El atentado de Barcelona se pudo haber evitado
A medida que se van conociendo detalles sobre el ataque yihadista del 17 de agosto en Barcelona, la evidencia apunta a una conclusión dominante: la matanza se podría haber evitado si no se hubiese omitido o ignorado una serie de alarmas.
No hacer caso de las advertencias de los servicios de inteligencia, tomar medidas de seguridad física o reportar una actividad sospechosa son factores que facilitaron el atentado, que había estado planificándose durante más de seis meses.
El atentado también lo facilitaron las idiosincrasias de la política española, especialmente las tensiones que existen entre el Gobierno central y los líderes del movimiento independentista en Cataluña, la comunidad autónoma de la que Barcelona es capital.
No instalar bolardos en las Ramblas
El atentado de Barcelona se podría haber evitado si los funcionarios municipales hubiesen acatado la orden de instalar bolardos —unos postes verticales diseñados para evitar embestidas de coches— en la Rambla, la principal calle turística de la ciudad.
El 20 de diciembre de 2016, un día después de que un yihadista tunecino embistiera con un camión contra un mercado navideño en Berlín, matando a doce personas e hiriendo a otras 56, la Policía Nacional española emitió una circular ordenando a todos los cuerpos de policía central, autonómica y municipal de España que «implementaran medidas físicas de seguridad para proteger los espacios públicos» para evitar ataques yihadistas «en lugares muy concurridos». La circular advertía:
«Los ayuntamientos deben proteger estos espacios públicos instalando temporalmente grandes maceteros o bolardos en los puntos de acceso o impedir la entrada de vehículos».
Estas medidas nunca se implementaron en Barcelona, porque los líderes del movimiento catalán por la independencia no quería dar la imagen de que recibía órdenes del Gobierno central, en Madrid.
Tras recibir la directiva, la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, acusaron al Gobierno central de «alarmismo» e insistieron en que no darían instrucciones a los ayuntamientos de Cataluña de implantar esa «medida indiscriminada». Los Mossos también dijeron que tenían la amenaza yihadista bajo control, que las policías municipales estaban entrenadas para «detectar síntomas de radicalización» y que no había «amenazas concretas».
Tras el atentado de Barcelona, el teniente de alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello, culpó de la ausencia de bolardos a la Consejería de Interior catalana. «El Ayuntamiento de Barcelona nunca se ha negado a instalar bolardos. Siempre que se ha pedido, lo hemos hecho», dijo Pisarello. Sin embargo, Ada Colau, la alcaldesa izquierdista, se ha negado repetidamente a «llenar Barcelona de barreras», insistiendo en que debía seguir siendo una «ciudad de libertad«.
El Periódico de Catalunya, un periódico de Barcelona, amplió:
«La ausencia total de colaboración policial entre los Mossos d’Esquadra, que es la policía desplegada sobre el terreno, y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil se traduce en una enorme deficiencias de seguridad. La relación entre cuerpos policiales –influenciada por la situación política—es pésima y, en el caso de Mossos y CNP, es más bien de guerra abierta.
El resultado es que los servicios de información de los Mossos, por una parte, y los del CNP y la Guardia Civil, por otra, no se intercambian información alguna. La cooperación se reduce a las relaciones personales de muchos agentes que, sin que sus superiores lo sepan, se ayudan pues, ellos sí ponen por encima la seguridad».
El 19 de agosto, horas después del atentado yihadista de Barcelona, el ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, repitió que sería «adecuado» que todos los ayuntamientos cumplieran la circular de diciembre. Su ministerio emitió una nueva carta pidiendo a todos los ayuntamientos que instalasen elementos de seguridad en los puntos neurálgicos de las ciudades. Está por ver si las autoridades catalanas aplicarán ahora las recomendaciones.
No hacer caso de las advertencias
Se sabe que en junio la CIA alertó a la policía catalana de que Barcelona estaba en el punto de mira de los yihadistas. «Hace dos meses, la Agencia Central de Inteligencia alertó a la policía catalana de una amenaza en las Ramblas», según El Periódico.
Además, el 30 de junio, dos semanas antes del atentado en Barcelona, una cuenta de Twitter vinculada al Estado Islámico advirtió de un ataque inminente contra Al Ándalus, la denominación árabe para esas aquellas partes de España, Portugal y Francia ocupadas por los conquistadores musulmanes entre los años 712 y 1492. Muchos yihadistas creen que los territorios musulmanes perdidos durante la Reconquista cristiana de España siguen perteneciendo al islam y que la ley islámica les da derecho a restablecer allí el dominio musulmán.
Aún se desconoce por qué las autoridades catalanas no aumentaron las medidas de seguridad a la luz de las advertencias y amenazas. El Periódico escribió:
«Barcelona se ha convertido en los últimos años en una ciudad conocida en todo el planeta. Tanto por su atracción como destino turístico como por el impacto mediático del Barça, la capital catalana es un icono mundial. Y a ojos de los yihadistas, eso la convierte en un objetivo prioritario, pues estos persiguen atentar en emplazamientos que generan un gran impacto a nivel internacional.
