Armando Durán / Laberintos: Trump contra Maduro
La noticia estalló el lunes por la tarde. El gobierno de Estados Unidos acusaba a Tarek el Aisami, vicepresidente de Venezuela, y a un empresario amigo y supuesto testaferro suyo en Venezuela y el exterior, Samark López Bello, de facilitar el tráfico internacional de drogas, razón por la cual intervino sus propiedades en Estados Unidos, que incluyen dos lujosos apartamentos en un edificio de gran lujo situado en la calle Brickell de Miami, valorado cada uno en algo más de 4 millones de dólares, un jet Gulfstream 3 y varias empresas dedicadas a diversas actividades, desde gestiones financieras hasta la comercialización de petróleo.
Según el Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, no se trata de tomar represalias contra el gobierno de Nicolás Maduro sino contra dos personas en concreto, pero en esa misma declaración Mnuchin sostuvo que con esta decisión, tomada tras varios años de investigaciones, el “presidente Trump quiso enviar un mensaje claro al pueblo de Venezuela: Estados Unidos está de su lado.”
Este supuesto vínculo de un alto funcionario venezolano con el narcotráfico no constituye novedad alguna. Desde hace algunos años, algunos miembros de la Fuerza Armada Venezolana, dos gobernadores de estado, un diputado a la Asamblea Nacional y 6 empresarios, todos ellos afectos al régimen chavista, han sido incluidos en la llamada lista Clinton, creada en la Office of Foreign Assets Control (OFAC) en el Departamento del Tesoro, en octubre de 1995, para investigar y denunciar a empresas y particulares identificados con el narcotráfico, el lavado de dinero y la malversación de fondos públicos. En ninguno de estos casos, sin embargo, se ha involucrado a alguien de la jerarquía de El Aissami, quien además de haber sido gobernador del estado Aragua y ministro del Interior, y ser ahora el vicepresidente ejecutivo del gobierno, es sin la menor duda uno de los hombres más poderosos del país y probable sucesor de Maduro en la Presidencia de la República.
Esta noticia se produce en momentos de gran complejidad política. En apenas 15 años, El Aissami pasó de ser dirigente estudiantil de extrema izquierda en la universidad de Los Andes, a disputarle a Diosdado Cabello y al mayor general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, el control del gobierno y de las fuerzas armadas. Muy cercano a Cuba y a las organizaciones palestinas más radicales, como Hezbolá, en sus funciones como gobernador del estado Aragua se destacó por la dureza con que reprimió a la disidencia. Por otra parte, el narcotraficante venezolano Walid Makled, de origen sirio como El Aissami, capturado en Colombia en el año 2011, allá fue sometido a largos interrogatorios por agentes norteamericanos de la DEA, a quienes habría confesado haberle pagado a El Aissami millonarios sobornos. Asimismo, numerosos rumores han señalado a El Aissami desde hace años por haber facilitado el tráfico de cocaína colombiana vía Venezuela a Zeta, un cártel del narcotráfico en México.
Como era de esperar, Maduro y el propio El Aissami han denunciado la decisión del gobierno Trump como una “maniobra imperialista” puesta en marcha con la perversa intención de destruir la revolución socialista venezolana. Por su parte, el diario cubano Granma, en su edición del pasado miércoles, destacó en una nota de casi media página esta “agresión imperialista” contra Venezuela y la defensa que en cadena de radio y televisión hizo Maduro de El Aissami, a quien calificó de haber sido el mejor ministro del Interior de la historia nacional. En el curso de su intervención le dio Maduro instrucciones a su ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, de llamar a su despacho al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas para protestar de la decisión de su gobierno y exigirle a Trump y al secretario Mnuchin pedirle públicamente disculpas a El Aissami, al gobierno y al pueblo de Venezuela.
En el campo de la oposición el impacto de la noticia puede tener repercusiones imprevistas. En la alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática, se desarrolla desde finales del año pasado una dura lucha de intereses entre los dirigentes que insisten en la cohabitación abierta con el gobierno, como los del partido UNT, de Manuel Rosales, ex gobernador del Zulia y derrotado candidato presidencial de la oposición en las elecciones de diciembre de 2006, detenido en Venezuela hace año y medio tras regresar de varios años de exilio y puesto en libertad hace pocas semanas, a cambio de la complicidad de sus diputados con los intereses del oficialismo al rechazar hace meses la decisión del Mercosur de excluir al gobierno Maduro de ese importante mecanismo de integración económica y arancelaria subregional y de insistir tercamente en favor del tramposo diálogo Gobierno-oposición.
Precisamente por representar sin ningún disimulo esta línea de colaboracionismo con el gobierno sus diputados han roto en más de una ocasión la unidad de los diputados de oposición en la Asamblea Nacional. Y precisamente por eso, al debatirse el martes en la Asamblea Nacional la acción a seguir por el poder legislativo ante las graves acusaciones de Estados Unidos contra El Aissami, el diputado por UNT, Stalin González, inexplicablemente jefe de la bancada opositora en la Asamblea General, formuló una advertencia sumamente significativa para frenar la posición de otras agrupaciones que plantearon la urgencia de debatir el caso con la posible intención de aprobar un voto de censura a El Aissami, lo cual implicaría, de acuerdo con la Constitución Nacional, su inmediata destitución como vicepresidente de la República. “A priori”, sostuvo, “no podemos hablar de un voto de censura.”
Resulta difícil presumir el desenlace de esta nueva encrucijada del proceso. ¿Qué ingredientes le añadirá Washington a su nueva crisis con Caracas? ¿Y qué harán los demás partidos de la oposición ante una eventual escalada de este conflicto? La mayor parte de ellos parecía este fin de semana dispuesta a aceptar las condiciones electorales que imponga el régimen para participar en unas elecciones para alcaldes y gobernadores, que debían haberse celebrado en el último trimestre del año pasado, pero que como consecuencia directa de la derrota aplastante del chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 corrieron la misma y penosa suerte del referéndum revocatorio 2016, ya que habían sido pospuestas indefinidamente, a todas luces, hasta que el régimen pudiese armar los mecanismos necesarios para amañar sus resultados. El razonamiento de estos partidos, gravemente enfermos de electoralismo terminal, es que vale la pena cualquier pacto con el gobierno, por turbio que sea, con tal de conquistar algunos espacios de poder regional, aunque sean unos pocos, antes que quedar fuera del juego, con las manos vacías. Una decisión a todas luces desesperada, porque a lo largo de 2016, la debilidad muscular de la MUD para lograr darle significado real a su victoria electoral del 6-D-2015, consolidó al régimen y condenó a la MUD al rincón de un devastador rechazo del pueblo opositor.
Los próximos días serán cruciales. Por una parte, el futuro de las relaciones políticas y comerciales de Venezuela con Estados Unidos, el único cliente que le paga casi un millón diario de barriles de petróleo de contado y a precios de mercado. Por el otro, el destino de la oposición venezolana tal como la entendemos hoy por hoy, si Trump decide, tal como parece ser, arremeter abiertamente contra el gobierno Maduro.
