Armando Durán / Laberintos: La MUD contra Luis Almagro
Luis Almagro, secretario general de la OEA, en artículo publicado el martes en el diario El Nacional de Caracas, calificó la actual realidad política venezolana con una afirmación terminante: “en Venezuela hay una dictadura, que no ofrece garantías legales a ningún ciudadano.”
Un día antes, en rueda de prensa, había solicitado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Nicolás Maduro, que según su artículo 20, si se comprueba una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente la democracia en un país miembro, se podrán realizar gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios”, para facilitar un acuerdo negociado entre las partes con la finalidad de restituirla pacíficamente. Esa misma tarde, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional dio la impresión, pero solo la impresión, porque en verdad hizo todo contrario, de darle su respaldo al planteamiento de Almagro.
Según declaró el diputado Stalin González, jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad (MUD), “queremos elecciones, no la expulsión de Venezuela de la OEA.” Luego aclaró que lo que la MUD respalda es la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA, “mas no el artículo 21”, y espera que los “buenos oficios” del organismo se limiten a “gestionar la liberación de los presos políticos, el canal humanitario y el respeto a la Asamblea Nacional.” Por último, González informó que la oposición promoverá “la presión internacional a favor de que se convoquen elecciones (para gobernadores y alcaldes, que debían de haberse celebrado en el último trimestre del año pasado) este año.” Lo cierto es que el único objetivo real de la MUD, no es el cambio político planteado una y otra vez como supuesta consigna de la alianza opositora desde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, sino la conquista de algunos espacios burocráticos, por escasos y condicionados que sean, en una eventuales elecciones regionales que debían haberse celebrado a finales de 2016.
Para un observador desprevenido, estas declaraciones de González, repetidas por el diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, constituyen un espaldarazo a la proposición de Almagro, pero en realidad, constituyen una rotunda refutación a los propósitos impecablemente democráticos de su iniciativa, tal como el propio Almagro anticipó en su artículo del martes al advertir que el camino del artículo 20 de la Carta, “por la vía de los hechos, ya se recorrió durante tres años y fracasó. Desde 2014 a la fecha realizaron gestiones los cancilleres de Unasur, los países miembros de la OEA, los países de Mercosur (que terminaron por expulsar del organismo al gobierno de Maduro), los ex presidentes designados por Unasur, el grupo de los 15 de la OEA, el papa Francisco y el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otros. Y pese a sus esfuerzos, ninguno obtuvo resultados, porque parte del diseño gubernamental era no obtener resultados.”
Por esta grosera conducta del régimen venezolano, y superada en la práctica las gestiones diplomáticas que contempla el artículo 20 de la Carta, la verdadera propuesta de Almagro es otra muy distinta a la que en apariencia respaldo la oposición en la Asamblea Nacional. “De no vislumbrarse a breve plazo, en un período de 30 días”, escribe Almagro, “un camino realmente democrático, con señales claras en esa dirección, como la liberación de los presos políticos, cronograma electoral y canal humanitario, solo queda la suspensión de Venezuela de la OEA, prevista en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”, que de manera inequívoca establece que “cuando la Asamblea General de la OEA, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, con el voto favorable de dos terceras partes de los Estados Miembros, tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación a la OEA.”
Como se recordará, en la primavera del año pasado, Almagro había iniciado gestiones con los gobiernos de los países miembros de la OEA para aplicarle a Venezuela los artículos 20 y 21 de la Carta. La maniobra del régimen chavista para neutralizar esas acciones fue poner en marcha la trampa del llamado diálogo entre representantes del gobierno y de la MUD, con la mediación del ex presidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de Unasur, del ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y de los ex presidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos. La primera reunión de este combo con los representantes del gobierno y la oposición se celebró en el mayor de los secretos, en República Dominicana, a finales de mayo del año pasado, pero al filtrarse la noticia del encuentro a la prensa se produjo un estallido de indignación en la opinión pública venezolana y la MUD se vio obligada a cancelar las futuras reuniones con los representantes del gobierno. El ensayo de este falso diálogo, sin embargo, tuvo un efecto muy favorable para el régimen venezolano, pues su simple existencia le facilitó a los gobiernos de la región la posibilidad de no pronunciarse a favor ni en contra de la propuesta Almagro, y pronunciarse por esperar si se reanudaba el diálogo, que en teoría era la forma ideal de poner en marcha el mecanismo contemplado en el artículo 20 de la Carta para restituir, diplomáticamente y de común acuerdo entre las partes, el ordenamiento constitucional en Venezuela.
