Julio César Moreno León: La desviación del mundo militar
Wolfgang Larrazábal Ugueto
El general Padrino López ha lanzado reiteradamente advertencias a quienes cuestionan al régimen y piden la salida de Nicolás Maduro. Según el Ministro de la Defensa la Fuerza Armada “está blindada contra llamadas insurreccionales”. Y a pesar de reconocer que existen «perturbaciones a nivel nacional”, dice Padrino que los militares no aceptan esos llamados porque están eternamente comprometidos con Maduro y con la revolución de Chávez.
Se pregunta uno, al conocer esas declaraciones, si ciertamente la sociedad venezolana soportará por más tiempo el proceso de destrucción de la legalidad que sufre hasta ahora impunemente el país. Proceso de destrucción que incluye a esa Fuerza Armada, a la que se le desvía de sus funciones constitucionales cuando se le convierte en herramienta del minoritario PSUV, y en el único soporte a la precaria estabilidad de un sistema repudiado por la gigantesca mayoría de los venezolanos.
En ese camino de demolición de la civilidad y la convivencia, el gobierno pretende hacer naufragar la salida electoral y democrática ante la seguridad de que esa vía significa la derrota del proyecto totalitario. En función de ese objetivo se impide el revocatorio mediante grotesca maniobra ejecutada por el poder judicial oficialista; se mantiene en suspenso la elección de gobernadores; se desconoce la elección de los diputados de Amazonas, se anula mediante decisión del TSJ a la Asamblea Nacional, genuina y legítima expresión de la voluntad popular, y se secuestra a la autoridad nacional de Copei, utilizando como instrumento a ese patético tribunal.
La alta jerarquía militar avala, pretendiendo representar a todo el universo castrense, estos graves hechos cometidos por la ilegal “alianza cívico militar” que preside el señor Maduro. De esa manera, gracias a un generalato supuestamente socialista, se va definiendo la naturaleza totalitaria del gobierno.
La responsabilidad que asume el alto mando de la Fuerza Armada, convirtiéndose en parte responsable de la más grave crisis que haya sufrido el país desde que se inició el siglo XX hasta nuestros días, reviste características catastróficas muy difíciles de dimensionar no sólo para esa institución sino también y fundamentalmente para la paz y la estabilidad social de la nación.
Convertir los cuarteles en trincheras armadas al servicio del régimen, es olvidar que los militares son ciudadanos que sufren, al igual que los civiles, las penurias originadas en la crisis económica y social que sacude a la nación. Y es forzarlos a violentar el mandato constitucional de ser institución no deliberante, al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de persona o de grupos políticos
Durante décadas el mundo castrense fue apreciado como una de las instituciones de mayor respetabilidad y confianza por parte de la ciudadanía venezolana. Ni siquiera en los tiempos de Pérez Jiménez el ejército fue usado como factor de amenaza para el mundo civil. Se esmeró el dictador en mantener a los militares al margen de la represión que con implacable furor ejerció la Seguridad Nacional. En los estertores de ese régimen, el círculo de uniformados cercanos a Pérez Jiménez le obligó a salir de Pedro Estrada y Vallenilla cuando la policía política se desbordó contra la población, y pretendió invadir y controlar los espacios de la institución armada.
En 1958, fue un militar, el contralmirante Wolfgang Larrazábal, quien condujo al país hacia su recuperación democrática. Luego, durante cuarenta y un años de gobiernos civiles, los militares fueron fieles subordinados a la constitución de 1961. En ese entonces, los presidentes de la república ejercieron con toda autoridad el comando supremo de las fuerzas armadas, mientras el Congreso Nacional decidía los ascensos de los oficiales superiores, y controlaba el funcionamiento de las distintas fuerzas y su manejo presupuestario.
Los medios de comunicación, en aquellos tiempos practicaban libremente su derecho a opinar en torno los acontecimientos militares. Por cierto el mismísimo José Vicente Rangel desde su programa de televisión y a través de sus artículos de prensa, atacaba a generales y vendedores de armas calificándolos como “perros de la guerra” sin que cerraran la estación televisora, le quitaran el papel al periódico que publicaba las denuncia, o metieran en la cárcel a ese denunciante que siempre disfrutó de buena salud en esa Venezuela de libertades plenas.
En contraste con aquella realidad, en esta turbia etapa de la historia nacional ningún medio televisivo o radial permite en sus espacios tocar temas como las millonarias compras de armas a China, a Rusia y a otros gobiernos amigos del régimen. Ni siquiera el acucioso doctor Rangel se molesta ahora en tocar estos asuntos. Tampoco nadie investiga ni puede opinar en profundidad sobre los más de 10 accidentes ocurridos, en los últimos cuatro años, a helicópteros y aviones militares, la mayoría de ellos de fabricación rusa. Por cierto, sobre el último siniestro ocurrido el 30 de diciembre pasado a una de estas aeronaves vendidas por el gobierno del señor Putín nada se ha informado en forma oficial. Sólo se sabe que viajaban 15 personas a bordo, en el espacio aéreo del Estado Amazonas.
Podemos recordar, además, como en la etapa de gobiernos civiles, la opinión de la oficialidad fue respetada al tocarse temas relacionados con las fronteras y la integridad territorial de la nación. Así fue como, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, esa opinión impidió la aprobación de la llamada Hipótesis de Caraballeda, en la que Venezuela salía afectada negativamente frente a Colombia en la delimitación de la zona del Golfo de Maracaibo. Y en tiempos de Jaime Lusinchi cuando la corbeta Caldas penetró el espacio marítimo del Golfo, generando una peligrosa tensión que estuvo a punto de conducirnos a una guerra con el vecino país, los militares al lado del Presidente asumieron la defensa de nuestra frontera acatando las decisiones del poder civil, y haciendo retroceder a las abusivas pretensiones de Colombia.
En cambio hoy, nuestros espacios fronterizos están tomadas por el narcotráfico, por las FARC el ELN y los paramilitares colombianos. Y además en complaciente y calculada negligencia se abandona el reclamo histórico de Venezuela en la Guayana Esequiba, y se entrega el arco minero del Orinoco a poderosas mafias que se roban nuestros metales preciosos, cometen crímenes de forma impune y violentan nuestra soberanía territorial. Todo con el respaldo de la cúpula militar socialista.
