¿Qué propuestas discutieron el gobierno y la oposición en República Dominicana?


El gobierno y la oposición discutieron al menos tres propuestas en República Dominicana:

  1. Una presentada por los cancilleres en diciembre de 2017.
  2. Un documento promovido por el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
  3. El último intento de acuerdo discutido la noche del martes 6 de febrero.

¿Cuál era la propuesta de los cancilleres?

La propuesta inicial de los cancilleres se remonta al 2 de diciembre de 2017. El ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, mostró una parte de esa propuesta en una rueda de prensa. Tres puntos básicos la dominaban:

En el caso de las sanciones contra Venezuela se acordaba crear una comisión mixta que iniciaría gestiones ante la comunidad internacional para que fuesen revisadas y suprimidas.

En el tema de las elecciones se proponía realizar los comicios en el segundo semestre de 2018. Para lograr estos comicios se proponía la integración de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) con cinco rectores, dos nombrados por el gobierno, dos por la oposición y uno de común acuerdo. Este nuevo organismo comicial convocaría las elecciones con al menos seis meses de anticipación.

Esta propuesta hacía énfasis en garantizar el voto de los venezolanos en el exterior y a flexibilizar los procesos de inscripción en el Registro Electoral (RE), para permitir que los ciudadanos se inscribieran con solo presentar su cédula de identidad, aunque estuviese vencida.

La propuesta comprometía al gobierno y al CNE a evitar que el Plan República interfiriera con el trabajo en las mesas de votación.

Para garantizar la normalización institucional se proponía levantar el desacato a la Asamblea Nacional, al resolver la impugnación a la elección de los diputados de Amazonas.

Los cancilleres proponían crear una comisión de enlace entre la Asamblea Nacional (con poderes restablecidos) y la Asamblea Nacional Constituyente para “negociar un acuerdo político que precise el mandato y la temporalidad de la ANC”.

Adicionalmente se pactaba crear un Grupo Económico y Social que debía trabajar para garantizar el acceso a medicinas y comida a través de las “diversas vías existentes, supresión de los bloqueos financieros y obtención de líneas de financiamiento”.

Se creaba una Comisión de la Verdad, integrada por tres representantes del gobierno y tres de la oposición, limitada a 4 meses de funcionamiento. El Gobierno se comprometía a instar a las autoridades competentes para lograr “liberaciones inmediatas en aras de la convivencia y reconciliación”.

En esta propuesta no estaba definida la forma de hacerle seguimiento a los acuerdos.

¿Qué proponía Rodríguez Zapatero?

La falta de acuerdo sobre el documento de los cancilleres dio pie a la discusión de la propuesta de acuerdo presentada por el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Los seis puntos básicos de esta propuesta eran:

  1. En cuanto a la soberanía y las sanciones indicaba que el gobierno y la oposición acordaban “trabajar conjuntamente” para que se revisaran y suprimieran “las sanciones unilaterales contra el país, que bloquean capacidades financieras para atender necesidades básicas del pueblo venezolano”. En este sentido la principal propuesta giraba en torno a la creación de una comisión bilateral “para las oportunas gestiones en la comunidad internacional”.
  2. El segundo punto estaba referido a las elecciones. Aunque el acuerdo no incluía la fecha de los comicios, la propuesta sugería que debían designarse dos rectoras para sustituir a Tania D’ Amelio y Socorro Hernández, el método de selección sería el acuerdo entre las partes. En relación con la observación internacional, la propuesta se limitaba a indicar que la partes solicitarían al Secretario General de las Naciones Unidas conformar “una delegación de acompañamiento y observación electoral”. Se acordaba reinstaurar los centros de votación cerrados en 2017, sortear a los miembros de mesa, y fijar un período mínimo de actualización del RE entre el 8 y 15 de febrero. Este  acuerdo comprometía al CNE a realizar las auditorías ejecutadas para los comicios presidenciales de 2012 y la elección parlamentaria de 2015.
  3. La conformación de una comisión política entre la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente que garantizara la coexistencia institucional.
  4. En relación con la situación económica y social, el acuerdo propuesto sugería la creación de una comisión que analizara y presentara propuestas “constructivas para abordar la situación económica de Venezuela”. Esta comisión debía trabajar por la “supresión de los bloqueos financieros y la obtención de líneas de financiamiento”.
  5. El último punto de esta propuesta era la creación de una Comisión de la Verdad integrada por tres representantes de la oposición, una ONG “de larga trayectoria en la promoción y defensa de los DDHH”. Esta comisión debía trabajar según las decisiones tomadas por la Constituyente el 23 de diciembre de 2017.
  6. Este acuerdo debía ser monitoreado por una comisión de seguimiento integrada por los cancilleres que han participado en el proceso de negociación, el gobierno de República Dominicana y el exjefe del Gobierno Español.