Esta iniciativa de buscarle a la crisis venezolana una solución aceptable por la vía diplomática se anotó un gran éxito con la incorporación al grupo original de facilitadores a un representante del papa Francisco y a Thomas Shannon, subsecretario adjunto del Departamento de Estado. Este hecho, a su vez, le permitió a la oposición volver a la Mesa sin pasar demasiada vergüenza, pues según sus voceros más calificados, no podían negarse a una solicitud papal. El proyecto Almagro, por supuesto, se diluyó en esa espesa niebla de la ambigüedad y los muy oportunos malentendidos, pero una vez alcanzado este objetivo, las reuniones de los dos bandos, instaladas en Caracas por el propio Nicolás Maduro, derivaron en lo inevitable, el más absoluto fracaso, como señala Almagro en su artículo del martes, sobre todo porque el régimen chavista, envalentonado por la debilidad de la MUD y la complicidad del Vaticano y del Departamento de Estado, cometió el exabrupto de cancelar la convocatoria del referéndum revocatorio del mandato presidencial de Maduro a pesar de que la oposición había cumplido todos los requisitos necesarios para su celebración. El Vaticano perdió finalmente su paciencia y anunció que se retiraba de la mal llamada Mesa de Diálogo hasta que el gobierno Maduro atendiera debidamente las cuatro exigencias (libertad de los presos políticos, cronograma electoral, canal humanitario y respeto a la independencia y autoridad de la Asamblea Nacional) que le hizo a finales de noviembre el cardenal Pietro Parolin, su secretario de Estado. Por su parte, Shannon, aunque en silencio, también se salió de la suerte por la puerta de la cocina. El diálogo había muerto, al menos, por ahora. Y al menos en su modalidad pública.
Las consecuencias más resaltantes de este fracaso fueron dos. Por una parte, la MUD quedó hecha trizas tras su demostrada incapacidad para enfrentar el desafío del régimen. Tanto, que ante el rechazo unánime del pueblo opositor su secretario ejecutivo renunció a su cargo y los partidos de la alianza, para no desaparecer del todo, designaron una dirección técnica colegiada, que por supuesto nada ha hecho para interrumpir el proceso de deterioro de la MUD, más paralizada y silente ahora que nunca. Por la otra, que Almagro creyó que había llegado el momento de volver a solicitar la aplicación al gobierno Maduro de la Carta Democrática Interamericana, pero dando por realizadas las gestiones diplomáticas y los buenos oficios a los que se refiere su artículo 20, para pasar directamente a la aplicación del artículo 21.
El respaldo acordado el martes por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional pasa por alto el planteamiento de Almagro, con la esperanza de neutralizar por segunda vez en un año las acciones del secretario general de la OEA. Su ilusión es que este rechazo a la auténtica propuesta de Almagro surta el mismo efecto que la pantomima del diálogo tuvo el verano pasado, y le permita a los gobiernos de la región asumir otra vez la cómoda posición de esperar a ver qué pasa, es decir, a ver si en verdad se celebran elecciones regionales a finales de año, que es para lo que se preparan los partidos de la oposición, una posibilidad negada públicamente por Maduro, pero a las que según parece sus negociadores habrían accedido secretamente a cambio de no acompañar la propuesta de Almagro, invocando el artículo 21, de suspender a Venezuela como país miembro de la OEA.
Por ahora, el desenlace de esta patética actuación de la MUD contra la propuesta de Almagro, diálogo con el gobierno Maduro y elecciones regionales a cambio de sepultar por segunda vez la opción de la Carta Democrática Interamericana, nos lo ofreció Almagro al final de su artículo del martes con otra frase terminante: “No estamos en contra del diálogo, estamos en contra del fracaso del diálogo.” Mientras tanto, en las calles de Caracas, se libran las primeras y penosas escaramuzas de la “guerra del pan”, con la expropiación de numerosas panaderías en el centro de Caracas, la protesta de los ciudadanos y la violenta intervención de los grupos paramilitares del gobierno para sofocar la protesta. Todo ello para mayor gloria de una normalidad democrática no burguesa sino revolucionaria y socialista que cuenta con la docilidad de una MUD cada día que pasa más y más desesperadamente del gobierno.