¿Qué implicaciones tiene el desconocimiento internacional de la Constituyente?

Es previsible que un número considerable de países de la región y la Unión Europea no reconozcan el resultado de las elecciones impuestas por Nicolás Maduro para elegir una fraudulenta asamblea constituyente. De hecho, así lo han anunciado ya los gobiernos de Colombia y Panamá. Este hecho tendrá importantes consecuencias a nivel internacional, las cuales formarán parte de la creciente presión internacional para que gobierno y oposición busquen una salida negociada que sea pacífica y, por encima de todo, realmente democrática.

¿Qué dijeron los gobiernos de Colombia y Panamá?

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó que la constituyente “tiene un origen espurio y, por consiguiente, sus resultados tampoco podremos reconocerlos”. Por su parte, un comunicado oficial del gobierno Panamá se refirió a las elecciones, concluyendo que “no reconocerá sus resultados, sobre la base de los vicios que ya se identifican en dicho proceso”.

Dos precedentes similares

No es la primera vez que distintos países de la comunidad internacional desconocen los resultados de un proceso electoral que consideran irregular e ilegítimo.

Crimea: Cien países, en el año 2014, desconocieron el referéndum sobre el estatus político de Crimea, una península ubicada en el territorio de Ucrania. En una votación en la Asamblea General de la ONU, este amplio grupo de países recalcaron que el referendo, al no tener validez, no podía servir de base para modificar el estatus de la península. En consecuencia, desconocieron la decisión de adhesión a Rusia. Apenas 11 países votaron en contra (Armenia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia, Sudán, Siria, Venezuela y Zimbabue), mientras que 58 países se abstuvieron y 24 estuvieron ausentes.

A pesar del amplio desconocimiento internacional al referéndum y la subsecuente adhesión de Crimea a Rusia, ésta ha permanecido bajo el control y administración del gobierno ruso. Sin embargo, esto le ha valido al gobierno de Vladimir Putin la imposición de un amplio paquete de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Australia, ocasionando una importante crisis económica en Rusia.

Honduras: Otro caso reciente y más cercano fue el de las elecciones presidenciales de Honduras en noviembre de 2009. Luego de la detención y expulsión del poder del presidente Manuel Zelaya por parte de las fuerzas armadas en junio de ese mismo año, Honduras fue suspendida de la OEA. Para el mes de septiembre, Estados Unidos y la Unión Europea habían eliminado los programas de asistencia a ese país, advirtiendo que no podían reconocer el resultado de las elecciones previstas para noviembre por el origen ilegítimo del gobierno de turno.

Esa presión internacional ayudó para que Zelaya y Roberto Micheletti (el jefe del Congreso quien había asumido la presidencia luego de la expulsión de Zelaya) acordaran ir a un proceso de negociación para “la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia”. El resultado de las conversaciones fue el Acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado el 30 de octubre de 2009. Allí acordaron la conformación de un gobierno de unidad nacional, la renuncia a llamar a una asamblea nacional constituyente y que las elecciones del mes de noviembre fueran elecciones generales. El texto del acuerdo también solicitó “la inmediata revocatoria de aquellas medidas o sanciones adoptadas a nivel bilateral o multilateral, que de alguna manera afectan la reinserción y participación plena de la República de Honduras en la comunidad internacional”.

Aunque luego Zelaya dio por fracasado el acuerdo, la gran mayoría de la comunidad internacional (salvo Bolivia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) consideró suficiente la realización de elecciones generales para reconocer los resultados y la elección de Porfirio Lobo como presidente.

Las implicaciones del desconocimiento internacional de la constituyente

El desconocimiento de las elecciones de la fraudulenta asamblea constituyente traerá como consecuencia el no reconocimiento de esos países ante la eventual instalación de dicha asamblea y las decisiones que ésta tome. Por consiguiente, aún en el caso que la Asamblea Nacional electa por casi 8 millones de votos fuese disuelta por la constituyente y la Fiscal General destituida, dichos países continuarían reconociendo a ambas instituciones como representantes y autoridades legítimas del Estado venezolano.

La instalación de la fraudulenta asamblea constituyente también podría traer como consecuencia medidas como el retiro de embajadores o el cese de relaciones diplomáticas, más aún si ésta decidiera cambiar el Gobierno presidido por Nicolás Maduro, al cual la comunidad internacional le reconoce legitimidad de origen luego de las elecciones de abril de 2013. El posible efecto práctico de este tipo de decisiones podría ser también la prohibición de sostener relaciones comerciales con las autoridades designadas por la fraudulenta asamblea constituyente para ciudadanos, empresas y gobiernos de los países que así lo decidan, imposibilitando la firma de contratos o cualquier otra forma de relación comercial, financiera, etc.

Las eventuales medidas ya descritas no significarían que los países que decidan tomar esa posición reconocerían a la oposición venezolana o a la Asamblea Nacional como el Gobierno de Venezuela. A los ojos de la comunidad internacional, el Gobierno –independientemente de que no sea legítimo– será aquél que esté ejerciendo control efectivo sobre el territorio, lo que es y será relevante para establecer la responsabilidad de sus funcionarios y del Estado ante las constantes violaciones de los derechos humanos que están sucediendo en el país. En pocas palabras, muchos países podrían tildar al Gobierno como de facto –suspendiendo las relaciones diplomáticas y comerciales– pero Gobierno al fin, con todas las obligaciones que ello conlleva.

Al igual que en el caso de la adhesión de Crimea a Rusia, las medidas diplomáticas muy probablemente vendrían acompañadas de sanciones a funcionarios del Gobierno, de la fraudulenta asamblea constituyente y las autoridades que ésta designe. De hecho, medidas de este tipo ya han sido impuestas por Estados Unidos e inéditamente han sido ratificadas por países como México, Colombia y Panamá. Tampoco se puede descartar la imposición de sanciones económicas, incluso por la Unión Europea, quien ya ha adelantado que evaluaría esa posibilidad.

En definitiva, constituiría un escenario de creciente e inédita presión internacional. Al igual que en el caso de Honduras, el objetivo es influir para que en Venezuela pueda concretarse una salida negociada entre gobierno y oposición, la cual garantice el respeto a la separación de poderes, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y la fijación de un calendario electoral.