Una Bitácora cubana (XLII)
1) Todos hemos sido testigos estas últimas semanas del desarrollo paulatino de la anunciada, y no negada por el gobierno, crisis económico-social y de una constante represión: ambos conforman la tradicional simbiosis castrista.
Sobre los más recientes hechos de represión, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por vía de su Director ejecutivo, Alejandro González Raga, anunció que en el mes de abril se realizaron al menos 227 detenciones arbitrarias.
Además de los arrestos, la acción represiva incluyó severas multas, retenciones en los aeropuertos, acciones contra el ejercicio libre del periodismo, el arte y la libertad religiosa, y una ola de citaciones policiales y amenazas.
Un año después de la designación de Miguel Díaz-Canel al frente del Gobierno, la situación no ha cambiado. (…) A pesar de la entrada en vigor de la nueva Constitución, cuyo artículo 95 establece diversas «garantías» en los procesos penales, el gobierno cubano sigue sin respetar el derecho a tener abogado desde el inicio del proceso penal.
Nos preguntamos: ¿Por qué habría de cambiar? ¿Qué razones hay para pensar que con Díaz-Canel la realidad nos ofrecería una realidad distinta? Se sigue reprimiendo a diestra y siniestra, en especial a activistas de derechos humanos, miembros de la prensa, dirigentes sindicales, artistas independientes.
2) Siempre en el tema de los derechos humanos, una marcha LGBTI fue agredida sin compasión por funcionarios oficiales, lo cual trajo una vez más la mirada del mundo hacia un régimen que como nunca está siendo reconocido como lo que es, una tiranía.
Yoani Sánchez (“Ciudadanía y conectividad en Cuba, una mezcla explosiva” – 14ymedio) hace un inteligente análisis partiendo del poder de convocatoria que están demostrando las redes sociales, la novedosa capacidad de conectividad de los ciudadanos –no sin dificultades y trabas-, en los espacios digitales. Como destaca la periodista, el gobierno está equivocado: lo que pasa en Internet no se queda en Internet.
“En menos de un semestre, en esta Isla hemos vivido hechos inéditos potenciado por las redes sociales, sucesos que desafían los estrictos controles en los que ha estado enmarcada nuestra sociedad por demasiado tiempo.
Este sábado, el llamado a una marcha LGBTI mostró la fuerza de convocatoria que se logra en los espacios digitales. El régimen, nervioso y con la intención de dar una prueba de fuerza, hizo lo que mejor sabe hacer: reprimir, lo que multiplicó el alcance del evento y dejó una estela de repudio incluso entre algunos de los partidarios del oficialismo. El rechazo ha sido casi unánime a la arremetida policial contra esta peregrinación, organizada a partir de la cancelación de la que tradicionalmente se realiza bajo la supervisión del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX)”.
A pesar de esa “mentalidad siglo XX” de creer que lo que pasa en internet se queda en internet, quienes trazan la política cubana y la actuación de los cuerpos policiales cometieron ayer uno de sus peores errores en décadas. No hay manera de defender su actuación desde ningún ángulo, ni siquiera desde los grupos evangélicos que rechazan la agenda LGBTI, porque en este caso no se trata solo de preferencias sexuales o exigencia de legalización del matrimonio igualitario. Estamos ante una violación del derecho a reunirse y manifestarse, algo que atañe a cada ciudadano más allá de la bandera que defienda.
Con antelación a los sucesos del Parque Central, ya las redes sociales habían sacado músculo. En menos de dos semanas arruinaron la reputación del comandante Guillermo García Frías, a quien la Plaza de la Revolución había encumbrado por más de medio siglo. Bastó la viralidad de las bromas sobre sus desafortunadas declaraciones relacionadas con el “cultivo” (sic) de avestruces, jutías y cocodrilos para la alimentación de la población, para que en internet no pararán de llover las bromas y memes.
