Los derechos humanos que faltan en Cuba


Nada garantiza que el ser humano pueda disfrutar de unos adecuados servicios si no se puede cuestionar a las autoridades sobre el cumplimiento de sus obligaciones

Hasta hace pocos años el concepto “derechos humanos” era mal visto por el oficialismo cubano. La sola mención de estas dos palabras juntas etiquetaba automáticamente a un ciudadano en el bando opositor y no faltaban los actos de repudio contra disidentes en los que se gritaban consignas al estilo de “¡Abajo los derechos humanos!”.

Con el tiempo, el Gobierno de la Isla comprendió que era mejor –y menos escandaloso– absorber no solo el lenguaje alusivo a este concepto sino también las conmemoraciones alrededor del 10 de diciembre, día en que se celebra la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En la última década las autoridades han llenado los medios oficiales y las plazas del país de consignas alusivas a todos los derechos de los que presuntamente disfrutan los nacionales. En esas avalanchas de beneficios siempre se eligen los colectivos, mientras quedan relegados los individuales.

Durante esta jornada, la Plaza de la Revolución ensalza el derecho a la educación y a la salud pública, mientras evita hacer referencia al resto de las condiciones que deben rodear la existencia humana como la libertad de expresión o de conciencia, la posibilidad de elegir sin restricciones un credo o la autonomía a la hora de asociarse.

La Plaza de la Revolución ensalza el derecho a la educación y a la salud pública, mientras evita hacer referencia al resto de las condiciones que deben rodear la existencia humana

A la par que mantiene el cerco contra los activistas y los opositores para que no se manifiesten durante este día, el Gobierno de Raúl Castro acapara los titulares de los medios nacionales con manifestaciones orquestadas para mostrar una fuerte adhesión a su política. Intenta secuestrar la fecha.

Sin embargo, la aparente dicotomía que coloca al ciudadano en el dilema de tener que renunciar a una buena parte de sus derechos individuales para poder disfrutar de los colectivos solo resulta del chantaje al que los gobernantes someten a sus gobernados con el propósito de perpetuarse en el poder.

Nada garantiza que el ser humano pueda disfrutar de unos adecuados servicios de salud pública, una educación de calidad o una satisfactoria y sostenible seguridad social si no se puede cuestionar a las autoridades sobre el cumplimiento de sus obligaciones, si cada individuo no tiene el derecho a protestar.