Cómo robarse un país

HUGO CHÁVEZ le debía mucho a Raúl Baduel. Cuando en 2002 Chávez se vio obligado a dimitir como presidente de Venezuela tras una matanza de manifestantes en Caracas, fue el general Baduel, un viejo aliado político, quien lo regresó al poder después de una junta de oposición había suspendido ilegalmente la constitución. En agradecimiento, Chávez hizo ministro de Defensa al general Baduel. Pero luego de pasar a retiro el general se atrevió a oponerse al deseo de Chávez de abolir los límites al mandato presidencial. Fue acusado de robar $ 10 millones y encarcelado. Este mes, dos días antes de cumplir su condena, Baduel ha sido acusado de traición.

Su tratamiento es una clara muestra de cuán acorralado se siente el gobierno de Nicolás Maduro, sucesor elegido por Chávez. Según la encuestadora Datanálisis Maduro tiene un índice de aprobación de sólo el 18%. La economía está en caída libre debido a la mala gestión y el descenso de los precios del petróleo. Para cubrir el servicio de su deuda externa el gobierno redujo las importaciones a un tercio de su nivel en 2012.

Los venezolanos están sufriendo privaciones hasta ahora desconocidas en lo que fue el país más rico de América del Sur. De acuerdo con un estudio realizado por tres universidades, el 82% de los hogares vive ahora en la pobreza. En comparación, era un 48% en 1998, cuando Chávez llegó al poder. El aumento de la pobreza se da luego de la mayor bonanza petrolera en la historia de Venezuela. Del billón de dólares que el régimen recibió en ingresos petroleros, probablemente un cuarto fue robado por personajes cercanos al régimen, de acuerdo con el International Crisis Group, un centro de investigación. La mortalidad infantil está en aumento, y ciudadanos venezolanos están muriendo innecesariamente debido a la escasez de medicamentos. Los que pueden, se van del país; tal vez dos millones de venezolanos ahora viven en el exterior.

Para permanecer en el poder, el régimen socialista-estatista de Maduro está extinguiendo la democracia. La oposición obtuvo una gran mayoría en la elección legislativa de 2015. Desde entonces, el gobierno ha utilizado a su corte suprema escogida a dedo para anular al parlamento. La igual de dócil autoridad electoral de manera similar ha bloqueado el deseo de la oposición de realizar un referendo revocatorio. Asimismo, no llamó a elecciones para alcaldes y gobernadores regionales, que se debían realizar el año pasado. La autoridad electoral  ahora exige la re-inscripción de los partidos de la oposición, un proceso cuyas reglas son tan poco viables que parece diseñada para abolir muchos de ellos.

El diálogo entre la oposición y el gobierno, con la mediación del Vaticano y Unasur, colapsó en enero porque Maduro mostró poco interés en aceptar la liberación de los presos políticos o en restaurar el orden constitucional. En su lugar, es cada vez más represivo. Su nuevo vicepresidente, Tareck El Aissami, de línea dura, encabeza un «Comando Nacional contra el golpe». Por todo ello se ha mantenido al general Baduel en prisión y se ha encarcelado a otros oficiales del ejército junto con miembros del partido Voluntad Popular, organización de oposición, cuyo líder, Leopoldo López, ha estado preso desde 2014. Esto de las constantes conspiraciones golpistas es una de las fantasías del régimen. Otra es el culto oficial cuasi-religioso de Chávez, que murió de cáncer hace cuatro años.

¿Qué puede hacerse para detener la implosión de Venezuela, organizar un rescate humanitario y lograr el retorno de la democracia? Los radicales en la oposición confiaban en un levantamiento popular. Pero la represión ha funcionado: la gente parece demasiado asustada y preocupada por la sobrevivencia como para apoyar protestas masivas. Una solución negociada sigue siendo la opción más plausible. Pero necesitará  presión tanto interna como externa.

Los Estados Unidos han apretado las tuercas un poco. Donald Trump recibió a Lilian Tintori, esposa de López, en la Casa Blanca el mes pasado, y pidió su liberación. El Departamento del Tesoro estadounidense ha colocado en su lista negra a El Aissami, acusándolo de tráfico de drogas (lo que él niega). Pero las sanciones son de efecto dudoso y es probable que haga que los funcionarios estén aún menos dispuestos a ceder el poder. Algunos republicanos desearían que los Estados Unidos dejaran de comprar petróleo venezolano; ello podría causar perturbaciones, pero proporcionaría un pretexto para la represión.