García no tiene tiempo para revertir el estigma de “comandante avestruz” que le colgaron en Facebook y Twitter, ni la más poderosa maquinaria de propaganda oficial logrará ya limpiar su nombre. Como tampoco puede borrar la imagen de la caravana de Miguel Díaz-Canel acelerando el paso ante los gritos de exigencia de los damnificados por el tornado en el municipio de Regla, La Habana, aunque después de eso publiquen cada día en la prensa nacional foto del gobernante rodeado de pueblo. Con un clic, todo el andamiaje ideológico que lo encumbró a la presidencia recibió un golpe demoledor.
La pasada semana, el arresto de una reportera también sirvió para mostrar la capacidad de las redes sociales para unir en una campaña a diferentes y muy variados grupos de la sociedad civil. Desde opositores políticos, pasando por periodistas independientes, ciudadanos comunes y hasta llegar a gente que hasta entonces no había dicho en público una sola crítica contra las autoridades, las presiones por la liberación de Luz Escobar, la reportera de 14ymedio, fueron asumidas por una sorprendente diversidad de individuos y organizaciones.
¿Qué vendrá ahora? Muchas más convocatorias nacidas en ese mundo virtual que la policía política ha tratado de mantener alejado de la realidad por más de una década, desde que nacieron los primeros blogs independientes y un puñado de cubanos abrieron sus cuentas en Twitter y Facebook, etiquetados por entonces en los medios oficiales como “herramientas creadas por la CIA”.
Pero la gran noticia sobre el tema de los derechos humanos y sus violaciones por el régimen castrista, ha sido la denuncia de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel junto a otros funcionarios de la dictadura ante la Corte Penal Internacional. Veamos un resumen de la nota de “Diario de Cuba” al respecto:
Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos han sido acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de «crímenes de lesa humanidad» por la «esclavitud, persecución y otros actos inhumanos» a los que someten a «cientos de miles de profesionales» enviados a las llamadas «misiones internacionalistas» y a sus familias.
La denuncia es otro golpe a lo que representa la mayor fuente de ingresos del régimen: la venta de servicios profesionales, principalmente médicos.
Los otros acusados son los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
La demanda ha sido presentada por la Asociación Prisoners Defenders International Network; su presidente y fundador, Javier Larrondo Calafat, y el abogado penalista Sebastián Rivero Silva, ambos españoles. Asimismo, por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y su coordinador general, el exprisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García. (…)
Al dar inicio a la cita con los medios, Luis Almagro, secretario general de la OEA, se refirió a las misiones médicas cubanas como «una herramienta esencial» y «subterfugio» diplomático de La Habana tras las que se esconde la «verdadera intervención» y puso como ejemplo el caso de Venezuela.
«Las misiones han sido la máscara para la mayor fuente de ingreso para el régimen a costa del trabajo de sus profesionales», agregó Almagro.
«Es un sistema de esclavitud moderna que no puede quedar impune (…) constituye otra sistemática violación de los derechos humanos» en Cuba, añadió.
Los denunciantes consideran que la CPI tiene competencia —aunque el Estado cubano no sea parte— dado que se documentan profusamente crímenes tipificados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma. Además, que el tribunal internacional tiene jurisdicción, «pues los crímenes que se denuncian son cometidos por los responsables del Gobierno y la Administración de Cuba en territorio de numerosos estados que son parte de la Corte», como Brasil, Botsuana, Guatemala, Honduras, Venezuela y Bolivia, y «el régimen cubano no va a ejercer actividad judicial alguna para exigir responsabilidades penales» por esos delitos.
Los autores de la demanda acusan al Estado de Cuba de someter a los médicos y otros profesionales a control y medidas represivas que constituyen condiciones de «esclavitud«, al ejercer «atributos del derecho de propiedad» sobre ellos.
Si los profesionales intentan liberarse, afirman, se inician contra ellos «terribles acciones» que buscan «aterrorizar, coaccionar y finalmente destrozar la vida».
Los denunciantes aseguran haber reunido 64 testimonios públicos de médicos que han escapado de misiones y otros 46 de profesionales cuyas identidades deben ser protegidas «porque están aterrorizados con las consecuencias de que su nombre se haga público y repriman a sus familiares en la Isla».
