Grupo Avila: Balance de la Política Exterior venezolana durante el año 2015


imagesLa política exterior adelantada por el gobierno de Nicolás Maduro se concentró en promover un liderazgo personalista, con base en el carisma de Hugo Chávez, ingresos petroleros abundantes y la difusión de un proyecto político-ideológico autoritario, anticapitalista y anti occidental.

En 2015, con Maduro como presidente y heredero designado de Hugo Chávez, se evidenció que aquellos elementos fundacionales se han agotado: el líder carismático desapareció físicamente, el financiamiento se ha desvanecido por causa de la caída de los precios petroleros, del despilfarro populista y de una colosal corrupción. El proyecto político ha resultado un fiasco social y económico cargado de serias incongruencias y contradicciones en la práctica. El año culmina con un rotundo rechazo popular al régimen en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, presenciado y constatado por la opinión pública y la comunidad internacional.

El descalabro nacional tuvo su contraparte internacional. Nunca antes el activismo internacional del gobierno había obtenido tan magros resultados. El año 2015 fue de una creciente y notoria pérdida de influencia del régimen en la escena internacional, resultado no sólo de su reducida capacidad de comprar voluntades y de las numerosas polémicas promovidas por el gobierno Maduro hasta con gobiernos afines ideológicamente, considerados “aliados estratégicos”, sino también de cambios en el entorno regional e internacional. Los nuevos tiempos provocaron un alejamiento y nuevas prioridades en los antiguos socios y beneficiarios del dispendio bolivariano. El “anillo de protección” que el oficialismo logró construir a lo largo de los últimos 17 años en el plano internacional se fue agrietando de manera notoria.

Así, fue evidente el distanciamiento pragmático de las naciones del Caribe en la búsqueda de nuevos benefactores al norte del hemisferio y en solidaridad mutua frente a la polémica territorial con la República Cooperativa de Guyana. O la duplicidad del régimen de La Habana, buscando arreglar diferencias con sus enemigos históricos mientras continuaba explotando económicamente su notoria influencia política sobre la orientación y destinos de Venezuela. Incluso Brasil, el principal “aliado estratégico” del gobierno, varió el tono de su discurso con respecto a los acontecimientos políticos en nuestro país, y, como pocas veces, planteó críticas ante al comportamiento antidemocrático del gobierno de Maduro, las violaciones a los derechos humanos y la necesidad de un diálogo con la oposición venezolana.

Otros gobiernos y organismos internacionales – salvo honorables excepciones-, por años renuentes a denunciar la deriva totalitaria del régimen, cuestionaron abiertamente las políticas y acciones adelantadas por Maduro, especialmente en materia de los derechos humanos, vigencia del Estado de derecho y comportamiento democrático. En ese mismo orden, varios ex jefes de estado iberoamericanos llamaron la atención a las alteraciones del orden constitucional que aquí ocurren. La aplicación a Venezuela de la Cláusula Democrática prevista en la Carta Democrática Interamericana y los Protocolos de Mercosur de defensa a la democracia llegaron a ser públicamente debatidos en el ámbito regional.

Pero no sólo el estado de la democracia y los derechos humanos en Venezuela concitaron la prudencia en las relaciones de otros gobiernos y debilitaron la defensa de la soberanía nacional. Fue el caso de la militarización y cierre unilateral de la frontera con Colombia y la creación de zonas de excepción. El ataque indiscriminado contra la tradición de integración fronteriza con Colombia con la irracionalidad de la aplicación de dichas medidas no ha resuelto ninguno de los graves problemas que afectan la vida en la frontera: el contrabando, el narcotráfico, la existencia de grupos irregulares, fuerzas terroristas y paramilitares, y la corrupción entre otros; por el contrario, los ha agravado y ha generado nuevos al deprimir significativamente la dinámica actividad económica y comercial de la frontera.

El consecuente colapso de la economía de frontera y las transgresiones al derecho humanitario internacional causaron alarma y reprobación a nivel regional y mundial. La debilidad institucional de la Cancillería venezolana y la improvisación en el manejo del reclamo de soberanía sobre el Esequibo fue vista como una ocasión por el gobierno de Guyana para provocar una crisis bilateral, desafiar la solidez del Acuerdo de Ginebra y descarrilar el proceso de buenos oficios del Secretario General de la ONU. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a un grupo de altos funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, así como los procesos de investigación abiertos en dicho país por presuntas vinculaciones de altos personeros con el narcotráfico y lavado de dinero, tuvieron impacto negativo adicional sobre la percepción que la comunidad internacional tiene del gobierno de Venezuela.

