Juan José Monsant/Una Bitácora Centroamericana (IV): Combatiendo un flagelo


 

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         Uno de los grandes flagelos instaurados en la región centroamericana, desde el mismo momento de su independencia de España (1821) y luego de México, ha sido lo que hoy se conoce como la corrupción administrativa; esto es, la utilización del poder público como un medio de enriquecimiento personal y para la parcela del tejido social del cual se accede.

         Es obvio que esta tentación de concebir el erario nacional como propio, o sin control administrativo, garantizado por la impunidad, obedece a un comportamiento ético y moral muy propio de la herencia recibida de la península europea. No olvidemos que el estrato social que asume el poder una vez lograda la independencia de España, fue el mismo que forjó la lucha independentista: los indianos (como se les decía), españoles nacidos en el Nuevo mundo. Hay teóricos sociales que atribuyen esta permisividad moral y social al origen católico de los conquistadores y colonizadores, que contrasta con la anglosajona, más influenciada por las exigencias morales del calvinismo de la época. Cualquiera que fuere su origen, ya desde el propio descubrimiento, no se puede pasar por alto que el propio Cristóbal Colón y su hijo Diego, posterior Gobernador General de La Española fueron objeto de investigación (desde el mismo 1.499) por retener “presuntamente” más del diezmo prometido de las riquezas halladas en Las Indias.

         Tampoco escapa al flagelo de la corrupción y la impunidad el resto de la América española, más ahora en tiempos del Socialismo del siglo XXI, cuyos estragos devastadores llegan hasta la misma compañía aérea LaMia, que trasportaba desde Bolivia a Medellín el equipo Chapecoense de Brasil, que debía enfrentar la eliminatoria de la Copa Sudamericana de fútbol en esa ciudad colombiana, dejando un saldo de 71 fallecidos, y la casi totalidad de los jugadores, luego del fatal accidente.

            Pero de lo que trata esta nota es de las reacciones generadas desde el seno de las mismas sociedades centroamericanas para combatir y erradicar ese flagelo y, más importante, el de la impunidad ante el delito cometido; lo que pareciere dirigirse hacia una modalidad inédita en la región, en capacidad de transformar las misma caducas estructuras del Estado y la sociedad.

         Al margen de propósitos, buenas intenciones y resoluciones que no llegaron nunca a buen fin en todos y cada uno de los países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica, en el año de 2006 una Guatemala, acosada por la corrupción, los crímenes de estado, la delincuencia, la impunidad y la ingobernabilidad, estaba amenazaba de convertirse en un Estado Fallido. Fue durante la administración del presidente Jorge Berger, desbordado por la impunidad estructurada en el seno de las instituciones del Estado que se pudo crear un instrumento jurídico supranacional, inédito en el Derecho Internacional Público, con las Naciones Unidas. Es así que el 12 de diciembre de 2006 se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que, luego de la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, el Acuerdo fue sometido al Congreso y aprobado el primero de agosto del 2007.

          La CICIG es un órgano internacional, independiente, cuya finalidad es apoyar y coadyuvar al Ministerio Público (Fiscalía General del Estado), organismos policiales y demás instituciones del estado en la investigación y persecución de los delitos cometidos por cuerpos de seguridad o cualquier otro delito que atente contra el orden legal establecido.

        Desde su creación ha tenido casos muy sonados que han conmovido la estructura del estado y la opinión pública nacional e internacional relacionados crímenes de lesa humanidad, seguidos con investigaciones y condenas de casos de corrupción; el último, quizá el más conocido, es el de “La Línea” una estructura de contrabando, presiones, lavado de dinero y extorsiones organizadas desde el gobierno que comprometió a la vicepresidenta Roxana Baldetti, y llegó hasta el propio presidente Otto Pérez Molina; hoy enjuiciados y encarcelados junto a banqueros, políticos y empresarios a la espera de la sentencia. Incluso, en los actuales momentos se encuentran bajo investigación por presunto tráfico de influencia, un hermano y un hijo del actual presidente Jimmy Morales.

         La CICIG no tiene jurisdicción legal para actuar por su cuenta; como ente internacional ad hoc lo hace a través del Ministerio Público, son los fiscales del Estado quienes llevan los casos detectados e investigados por el organismo, actualmente dirigido por el prestigioso jurista colombiano Iván Velásquez Moreno, cuyo mandato se inició en el 2013 que, y fuere renovado en el 2015 hasta el 2017, a pedido del mismo presidente ahora en la cárcel.

      En base a esta experiencia otro país de la región, Honduras, se unió a esta tendencia regulatoria de la impunidad ante la debilidad de las instituciones estatales. A principios del 2015 el presidente Juan Orlando Hernández solicitó formalmente al Secretario General de la OEA Luis Almagro, la colaboración del Organismo para la lucha contra la corrupción e impunidad en su país. Solicitud que culminó con la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCHI) el pasado 19 de enero de 2016. Sus funciones son amplias, de observación, asesoría y proposición de leyes, controles y modificaciones estructurales del sistema judicial, así como de los organismos de seguridad del Estado que permitan una mayor prevención y control del delito contra la cosa pública.

         Pareciera una tendencia que intenta abrirse paso en la región con el fin de dejar atrás el estigma de la impunidad; un intento serio exigido por la sociedad civil a sus políticos y gobernantes, ante el derrumbamiento de las instituciones públicas y la fe en el sistema democrático como modelo de vida societaria. No obstante, se observa en algunos países de la región serias reservas de compartir con instituciones internacionales de Derecho Público, como la ONU o OEA, la seguridad del Estado, o la administración de justicia, al considerar que viola la soberanía nacional. Es el caso de Nicaragua y El Salvador.

        El tema de la soberanía merece una reflexión aparte, pero adelantamos que ni la CICIG ni la CICIH que actúan en Guatemala u Honduras lo hacen por sobre sus instituciones o son paralelas a ellas. Su función, hasta el presente con resultados positivos concretos, se limita a la investigación, asesoría y colaboración estrecha con los órganos judiciales y policiales, normalmente a través del Ministerio Público. Por lo que más bien las reservas parecieren estar orientadas hacia el mantenimiento del “status quo” que permite la supervivencia de las élites del poder. Sin embargo, es oportuno adelantar que, en El Salvador, dada la presión social ante la abundancia de casos de corrupción administrativa detectados, el Ministerio Público ha abierto expediente y ordenado la detención del anterior Fiscal General, y de los últimos tres expresidentes: Francisco Flores, Tony Casas y Mauricio Funes. Los dos primeros gobernantes de Arena, y el último del FMLN. Flores falleció el año pasado teniendo prisión domiciliaria; Casas, con alguno de sus estrechos colaboradores se encuentran en prisión preventiva, y Funes optó por asilarse en Nicaragua.