermedades graves como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, la depresión o los problemas renales, debemos reconocer que Venezuela se encuentra en una situación límite, sólo superable si Venezuela permitiera la intervención de canales internacionales de ayuda humanitaria que el gobierno, a pesar de las exigencias del Vaticano, que la incluye en una lista de cuatro exigencias para que sus representantes vuelvan a sentarse a una mesa de diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición venezolana.

   Precisamente este martes, en su informe de 75 páginas sobre la situación actual de Venezuela, Almagro, junto a sus exigencias de “liberación de presos políticos, elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y el restablecimiento de poderes y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional”, insiste en la necesidad de que el régimen venezolano abra de una vez por todas esos canales de ayuda humanitaria. Si no se satisfacen estos requerimientos y si no se realizan elecciones generales a la mayor brevedad, Almagro plantea la necesidad de suspender a Venezuela como miembro de la OEA, una decisión que a finales del año pasado adoptaron los gobiernos miembros del MERCOSUR por unanimidad.

   De este modo, mientras Venezuela se precipita inexorablemente hacia la nada, la oposición más conciliadora, que controla el funcionamiento y las decisiones de la MUD, ha acordado celebrar elecciones primarias para escoger sus candidatos a gobernadores y alcaldes que se presentarán a las elecciones regionales que debieron celebrarse a finales del año pasado, que la MUD espera se celebren este año y que el régimen ha dicho y repetido hasta la saciedad que no las habrá. Para que nadie en su sano juicio vaya a equivocarse.