Denuncian al gobierno venezolano y a CEPS por financiación ilegal de Podemos
«La Fundación Centro de Estudios Políticos (CEPS), de la que el hoy secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, fue responsable de análisis estratégicos, recibió más de 300.000 euros anuales del Gobierno de Venezuela entre 2002 y 2012, años en los que el presidente de la República era Hugo Chávez. También han formado parte de esta fundación el actual número dos de Podemos, Íñigo Errejón, y su portavoz, Luis Alegre. En total, entre 2002 y 2012, la fundación CEPS recibió 3,7 millones de euros desde el otro lado del Atlántico, como atestiguan las cuentas depositadas en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura». Es una de las informaciones desveladas por ABC en torno a los contratos entre varias fundaciones vinculadas a miembros de la dirección de Podemos y el Gobierno de Venezuela.
El partido político opositor venezolano Primero Justicia presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía general de la República por la supuesta financiación ilegal del partido político español Podemos por parte del Gobierno de Venezuela.
Según dice Primero Justicia en un comunicado, su diputado Julio Montoya, que presentó la denuncia en la Fiscalía, asegura que el Ejecutivo venezolano «contrató en los últimos años con la Fundación de Estudios Políticos y Sociales del partido Podemos la cantidad de 14 millones de euros».
Montoya indica que esas contrataciones se realizaron a través de diferentes organismos estatales, como la empresa de comunicaciones Cantv, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Ministerio de la Secretaría y el de Alimentación.
El diputado opositor afirma que en los próximos días «presentará documentos que prueban contrataciones entre Podemos y el Estado venezolano» y que además incorporarán al expediente «el nombre de personas vinculadas al Gobierno que tienen empresas que utilizan como fachada para obtener dólares preferenciales que luego transfieren» al partido político español.
En declaraciones a Efe posteriormente, Montoya precisó que los 14 millones se refieren a trabajos de asesoramiento realizados desde 2006 por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) a diferentes instituciones estatales.
«Nosotros creemos que esas asesorías no cuentan con un respaldo importante administrativamente y financieramente en esas instituciones y parecen ser solo una estrategia para lograr financiar a Podemos por esta vía», aseveró.
Según dijo, los recursos fueron asignados «solo por concepto de asesoramiento técnico, pero en ninguna parte constaba, de cuántas horas de trabajo o de qué trataba el asesoramiento, ni sus conclusiones».
Ayuda al Congreso de los Diputados
El diputado señaló que pedirán al Congreso de los Diputados español que les «ayude en esta investigación» y anunció que en los próximos días viajarán a Madrid para «entregar documentos que respaldan» su acusación.
«Estamos solicitando una investigación penal porque creemos que hubo un aprovechamiento ilícito de recursos del Estado, manejo de influencias y estamos pidiendo una investigación penal tanto a los funcionarios como a los ciudadanos españoles que participaron en esa operación», indicó.
Según Montoya, también tienen previsto presentar una demanda sobre el asunto ante el Tribunal de Cuentas español.