¿Cuál fue la última versión de la propuesta de Zapatero?

En la noche del martes 6 de febrero se discutió una nueva versión de la propuesta de Rodríguez Zapatero. Se llamó “Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela”.

Constaba de seis puntos básicos, muy similares a los atribuidos a Rodríguez Zapatero, que buscaban “la afirmación de la soberanía nacional, la estabilidad democrática, la gobernabilidad, el pleno respeto de los derechos humanos, las garantías en los procesos electorales, la cooperación ante las coyunturas económico-sociales existentes, afirmar el estado de derecho constitucional, el desarrollo pleno de los derechos políticos y el compromiso por el respeto democrático, el rechazo absoluto a la violencia como instrumento político y una política de reconciliación, como fundamento para la convivencia democrática nacional”.

La gran diferencia con la versión anterior fue la inclusión del punto sobre el reclamo del Esequibo.

Según esta propuesta, gobierno y oposición acordaban “trabajar conjuntamente para que se revisen y supriman las sanciones unilaterales contra el país, que bloquean capacidades financieras para atender necesidades básicas del pueblo venezolano”. Para este fin se crearía “una comisión bilateral para las oportunas gestiones en la comunidad internacional. La comisión comenzará a funcionar en un plazo de 48 horas”. Adicionalmente las partes acordaban ratificar “los legítimos derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, a la vez que rechazaban “la inexplicable recomendación del Secretario General de la ONU que pretende desviar la aplicación de los medios políticos sucesivos ordenados por el Acuerdo de Ginebra, y dejar la resolución de esta controversia a una peligrosa inercia, desaprovechando la virtud jurídica y pacífica que ofrece este tratado internacional vigente, en armonía con los postulados de paz a los que se debe las Naciones Unidas”.

¿Cuál fue la última propuesta de la oposición?

El documento alternativo presentado por la oposición indicaba en su primer punto que el gobierno y oposición acordaban “trabajar conjuntamente, en la medida que el Gobierno avance en el otorgamiento de garantías democráticas en Venezuela, para que se revisen y supriman las sanciones unilaterales contra el país, que bloquean capacidades financieras para atender necesidades básicas del pueblo venezolano”.

En el tema electoral no se fijaba de antemano la fecha de las elecciones. Sin embargo, se precisaba cómo debería funcionar la observación electoral. La oposición propuso que se acordara la creación de una misión de observación electoral internacional “dirigida por la ONU e integrada adicionalmente por representantes de diversas organizaciones internacionales, los países acompañantes de este acuerdo y cualquier otro país u organización acordado por las partes”. Adicionalmente se indicaba que el cronograma electoral se iniciaría “con la instalación de la Observación Internacional. Se acuerda que esta misión de observación tenga todas las posibilidades de participar en todas las etapas e instancias del proceso electoral. El Gobierno acuerda enviar, en un plazo no mayor a 48 horas, la carta de invitación para la misión de observación al Secretario General de Naciones Unidas”.

Por otra parte, se daba un plazo de 2 días para la designación de los nuevos rectores del CNE. Se incluía en el proyecto de acuerdo que “en la búsqueda de garantizar un ente electoral con garantías de transparencia e imparcialidad, se acuerda la designación, a través del TSJ, en un plazo no mayor a las 48 horas, de los dos rectores designados en fecha 13 de diciembre de 2016 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Los rectores a designar serán fruto del consenso de los firmantes de este acuerdo”.

La propuesta electoral de la oposición contenía 13 exigencias o compromisos básicos. Entre los más llamativos estaban:

1) A la fecha de la convocatoria de las elecciones los centros nacionales de votación serían reinstaurados a sus lugares originales y debía procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores.

2) Se realizarían todas las auditorías técnicas a la plataforma tecnológica y a los cuadernos de votación, con los estándares establecidos, no inferiores a los utilizados en las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del 6 de diciembre de 2015.