La caída del ingreso petrolero de Venezuela y la imposibilidad de revertir esta realidad, tuvo también en 2015 amplias repercusiones sobre la soberanía nacional y las relaciones internacionales de la República. La práctica de hipotecar el país para financiar, no el desarrollo de la Nación sino el proyecto político del régimen, alcanzó características y magnitudes alarmantes con el endeudamiento con la República Popular China. Las entregas de crudo derivadas de esta deuda han minado gravemente la independencia económica de Venezuela y, combinadas con la entrega territorial que son las concesiones repartidas a aliados del régimen en la Faja del Orinoco, han vuelto a convertir su principal industria en la propiedad de facto de naciones extranjeras. Nunca en los tiempos modernos Venezuela ha estado tan débil ni tan penetrada por intereses foráneos como al cierre de 2015.

Las elecciones legislativas del 6 de diciembre fueron un punto de inflexión para la comunidad internacional que, alarmada por la situación de Venezuela, volcó su atención en el seguimiento a este proceso. Más de 100 invitados internacionales presenciaron en Caracas estos comicios y muchas organizaciones advirtieron sobre el desequilibro con el cual se desarrollaron los comicios.

Como pocas veces, la comunidad internacional siguió cuidadosamente esta campaña electoral. Los llamados formulados por el liderazgo opositor en el sentido de contar con una observación internacional independiente, calificada y con protocolos de actuación reconocidos, fue respaldada por incontables declaraciones del exterior que incluyó una reacción sin precedentes del Secretario General de la OEA, quien en una extensa comunicación dirigida al Consejo Nacional Electoral, se refirió a la ausencia de garantías en el proceso electoral al tiempo que advirtió sobre los notorios desequilibrios e inequidades que impiden que el proceso sea libre, transparente y confiable.

Al cierre de 2015, los resultados de las elecciones legislativas no sólo cuestionan el modelo chavista en su vertiente interna sino que ponen en entredicho sus principios y metas a nivel internacional.

El discurso oficialista pretendía fortalecer el papel los grupos políticos de base, la diplomacia de los pueblos, la democracia participativa, el multipolarismo, el comercio de los pueblos, la visión anti sistema y el cuestionamiento a los liderazgos hegemónicos como los Estados Unidos. Como expresiones concretas del discurso rupturista encontramos: la ALBA, la Continental Bolivariana, y el apoyo petrolero de organizaciones como Petrocaribe.

En la práctica toda esta plataforma, plasmada como una de las vertientes del llamado Plan de la Patria adoptado por Hugo Chávez y retomada como línea de política exterior por el gobierno de Nicolás Maduro, además de ajena a los intereses nacionales de Venezuela, ha resultado en un dispendio irracional de recursos imposible de mantener y en un creciente marginamiento de Venezuela de los grandes cambios en que la comunidad internacional está embarcada, tanto en el plano político, económico, humanitario y ambiental.

El “multipolarismo”, idea que pretendía jugar un papel central en el proyecto bolivariano en su intento por fomentar un orden internacional alternativo, enfocado, entre otras metas, en la promoción de los liderazgos emergentes de las potencias intermedias de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); en el lanzamiento de nuevos esquemas multilaterales y de integración como la ALBA; y en la promoción de movimientos críticos anti sistema como el Foro Social, demostró tener poca sustentación.

Por otra parte la actuación en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente a la largo del 2015, se limitó a tratar de frenar los avances de la comunidad internacional hacia un mundo más interdependiente y más corresponsable, más comprometido con la defensa activa de los valores que la ONU representa, haciéndose a menudo portavoz de los intereses de regímenes no democráticos y violadores de derechos humanos bajo el justificativo de la no injerencia en asuntos internos. El “multipolarismo” ha sido así simplemente una excusa para fomentar barreras en la lucha contra las aberraciones cometidas en el mundo contra los derechos humanos y la progresión de los valores democráticos.

El discurso de la “democracia participativa” y de “la diplomacia de los pueblos”, fundamentó acciones como las Casas del ALBA o la Continental Bolivariana, que generaron serias las dudas a los gobiernos de la región, frente al posible intervencionismo en los asuntos internos de los países vecinos.

El uso recurrente de la diplomacia de los pueblos en el discurso oficial como otro elemento determinante de la política exterior, ha resultado contradictorio en la medida que se ha presentado tanto una marcada tendencia militarista, tanto por la carrera armamentista, como por el papel protagónico de las fuerzas armadas en la conducción de la política; como, al progresivo deterioro en el respeto de los derechos humanos.

Los derechos humanos representan uno de los temas más contradictorios de la política exterior del gobierno. El discurso oficial pregona participación, inclusión, felicidad y, en la práctica nos encontramos con un sistema que violenta los derechos humanos en sus diversas manifestaciones, con la polarización, la exclusión, la criminalización de la protesta, la persecución de la disidencia, el cerco a la libertad de expresión, la censura, las detenciones arbitrarias, la tortura física y psicológica.