La mejor opción es que los Estados Unidos se unan a varios países de América Latina para presionar al régimen a que acepte los diálogos. El año pasado Luis Almagro, el secretario general de la Organización de  Estados Americanos, invocó la Cláusula Democrática de la organización para pedir la suspensión de Venezuela. Él no obtuvo suficiente respaldo. Ahora podría volver a intentarlo. Los cambios políticos en América del Sur, junto con la decisión de Venezuela de convertirse en una dictadura manifiesta, ha dejado a Maduro más aislado que en el pasado.

La presión diplomática por sí sola no será suficiente para obligarlo a cambiar su postura. Pero ayudará. Es necesario, también, una oposición más eficaz: ya es hora de que sus grupúsculos, en permanente riña, se unan en un solo partido con un claro líder. Las alternativas son descarnadas: la consolidación de una dictadura latinoamericana, o la posibilidad de un derramamiento de sangre a gran escala. La región debe hacer todo lo posible para evitar ambas.

Traducción: Marcos Villasmil

NOTA ORIGINAL: 

THE ECONOMIST

Will Venezuela’s dictatorship survive?

Bello

How to steal a country

HUGO CHÁVEZ owed much to Raúl Baduel. When in 2002 Chávez was forced to step down as Venezuela’s president following a massacre of protesters in Caracas, it was General Baduel, an old political ally, who restored him to power after an opposition junta had illegally suspended the constitution. In gratitude, Chávez made General Baduel defence minister. But in retirement the general dared to oppose Chávez’s drive to abolish term limits. He was accused of stealing $10m and jailed. Two days before completing his sentence, this month General Baduel was charged with treason.

His treatment shows how cornered the government of Nicolás Maduro, Chávez’s chosen successor, feels. Mr Maduro has an approval rating of just 18% according to Datanálisis, a pollster. The economy is in freefall because of mismanagement and lower oil prices. To service its foreign debt, the government slashed imports to a third of their level in 2012.

Venezuelans are suffering privation previously unheard of in what was once South America’s richest country. According to a study by three universities, 82% of households now live in poverty. That compares with 48% in 1998, when Chávez came to power. The rise in poverty follows Venezuela’s biggest-ever oil windfall. Of the $1trn the regime received in oil revenue, perhaps a quarter was stolen by insiders, according to the International Crisis Group, a think-tank. Infant mortality is rising, and Venezuelans are needlessly dying because of the shortage of medicines. Those who can, leave; perhaps 2m Venezuelans now live abroad.

To remain in power, Mr Maduro’s state-socialist regime is extinguishing democracy. The opposition won a big majority in a legislative election in 2015. Since then, the government has used its hand-picked supreme court to nullify parliament. The similarly tame electoral authority blocked the opposition’s drive for a recall referendum. It failed to call an election for mayors and regional governors, due last year. The authority is now requiring the re-registration of opposition parties, a process whose rules are so impractical that it appears designed to abolish many of them.

Talks between the opposition and the government, brokered by the Vatican and the South American Union, collapsed in January because Mr Maduro showed little interest in freeing political prisoners or restoring constitutional rule. Instead he is becoming more repressive. His new hardline vice-president, Tareck El Aissami, heads a “national anti-coup command”. This has kept General Baduel in prison and jailed several other army officers along with members of Popular Will, an opposition party whose leader, Leopoldo López, has been a prisoner since 2014. It is one of the regime’s fantasies that it faces constant coup plots. Another is the quasi-religious official cult of Chávez, who died of cancer four years ago this week.

What can be done to halt Venezuela’s implosion, organise a humanitarian rescue and achieve a return to democracy? Radicals in the opposition trusted in a popular uprising. But repression has worked: people seem too scared and preoccupied with survival to sustain mass protests. A negotiated solution remains the most plausible option. But it will take pressure from both within and without.

The United States has tightened the screws a little. Donald Trump met Lilian Tintori, Mr López’s wife, at the White House last month, and called for his release. The United States Treasury has blacklisted Mr El Aissami, accusing him of drug-trafficking (which he denies). But sanctions are of doubtful effect and are likely to make officials even less willing to yield power. Some Republicans would like the United States to stop buying Venezuelan oil; that would cause disruption but provide a pretext for repression.

The best option is for the United States to join other Latin American countries in pressing the regime to accept talks. Last year Luis Almagro, the secretary-general of the Organisation of American States, invoked the group’s democracy clause to call for Venezuela’s suspension. He failed to get sufficient backing. Now he may try again. Political change in South America, combined with Venezuela’s move to open dictatorship, has left Mr Maduro more isolated than in the past.

Diplomatic pressure alone will not be enough to shift him. But it will help. Needed, too, is a more effective opposition: it is high time that its squabbling groupuscules united in a single party with one leader. The alternatives are stark: the consolidation of a Latin American dictatorship, or the possibility of large-scale bloodshed. The region should do its utmost to avoid both.