3) Se acordaba incluir explícitamente en el cronograma electoral, el sorteo de los miembros de mesa que prestaran servicio electoral en la elección presidencial, además de la adecuada notificación de los mismos, entrenamiento y acreditación a través del Poder Electoral. Se acordaba garantizar que, en los procesos de instalación y constitución de mesas electorales, se cumpliera estrictamente con lo establecido en las leyes relacionadas con la incorporación de los miembros de mesa.

4) Ambas partes acordaban la inclusión en el cronograma electoral del proceso de apertura y actualización del RE, tanto dentro como fuera del país, de manera de garantizar el ejercicio del derecho del voto a todos los venezolanos. Se debía garantizar la debida publicidad de este proceso, a través de campañas institucionales del CNE. Este proceso de actualización del RE deberá tener una duración mínima de 15 días continuos.

5) En el interior del país se garantizaría el despliegue de 1.500 puntos de actualización como mínimo, distribuidos en todas las parroquias del país. En el extranjero debía garantizarse el funcionamiento de los puntos de actualización electoral en cada sede consular. Ambas partes acordaban la ubicación de puntos de actualización adicionales, ya fuese por indisponibilidad de la sede consular, o por elevada densidad en la presencia de venezolanos en determinada localidad.

6) Las partes acordaban la legalización inmediata, en un plazo de 48 horas, de los partidos Mesa de la Unidad Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia y la habilitación de Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski.

7) Ambas partes acordaban, en función de garantizar equilibrio en la estructura del CNE de cara a las elecciones presidenciales, la presencia de ambas partes en cada comisión de trabajo del CNE, como lo son la COPAFI, la JNE y la Comisión de RE. Igualmente se acordaba la designación equilibrada de directores principales y adjuntos en cada oficina regional del CNE, en un plazo de una semana luego de la firma del presente acuerdo.

8) Ambas partes acordaban la designación equilibrada de coordinadores de Centro de Votación, en cada centro de votación del país, en el plazo de una semana a la firma de este acuerdo.

9) Ambas partes acordaban, en función de preservar inalienable el derecho al voto sin presiones externas, la prohibición de proselitismo político y de acción gubernamental alrededor de los centros de votación el día de la elección, así como de la utilización de medios de identificación y votación distintos a los establecidos en la ley.

10) Ambas partes acordaban el uso de la tinta indeleble como identificación del votante en la mesa electoral.

11) Ambas partes acordaban la prohibición estricta del voto asistido en todas las mesas de votación. Solo será permitido en los casos establecidos en la ley y con el voto favorable de los miembros de la mesa electoral.

12) En el seno de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo se constituiría un grupo de alto nivel que atendería los asuntos que se presentasen y atendería el buen desarrollo del proceso electoral. Esta comisión estaría integrada por un representante del gobierno, un representante de la oposición y un representante de la mesa de facilitación.

13) Las partes se comprometían a reconocer el resultado de los comicios presidenciales del año 2018, independientemente de los mismos, siempre y cuando se cumplan todas las garantías establecidas en las leyes y en el presente acuerdo.

En la propuesta de la oposición se establecía que ambas partes acordaban “levantar, en un plazo no mayor a 15 días, el desacato judicial que pesa sobre la Asamblea Nacional con el objeto de que recupere sus funciones constitucionales, se convierta en una institución que permita el diálogo social y la reforma económica y social de Venezuela, y coadyuve en el proceso de atención urgente en cuanto a las necesidades del pueblo venezolano. Gobierno y Oposición acuerdan crear una comisión política, en un plazo no mayor de 15 días, que garantice el desarrollo pleno de las instituciones constitucionales”.

¿Qué se proponía sobre la emergencia económica y social?

En la propuesta de la oposición se establecía que ambas partes acordaban “conformar con carácter inmediato una comisión para el estudio, análisis y formulación de propuestas constructivas para abordar la situación económica de Venezuela”. Por otra parte indicaban que esta comisión estaría “abierta al trabajo y a las propuestas de los diferentes sectores sociales y podrá solicitar la colaboración de expertos. De manera prioritaria la comisión propondrá medidas para promover el acceso de bienes y servicios a la población, con énfasis en alimentos y medicinas, a través de diversas vías existentes, como la promoción decidida a la producción nacional, supresión de bloqueos financieros, obtención de líneas de financiamiento ante los diversos organismos y entidades internacionales o países dispuestos a cooperar, y en general, cualquier otra vía que pueda contribuir a tal fin”.

Esta comisión se constituiría en los primeros siete días consecutivos a la firma del acuerdo.