Armando Durán / Laberintos – Elecciones regionales: el último golpe de Maduro
Los principales partidos de la oposición venezolana finalmente han vuelto a caer en la trampa electoral, su querencia más obsesiva y natural. En esta ocasión, en la de unas elecciones regionales, previstas en el cronograma del Consejo Nacional Electoral para diciembre del año pasado pero suspendidas en el último momento sin dar ninguna explicación y de pronto convocadas el 23 de junio de este año para diciembre, hasta que hace pocos días una decisión ejecutiva de la espuria Asamblea Nacional Constituyente las adelantó para junio. Elecciones más manipuladas que nunca, ajenas por completo del democrático acto de elegir, apenas una grosera artimaña para neutralizar desde los turbulentos tiempos del 11 de abril de 2002 todos los posibles peligros que han acechado al régimen. Ahora, como opción desesperada para evitarle una catástrofe política que hasta hace pocos días parecía inevitable.
¿Cómo ha ocurrido este desarrollo inaudito de un desastre perfectamente previsible? ¿Por qué, a pesar de que era evidente, al final se prefirió ignorarlo? ¿Acaso el pasado 23 de junio, horas después de que Tibisay Lucena, presidenta del CNE, convocara para este diciembre las elecciones regionales que no se habían celebrado cuando debían por arbitraria decisión inconstitucional del régimen, Julio Borges, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, no formuló la categórica advertencia de que “no caeremos en la trampa de las elecciones regionales.”?
La verdad es que aquella fue la respuesta pública de todos los partidos de la oposición a la maniobra de Nicolás Maduro, quien ese mismo día le había entregado a Lucena las bases sobre las cuales debía el CNE convocar a los venezolanos a la elección de Constituyente cuya finalidad era, en principio, fijar los dos principales términos de un futuro diálogo Gobierno-oposición: la eventual desactivación de las movilizaciones populares que sacudían las calles de toda Venezuela desde el 2 de abril a cambio de cancelar la Constituyente y en su lugar celebrar en diciembre las descartadas elecciones regionales.
Con este turbio propósito el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, venía conversando con dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aunque sin mucho éxito. En primer lugar, porque la magnitud y el tono de las manifestaciones de protesta ciudadana a lo largo de las últimas semanas superaban las expectativas más optimistas de la oposición. Los dirigentes de la MUD no veían necesidad alguna de negociar nada, porque además de contar con un respaldo popular cada día mayor, la decisión de los ciudadanos y las atrocidades de las fuerzas represivas del régimen habían despertado en la comunidad internacional un vasto movimiento de rechazo a Maduro y de apoyo a la causa de la restauración del orden democrático en Venezuela. Por otra parte, el sector más “radical” de la oposición se oponía a reanudar el diálogo con el gobierno hasta que no se hicieran realidad las cuatro condiciones de la Santa Sede, tal como el cardenal Piero Parolin, secretario de Estado del Vaticano, le había comunicado a Maduro en carta fechada el primero de diciembre de 2.015, y que incluía la libertad de todos los presos políticos y el reconocimiento por parte de los otros poderes públicos de las atribuciones y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional.
Precisamente con esa intención negociadora, Rodríguez Zapatero, acompañado por los muy poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, se había reunido el 4 de junio durante dos horas con Leopoldo López en la prisión militar de Ramo Verde, donde el dirigente de Voluntad Popular cumplía larga condena de cárcel. Un encuentro en el que Rodríguez Zapatero, a la oferta general de posibles intercambios entre el Gobierno y la oposición, le añadía a López un tentador ingrediente personal, el beneficio de tener casa por cárcel, régimen desde todo punto de vista muchísimo menos ingrato. No se sabe con exactitud la conclusión a que se llegó en ese encuentro, pero en un video divulgado de inmediato por todas las redes sociales, López, si bien no se refirió a los detalles de la conversación, sostuvo con firmeza que la única estrategia posible para enfrentar al régimen era la calle. Comenzaba así lo que inexplicablemente ha terminado siendo la última etapa de un decepcionante traspié político.
El primer paso de esta estrategia orientada a manejar la crisis venezolana sin sobresaltos excesivos, lo dio el cardenal Parolin con otra carta reveladora, en esta oportunidad dirigida a algunos ex presidentes latinoamericanos del grupo IDEA, interesados en conocer la posición vaticana ante el dramático desarrollo de la situación política y humanitaria en Venezuela. La respuesta del papa Francisco a los ex presidentes Andrés Pastrana y Tuto Quiroga por intermedio de Parolin era breve y su estilo rigurosamente diplomático, pero en ella, si bien mencionaba (aunque sin citarlas) las exigencias indicadas en su correspondencia del primero de diciembre, informaba que para el Vaticano cualquier negociación que se emprendiera con el objetivo de encontrarle “una salida democrática, pacífica y viable a la crisis venezolana” debía comenzar por “la negociación de las elecciones constitucionalmente previstas.” Un punto que no se incluía en su famosa carta a Maduro del primero de diciembre. Peor aún, se introducía esta variable de las elecciones, que en lugar de ser el epílogo de un necesario proceso de transición, pasaba a ser la introducción a una etapa nueva y no conjeturada del complejo proceso político venezolano. Y así, como por arte de magia, el Vaticano hacía que un evento electoral, en lugar de constituir el tramo final de un gran esfuerzo colectivo por reordenar la vida política y social de Venezuela, pasaba a ser la introducción a una historia de cohabitación imposible escrita a escondidas por unos pocos dirigentes de la cúpula política de la oposición.
