Costa Rica: Un error de política exterior
Creo que el Presidente Luis Guillermo Solís y el Canciller Manuel González han cometido un profundo error– contradictorio con la política exterior histórica de Costa Rica–con su decisión de abandonar la ONU cuando se aprestaba a hablar el presidente de Brasil. Explico la razones:
1.- Costa Rica tiene firmada desde 1982 una proclama de neutralidad ideológica en política exterior, que implica que el país asuma una posición distante en relación a los avatares ideológicos de los países, no únicamente del Hemisferio sino, además, del resto del mundo.
2.- Justamente por ello (por ese perfil histórico), en CR tiene su sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ese característica, de ser arena neutra en la región latinoamericana y en el planeta, le ha dado al país el honor de ser pionero en una figura emblemática del Derecho Internacional: el derecho de asilo. / Costa Rica le dio asilo histórico a exilados de todas las convicciones políticas, perseguidos por dictaduras de distinto signo ideológico: Desde Edelberto Torres, hasta Carlos Andrés Pérez; incluido el gran líder dominicano, don Juan Bosch, luchador contra Trujillo.
3.- La decisión tomada por el presidente Solís y el Canciller González manchan esa trayectoria de neutralidad del país, de árbitro en disputas y arrojan a nuestro país a la arena de uno de los bandos ideológicos del Continente. Ni siquiera la Chile de Bachelet (que viene del partido socialista chileno), ni tampoco la delegación del Uruguay (gobernada por el Frente Amplio de ese país) cometieron ese error.
4.- Pero, además, hay una seria contradicción. Si la argumentación era la existencia de dudas sobre la legitimidad del gobierno del Sr. Temer (el cual a mí, en lo personal, no me gusta para nada y coincido con las presunciones de corrupción sobre él y su grupo, y coincido, además, con la simpatía que muchos en este continente le tenemos a Dilma y su esfuerzo), lo cierto es que CR debería ser coherente y denunciar públicamente todos los casos «donde existen dudas» sobre legitimidad democrática en el mundo.
Deberíamos denunciar a China, el principal violador de derechos humanos del mundo de acuerdo a Amnistía Internacional, y romper de inmediato relaciones y el TLC comercial con ese país; deberíamos denunciar a Singapur, una autocracia de derechas; a cerca de siete naciones árabes islámicas donde no hay democracia formal, siquiera. Deberíamos levantarnos ante la intervención de Maduro, pues en Venezuela hay también muy serias dudas del Estado de Derecho (la mitad del país manifestándose), y presos políticos encerrados en la cárcel. Deberíamos levantarnos cuando hable el presidente Ortega de Nicaragua, quien acaba de expulsar del Parlamento a todos los diputados opositores. Deberíamos hacerlo también ante el gobierno de México, por el gravísimo caso de los estudiante del norte en Monterrey, hace un año y medio. Si esa era la argumentación, ¿somos coherentes, o no somos coherente como país?
5.- La misma argumentación utilizó el gob de CR hace unos meses cuando se llevó el caso de Venezuela a la OEA, para la aplicación de la Carta Democrática. En ese momento, nuestro Presidente y Canciller alegaron que no podían sancionar a Venezuela, pues había que «defender el principio de no intervención» y el respeto a los asuntos internos de otro país. ¿En qué quedamos, entonces?
Creo que en la decisión del Presidente Solís y el Canciller González medió un impulso ideológico personal (quizá sus particulares visiones políticas del mundo). Pero no se dieron cuenta de su investidura; de que estaban representando a 5 millones de personas, y a una tradición histórica de política exterior basada en la racionalidad, en ser la arena neutra y la sede la CIDH, árbitro de las disputas en el Continente.
Jaime Ordóñez es Director del Insituto Centroamericano de Gobernabilidad (ICG), en San José de Costa Rica.