Añaden que, desde que iniciaron el estudio del caso, hace un año, enviaron solicitudes a más de 10.000 médicos desertores, «siendo la respuesta habitual que tenían auténtico pánico» por las posibles consecuencias.
«Pruebas documentales y testimonios irrefutables»
En total, los responsables de la demanda dicen haber estudiado 110 casos en diez países. Incluyen en el extenso documento enviado a la Fiscalía de la CPI «pruebas documentales y testimonios irrefutables» que, aseguran, demuestran que:
—Las misiones están compuestas por entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles cubanos anuales de diferentes sectores, que «no se presentan voluntarios«, sino que son «fuertemente coaccionados» y enviados a entre 65 y 100 países.
—Los profesionales son alejados de sus familias e hijos menores por períodos de tres años, sin posibilidad de que sus familiares los visiten, pues el Gobierno impide a los familiares salir de la Isla.
—Si el profesional decide abandonar el trabajo y volver a Cuba, o no regresar a la Isla tras terminar la misión, «comienza una persecución terrible». El Código Penal cubano contempla en su Artículo 135 para estos casos penas de entre tres y ocho años de cárcel. Como alternativa, a quienes no regresan se les niega la entrada al país durante ocho años. «Por ello, decenas de miles de familias están separadas», con el daño que eso implica para menores, ancianos y otros allegados.
—A los trabajadores no se les ofrece contrato en la mayoría de los casos y países estudiados. Cuando firman alguno, casi nunca reciben copia. De los países estudiados, solo en Brasil y Arabia Saudí tenían los profesionales copias del documento.
—A los profesionales se les despoja del pasaporte al llegar al país de destino. Además se les prohíbe viajar con sus títulos universitarios e historial de experiencia legalizados.
—Los trabajadores reciben solo entre un 10% y un máximo del 25% de lo que pagan por ellos en salario los países de destinos. El resto lo percibe el Gobierno cubano y, en alguna de las misiones (como la de Brasil), La Habana «reparte otro 5% con intermediarios que faciliten la transacción».
—Los trabajadores son obligados a vivir muchas veces hacinados y con toque de queda al atardecer. Tampoco se les permite conducir.
—No pueden relacionarse con nativos ni extranjeros, ni se les permite tener con ellos relaciones sentimentales o contraer matrimonio.
—Los jefes de misión (personal de seguridad) tienen que vigilar los movimientos de los trabajadores y estos son obligados a vigilarse entre sí.
—A la mayoría de los médicos se les obliga a cambiar las estadísticas de los resultados de su trabajo. Asimismo, se les encomiendan misiones políticas y tratar con preferencia a los pacientes que son del partido en el poder (caso de Venezuela).
—«Se les hace trabajar jornadas infernales», más del 160% de la carga estipulada por la Organización Internacional del Trabajo.
—Todos los entrevistaron confesaron que son amenazados constantemente. El 22% convive con la violencia y el 41% dice haber sufrido o haber sido testigo de acoso sexual. (…)
3) Como decíamos, el otro tema es el de la cada vez mayor crisis económica. La carestía arrecia. En todas partes de la Isla; Yoani Sánchez menciona que la carne de cerdo, un “simbólico Dow Jones de la economía doméstica” el pasado mes de abril se disparó y alcanzó los 70 CUP por libra, el equivalente al salario de dos días de un profesional cubano. El régimen solo puede repetir viejas y gastadas consignas, que si los proveedores internacionales, o los acaparadores, el imperialismo yanqui y su bloqueo, etc. Como ya mencionamos en la Bitácora pasada, la palabra “crisis” está prohibida, al igual que la expresión “Periodo Especial”. La verdadera causa, lo saben todos, es el derrumbe del régimen venezolano.
Otra palabra que no se usa ¿alguna vez lo harán? es “apertura”, con lo que ella implica: eliminación de controles, algunas libertades para el sector privado, fomento del emprendimiento y de la iniciativa individual, tan cercana al cubano en cualquier parte del mundo menos en la Isla que le vio nacer.