El segundo paso de esta deriva hacia la coexistencia fue modificar la naturaleza de la lucha popular que para julio llevaba casi cuatro meses de confrontaciones diarias, con más de 120 asesinados por fuerzas policiales, de la Guardia Nacional y de grupos paramilitares, y miles de heridos y prisioneros. El origen de la rebelión civil convocada por todos los partidos de la oposición y la convocatoria a tomar las calles de toda Venezuela para exigir un cambio político profundo, o sea, la salida de Maduro, de su gobierno y del régimen chavista, fue el contenido de las sentencias 155 y 156 distadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 28 de marzo, que según incluso Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República y hasta ese instante pieza clave del régimen, sencillamente rompía el orden constitucional. Se trataba de un golpe de Estado, el gobierno pasaba a ser una dictadura y, en consecuencia, los ciudadanos tenía el derecho y la obligación de invocar los artículos 330 y 350 de la Constitución y devolverle su vigencia a la Constitución y al estado de Derecho. La lucha política adquirió entonces un tono dramático: o dictadura o democracia.
El enigma a despejar es por qué, con el paso de los días y las semanas, la consigna No Más Dictadura, dejó de ser la esencia de la lucha y fue gradualmente sustituida por otra, No a la Constituyente. Consecuencia lógica de este deslizamiento, la realización el domingo 30 de julio de lo que universalmente fue calificado del mayor fraude electoral en la historia de América Latina, permitió que el 30 de julio, una vez que el régimen superó el desafío de ese día, dejó de existir lo que había pasado a ser, sin en verdad serlo, la razón de las grandes movilizaciones ciudadanas.
En ese punto se produjo lo que debemos llamar auténtica debacle opositora. No sólo porque sus dirigentes no habían sabido actuar a lo largo de la última y más humillante confrontación con el régimen para impedir cívicamente la elección, sino que antes de que se apagaran los ecos de la derrota, todos los partidos de la MUD, excepto los de María Corina Machado y Antonio Ledezma, salieron volando a inscribir a sus candidatos para participar en la nueva y terminante burla electoral, las elecciones regionales, con candidatos provisionales en esa primera instancia, pues no había tiempo de celebrar elecciones primarias para escoger democráticamente a los candidatos ya que el plazo para las inscripciones era de muy pocos días. Y como el CNE había anunciado que las elecciones tendrían lugar en diciembre, pues nada, habría tiempo para seleccionar debidamente a los candidatos definitivos. Razón por la cual, el régimen, por intermedio de la Constituyente, poder supremo de todos los poderes, adelantó las elecciones regionales para octubre, dejando una vez más a los dirigentes de la MUD sin aliento y sin saber qué diablos hacer.
Esta es la grave situación política actual. Al acoso sistemático de la oposición, incluyendo la “inhabilitación” política de muchos de sus dirigentes, inhabilitación que le impide ser candidatos a los afectados por la medida, cada día se agregan perturbaciones insultantes, incluyendo la persecución policial y las condenas por parte del TSJ, a la que de pronto se agregó la bochornosa obligación de quienes aspiren a ser candidatos en estas elecciones organizadas y gestionadas nada más y nada menos que por quienes cometieron el mega fraude electoral del 30 de julio, de solicitar una certificación de buena conducta emitida por la Asamblea Nacional Constituyente.
No sabemos hasta cuándo permanecerá abierto este capítulo de la vejación sistemática del otro. Por ahora, la MUD, en muy pocos días, ha perdido la imagen adquirida durante los 4 meses de confrontaciones callejeras. Arrinconada por el amargo rechazo del pueblo opositor que no entiende ni acepta la incoherencia de su oportunista decisión de seguir bailando al son que le tocan los jefes del régimen, a esta desvencijada alianza de partidos desubicados, le quedan muy escasas opciones. Todas ellas malas: seguir recorriendo el camino electoral a sabiendas que sólo podrá aspirar a recibir las migajas que el régimen decida darles, o renunciar a participar en esta trampa electoral, el último golpe de Maduro a los anhelos ciudadanos de libertad. ¡Qué Dios o el Diablo nos agarre confesados!