No obstante, ni las autoridades ni los ciudadanos parecen haberse dado cuente de que su ciudad está en la misma lista de objetivos que otras grandes urbes como Nueva York, parís, Londres o Madrid»
No reportar sobre actividades sospechosas
Los yihadistas prepararon el atentado de Barcelona en un chalet de la ciudad costera de Alcanar, situada 200 kilómetros al sur de Barcelona. Hace un año, la célula terrorista okupó la propiedad, que había sido embargada y estaba vacía. La ley española protege a los okupas, así que es frecuente que los jóvenes catalanes se hagan con inmuebles vacíos. Esto podría explicar por qué los vecinos no llamaron a la policía.
Mucho más difícil de explicar es por qué nadie reportó la actividad sospechosa en el chalet. En el transcurso de varios meses, los yihadistas reunieron más de cien bombonas grandes de butano, que los investigadores creen que iban a ser usadas para un coche bomba. Una explosión el 16 de agosto, la noche antes del atentado de Barcelona, arrasó el inmueble. Los investigadores encontraron después restos de peróxido de acetona (TATP), también conocido como la Madre de Satán, una sustancia explosiva muy utilizada por los miembros del Estado Islámico en Europa.
No seguir las pistas
La policía encontró los restos de al menos dos personas entre los escombros del chalet de Alcanar. El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, confirmó que uno de los cuerpos era el de Abdelbaki Es Sati, un clérigo musulmán sospechoso de organizar la célula terrorista y radicalizar a sus miembros.
Es Sati, ciudadano marroquí que vivía en la ciudad catalana de Ripoll, atendía una mezquita de la ciudad. Había sido condenado por tráfico de drogas y pasado cuatro años en una cárcel de Valencia, donde se cree que conoció a Rachid Aglif, apodado el Conejo, uno de los principales conspiradores de los atentados de Madrid en 2004 que dejaron 192 muertos y 2.000 heridos. La policía investiga ahora si Es Sati estuvo implicado en los atentados del ISIS en el aeropuerto y el metro de Bruselas en 2016.
Ali Yasine, director de la mezquita de Ripoll, dijo que él había informado sobre Es Sati a la Policía Municipal hacía más de un año, siguiendo un protocolo de seguridad para vigilar a los predicadores musulmanes. Las autoridades no lo pusieron, sin embargo, en su lista de vigilados, pese a que había sido condenado por tráfico de drogas e incumplido las normas españolas sobre inmigración.
La política catalana sobre inmigración alimenta la radicalización
Cataluña no sólo tiene la mayor población musulmana de España, también es una de las regiones más islamizadas del país. Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes, incluida una cifra estimada de 510.000 musulmanes, que suponen alrededor del 7% de la población total. En algunas localidades catalanas, sin embargo, la población musulmana es superior al 40%.
En su libro Yihadismo: la amenaza del islamismo radical en Cataluña, el analista catalán sobre terrorismo Jofre Montoto calcula que al menos el 10% de los musulmanes de Cataluña son «radicales» que creen ciegamente en la «doctrinas del yihadismo».
Un cable diplomático de cinco páginas fechado el 2 de octubre de 2007 describía el vínculo entre la inmigración masiva a Cataluña y el crecimiento del islam radical en la región:
«La fuerte inmigración —legal e ilegal— del norte de África (Marruecos, Túnez y Argelia) y del Sudeste Asiático (Pakistán y Bangladés) han convertido a Cataluña en un imán para reclutar terroristas […] La Policía Nacional española calcula que podría haber hasta 60.000 pakistaníes viviendo en Barcelona y los alrededores; la inmensa mayoría son hombres, solteros o sin pareja, y sin documentación legal. Hay aún más inmigrantes de este tipo del norte de África […] Viven en los márgenes de la sociedad española, no hablan el idioma, suelen estar en paro, y tienen muy pocos lugares para practicar su religión con dignidad. […] Individualmente, estas circunstancias serían un terreno fértil para el reclutamiento terrorista, tomadas en conjunto, la amenaza es evidente […].
«Hay pocas dudas de que la comunidad autónoma de Cataluña se ha convertido en una base fundamental para las operaciones de la actividad terrorista. Las autoridades españolas nos dicen que temen la amenaza de estas comunidades atomizadas proclives al radicalismo, pero que tienen muy poca información o capacidad para penetrar estos grupos».
Muchos de los problemas de Cataluña con el islam radical son autoinfligidos. En un esfuerzo de promover el nacionalismo catalán y la lengua catalana, los partidos independentistas catalanes han fomentado deliberadamente la inmigración de los países musulmanes de lengua árabe durante más de tres décadas, creyendo que estos inmigrantes (a diferencia de los de América Latina) aprenderían la lengua catalana en vez de hablar español.
Aunque algunos catalanes empiezan a cambiar de opinión sobre la sensatez de promover la inmigración masiva musulmana como estrategia para alcanzar la independencia de Cataluña, al menos 10.000 catalanes vinculados al movimiento separatista se han convertido al islam en los últimos años.
Se cree que dos de cada diez radicales catalanes pertenecientes a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido político de extrema izquierda, son conversos al islam. ERC, que ahora gobierna Cataluña, se ha negado vehementemente a firmar un acuerdo de cooperación con el gobierno central en Madrid para luchar contra el terrorismo yihadista.
Soeren Kern es analista de política europea para el Instituto Gatestone en Nueva York. Síguelo en Facebook y en Twitter.