El largo inventario de violaciones de los derechos humanos constituye uno de los temas que enciende las alarmas contra el gobierno de Venezuela y ha sido objeto de denuncia por las diversas instituciones que velan por el cumplimiento de esta normativa; al respecto, cabe destacar las denuncias del sistema de Naciones Unidas, en especial en el Examen Periódico Universal y las continuas críticas del sistema interamericano de defensa de los derechos humanos, en especial de la Comisión Interamericana y del Tribunal Interamericano de los derechos humanos.

Otra de las áreas de la política exterior donde han reinado las contradicciones y los errores son las fronteras terrestres y marítimas de la República. En el 2015, después de, por lo menos, 11 años de abandono de la reclamación y de la defensa de nuestros derechos en la fachada atlántica del Delta del Orinoco, el Gobierno Maduro invirtió el rumbo y puso el tema del Esequibo en el primer plano de la agenda del Gobierno. El cambio de política tuvo como objetivos evidentes: Tratar de recuperar puntos en el apoyo popular en vista de las elecciones parlamentarias, manipulando el mensaje nacionalista. Distraer la atención del desastre socioeconómico. Poner en dificultad a la oposición exigiéndole unidad nacional frente a la supuesta agresión de la Exxon, el Imperio y sus “títeres” guyaneses. Calmar y distraer al sector de la FAN preocupado por la reclamación y la defensa de la fachada atlántica.

En la actualidad y según el Acuerdo de Ginebra de 1966, el Secretario General de la ONU, debe decidir si mantener el procedimiento de buenos oficios, como lo solicita Venezuela, o escoger algún otro de los mecanismos de solución pacífica de controversias previstos en el art.33 de la Carta de la ONU, como lo reclama Guyana.

Ante este delicado tema, el Grupo Ávila es de la opinión que el gobierno debería nombrar, con urgencia, un negociador-facilitador por Venezuela a tiempo completo, asistido por un equipo de funcionarios y apoyado por una comisión de expertos; reafirmar públicamente que la salida libre al Atlántico no es negociable, reclamar enérgicamente cualquier violación del statu-quo en el territorio esequibo y en su zona de proyección marítima, mantener el patrullaje tradicional de la Armada en nuestra fachada atlántica; buscar un gran consenso nacional, a través de la consulta y el diálogo con los diversos actores nacionales, para explorar los caminos más convenientes para avanzar en nuestra reclamación; y defender internacionalmente la justicia de nuestra reclamación, nada de lo cual fue cumplido con propiedad y continuidad en el 2015.

Paradójicamente, el manoseado argumento de la defensa de la soberanía contra supuestas amenazas externas, principalmente del “imperio” y sus aliados, fue un reiterado manejo propagandístico del gobierno. En realidad, en este año, hay sobradas razones para calificar de negligente las actuaciones internacionales del gobierno en esta materia. Citemos tan sólo dos ejemplos: la dependencia económica ante China y la dominación e influencia de Cuba. Con respecto al primero ya hemos señalado en párrafos anteriores la peligrosa dependencia financiera; y en cuanto a lo segundo ya no sólo se trata de la afinidad ideológica con La Habana sino la entrega del control de sectores sensibles en materia de defensa y seguridad. Por último, y no menos importante, está el caso ya comentado de Guyana, país al cual con negligencia manifiesta se le ha permitido desconocer las bases jurídicas del proceso seguido hasta la fecha y llevar adelante el otorgamiento de concesiones de exploración a un consorcio petrolero chino-estadounidense, no sólo en áreas submarinas de la zona en reclamación, sino hasta en la fachada atlántica del Delta del Orinoco, incuestionablemente venezolano.

Con tales antecedentes, mal puede un gobierno calificarse de defensor de la soberanía nacional.

Otro de los temas donde se aprecian las contradicciones de la política exterior bolivariana tiene que ver con la inserción en la economía mundial y, en particular en los temas del comercio y la integración económica. En el discurso inicial el proceso bolivariano pregonaba la integración regional como una bandera fundamental, pero con una dura crítica al libre comercio y la integración comercial que se había desarrollado en la región desde la década de los sesenta. En el nivel discursivo propone, sin mayores precisiones, el comercio de los pueblos y la nueva integración satanizando el libre intercambio y sin valorar sus bondades en la generación de empleos, inversiones y bienestar social.

Como resultado del falso discurso en la práctica se dispuso el retiro de la Comunidad Andina y del Grupo de los Tres y la incorporación como miembro pleno del Mercosur, sin promover las transformaciones necesarias para lograr mayor equidad y participación en el comercio internacional. Entre las contradicciones se aprecia que la dura crítica al libre comercio y a la integración comercial, no considera sus beneficios en estímulos a la producción y la productividad, diversificación e incremento de las exportaciones, generación de empleo y del bienestar social.