El periodista Daniel Lozano, en “El Mundo” (Madrid) publica una nota cuyo título lo dice todo: “Cuba mira al abismo económico”. Algunos extractos:
En los virulentos tiempos del Período Especial, tras la caída del Muro de Berlín, el Granma medía la crisis económica cubana sin informar de ella. El boletín oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), con sólo cuatro páginas, no sólo trasladaba las decisiones del Gobierno, también sustituía al papel higiénico, desaparecido por culpa del desabastecimiento.
Las medidas económicas del castrismo y la aparición salvadora de Hugo Chávez solventaron entonces la depresión, pero situaron para siempre al Período Especial (con una pérdida del 30% del Producto Interior Bruto) como una pesadilla fija en el imaginario colectivo de la isla. Ahora, otra vez, la amenaza de un nuevo Período Especial llama a las puertas de los cubanos y lo hace otra vez con el Granma como símbolo: ha pasado de publicar 16 páginas a 8, por culpa de la falta de papel. Una noticia que disparó las alarmas que ya estaban encendidas tras la escasez de pan, huevos, pollo, aceite y medicinas de las últimas semanas.
«La situación podría agravarse en los próximos meses. No se trata de regresar a la fase aguda del Período Especial de la década de los 90. Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que estar preparados para la peor variante», avisó Raúl Castro, secretario general del PCC. (…)
El pequeño de los Castro culpó directamente al «recrudecimiento del cerco económico y financiero» promovido por Washington, que ha pulverizado el deshielo iniciado por Barack Obama. «Jamás abandonaremos el deber de actuar en solidaridad con Venezuela», añadió el ex presidente cubano, citando al país clave en su devenir económico. EEUU ha sancionado a los buques y a la empresas asociadas a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que transportan los 40.000 barriles diarios (llegaron a ser 100.000) que se envían desde Venezuela a la isla, tras la petición realizada por Juan Guaidó, presidente encargado por el Parlamento y protagonista del desafío contra el binomio Maduro/Castro. (…)
Pese a que los cubanos son especialistas en evadir estas sanciones, La Habana sabe que su apoyo es fundamental para Caracas, sobre todo en información y tácticas represivas. Cuanto más grueso es el cordón umbilical revolucionario, mayor es la presión desde EEUU, que se suma a los males crónicos de su sistema económico. (…)
«Estas noticias confirman las tensiones en la finanzas públicas y la balanza de pagos internacionales cubana, y la intensificación de las medidas de austeridad como respuesta de política económica a esta situación», resume para EL MUNDO Pavel Vidal, antiguo funcionario del Banco Central de Cuba y profesor de Economía de la Universidad Javeriana de Cali.
El economista añade que Cuba, desde hace tres años, trata de asimilar sin gran éxito el impacto de la caída del intercambio comercial con Venezuela, en un valor que equivale a alrededor del 8% del PIB cubano. «Las importaciones de bienes desde Venezuela, sumando el petróleo, han caído alrededor de 4.500 millones de dólares; las exportaciones cubanas de bienes a Venezuela, incluidas las medicinas, decrecieron 2.100 millones, mientras que las exportaciones de servicios profesionales, con los médicos a la cabeza, cayeron en 1.500 millones. Y nada indica que haya tocado fondo», explica Vidal.
El turismo, una de las tablas de salvación de los últimos tiempos, tampoco ha comenzado con fuelle el año, pese a que «éste, sumado al número de negocios privados y de proyectos con inversión extranjera habían ayudado a amortiguar el choque venezolano», confirma Vidal.
El futuro de la tiranía castrista se verá comprometido a medida que se siga derrumbando la dictadura chavista en Venezuela.
Una vez más se confirman las razones por las cuales el mensaje de lucha por la libertad venezolana transmitido por el presidente Juan Guaidó “cese de la usurpación, gobierno de transición, y elecciones libres”, es un objetivo cuyo logro tiene que obtenerse “ahora o nunca”; no hay acción o negociación que pueda considerarse que deba desviarse del objetivo final: es ahora o nunca.
Marcelino Miyares, Miami, 23 de mayo de 2019
