El documento incautado por la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no está fechado y establece el camino diseñado por Junts pel Sí desde las elecciones de 2015 hasta ahora. Un camino en el que ya aventuraban la reacción del Gobierno central, la actuación de la Justicia, de la Policía y la asfixia económica para lo que diseñaron acciones que condujeran «a un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado». «Los jefes políticos y policiales de los Mossos están totalmente involucrados en este proceso separatista«, afirma de forma taxativa el informe intervenido y entregado al juez.
La Declaración Unilateral de Independencia «generará un conflicto que bien gestionado puede llevar a un Estado propio» porque, según los redactores del informe «el Estado español no reconocerá el derecho a hacer un referéndum, pero si lo ve todo perdido, lo hará hacer para que lo perdamos».
Esta determinación a no evitar el conflicto queda patente en otro apartado del informe en el que se dice textualmente: «El momento cuando haya una clara determinación ciudadana a darle apoyo y a implicarse activamente y con complicidad internacional, se ha de comenzar de una manera conservadora incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado, bajo el liderazgo y con coordinación de todos los actores implicados y sin ningún genero de duda de acciones y calendarios».
En el folio número 40 del documento intervenido por la Guardia Civil se habla de los estrategas que desde la sombra marcarían el camino del futuro Gobierno. El plan contempla un comité estratégico y un comité ejecutivo. En el comité ejecutivo se incluyen los secretarios generales de presidencia y vicepresidencia (el propio Jové), los directores de las oficinas de desarrollo y autogobierno, profesionales expertos en los distintos ámbitos del proyecto y consejeros o secretarios generales ad hoc, según las temáticas a tratar.
El comité estratégico estaría formado por el presidente del Govern, el vicepresidente, miembros de ambos de grupos parlamentarios independendistas, presidente y vicepresidente de ANC, OMNIUN y AMI, entre otros. Destacan que los presidentes de la ANC y OMNIUM son Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente. El Gobierno de transición evaluará los riesgos de la misma y creará las herramientas de contingencia y comunicación. «Una vez realizado ese trabajo convocará elecciones cuando sepa que habrá un nuevo Parlamento independentista», aventura.
La correcta gestión de los calendarios para lograr la independencia es otra de las obsesiones de los redactores del informe. En el folio 41 se establece que el denominado Gobierno de la transición (etapa 1) llegaría hasta septiembre de 2018 siempre que se garantice la mayoría independentista con lo que se podría formar un Gobierno de Independencia (etapa 2) que llegaría a septiembre de 2022, “pero que podría declarar la independencia el día después de su constitución o el día anterior a su disolución”.
La hoja de ruta de los independentistas establece tres objetivos importantes para lograr sus fines: sumar mayorías, inspirar confianza y trabajar con garantías. «Cumplir con los tres objetivos es el mínimo imprescindible para encarar con garantías de éxito», señala su autor. Y hace especial hincapié en la credibilidad internacional puesto que «precipitar una declaración de independencia sin haber trabajado a fondo estos valores la haría poco atractiva a los ojos de la comunidad internacional (estrategia vista internacionalmente como escrupulosamente democrática y que puede ser un socio fiable«).
Sobre el discurso más apropiado para lograr sus fines aconsejan fortalecerlo «en las razones racionales y emocionales de un Estado propio más que en los agravios de España y con una estrategia de comunicación compartida por todos los actores soberanistas». Se planifican, también, las nuevas estucturas del Estado y las leyes de desconexión. Respecto a estas últimas contemplan la de transitoriedad jurídica, aprobada recientemente y derogada por el Tribunal Constitucional, así como otras imprescindibles para el funcionamiento del nuevo Estado.
El plan reconoce que hay que partir de las actuales estructuras ( Mossos d´Esquadra, CTTI etc) y nuevas (Hacienda propia, agencia de protección social, poder judicial, etc) y que a todas ellas hay que dotarlas de financiación y personal. «Hemos de asegurar el funcionamiento mínimo imprescindible de todas las estructuras del Estado para gestionar la desconexión y el nacimiento del estado propio». Y para seducir a los indecisos propone pasar del «mejor unidos» al «mejor amigos» y de «romper España» a «ayudar a España».
La hoja de ruta no puede ser pública, pero el objetivo es «que la gente sepa que existe, que es ejecutable y que bien gestionado acabará comportando o el reconocimiento internacional o un referédum forzado con el Estado, pero no se ha de hacer público con detalle».
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