Es cierto que en la dinámica de la integración económica se requiere de importantes ajustes que permitan una mayor participación de los diversos sectores y la consolidación de mecanismos que permitan garantizar mayor equidad para los sectores más débiles, pero la crítica desproporcionada sin la reingeniería de las instituciones ni la generación de nuevas alternativas más eficientes, termina en un discurso vacío que se agota en el tiempo. Por otra parte, debemos destacar la incoherencia de la crítica que cuestiona el libre comercio de las zonas de libre comercio en los esquemas de integración económica, pero, en la práctica los países miembros de la ALBA han utilizado el libre comercio cambiando su nombre por el comercio de los pueblos sin establecer los mecanismos jurídicos que sirvan de equilibrio y equidad como las normas de origen, las salvaguardias comerciales y la solución de controversias.

La incorporación en el Mercosur amerita una reflexión aparte por las serias contradicciones que el gobierno muestra al concretar el ingreso. Éste obedeció a razones fundamentalmente político-ideológicas, y a que en ese bloque comercial predominaban gobiernos afines. La contradicción señalada se evidencia palmariamente entre las normativas suscritas de libre comercio, apertura de mercado y respeto de los derechos humanos vigentes en el Mercosur, y la posición ideológica del gobierno venezolano actual, contraria a tales principios.

No obstante, aquel ambiente de “cohesión ideológica” se deteriora con la salida del Presidente Lugo en Paraguay, el debilitamiento del partido de los trabajadores en Brasil, la prudencia política del Presidente Tabaré Vázquez en Uruguay, y el triunfo del Presidente Mauricio Macri en Argentina que conlleva el final de la hegemonía de los Kirchner.

Con un Mercosur tratando de retomar sus bases técnicas, económicas y comerciales vigentes en sus acuerdos fundacionales, las contradicciones con el Mercosur se incrementan, lo cual pudiera llevar al gobierno venezolano a un eventual retiro del bloque.

En el tema ecológico también podemos apreciar las contradicciones de la política exterior bolivariana. En sus inicios la ecología se presenta como uno de los temas banderas del proceso, el falso discurso de presentar a la revolución como la antítesis del consumismo capitalista, o el nuevo paradigma de la transformación ecológica; empero, en la práctica la realidad, como en todos los países autoritarios es bien distante del discurso. El poder pretende controlar toda la economía y lo ecológico no constituye tema de atención. En esta tendencia se inscribe la eliminación del Ministerio del Ambiente, el creciente desinterés por cualquier restricción ecológica para el desarrollo de sus planes de control y dominación económica, y el bajísimo nivel de actuación de Venezuela en la Cumbre de París sobre el cambio climático.  

Por otra parte, hay que destacar que el factor humano responsable de hacer y promover todo lo concerniente a la política exterior del país es causa fundamental del descalabro aquí descrito.

Sistemáticamente se ha ido desmantelando, y por ende desprofesionalizando, todo el equipo principal de funcionarios responsables de nuestra Cancillería. En lugar de planificar y ejecutar una Política Exterior de Estado, cada vez más se ha hecho una Política Exterior del Gobierno de turno, y peor aún, del Partido en el poder. Para ello fue necesario deshacerse paulatinamente de más de 300 calificados diplomáticos, en su mayoría egresados de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, los cuales han sido sustituidos generalmente por personas ideológicamente identificadas con el actual régimen, pero con baja calificación profesional y técnica en la materia internacional.

A ello se agregan otros factores negativos: el nepotismo, la creciente militarización del personal del Servicio Exterior y el trato displicente al Cuerpo Diplomático acreditado en el país.

Importantes logros del pasado, en especial los Concursos de Oposición para el ingreso de profesionales bien formados, han sido eliminados, y la Academia Diplomática Pedro Gual es utilizada cada vez más con fines ideológicos, desdeñando así los intereses reales del país.

La Ley del año 1962 que regulaba al Servicio Exterior fue derogada en 2001 y luego de varios cambios se estableció que absolutamente todos los funcionarios diplomáticos de la Cancillería sean de libre nombramiento y remoción, desapareciendo de hecho la carrera diplomática.

Finalmente, el trato displicente y descortés para con casi todas las Embajadas extranjeras acreditadas el país, ha sido una de las causas de que muchos países hayan decidido cerrar sus sedes en el país.

Ante tantos desarrollos contrarios al interés de la nación que se evidenciaron a lo largo del 2015, resulta fundamental una profunda revisión de la política exterior para lograr una política de estado con la participación de la sociedad sin discriminaciones y para el beneficio de todos. La vertiente internacional del mal llamado Plan de la Patria evidencia como pocas el desvarío integral que compromete la integridad, el desarrollo y la seguridad de la República.

GRUPO AVILA

Caracas, enero 2016