¿Y si vuelve a ganar el independentismo?
Una semana pensamos que ya entramos en una nueva normalidad y a la siguiente regresamos a la máxima tensión
Como en la ducha turca pasamos del agua hirviendo a la helada. No es extraño que el estrés y la angustia aumenten entre la ciudadanía. Una semana pensamos que ya entramos en una nueva normalidad y a la siguiente regresamos a la máxima tensión. Ahora se dibuja de nuevo el escenario de una nueva victoria del independentismo en las elecciones del 21-D, por encima de la retahíla de desastres sin paliativos que ofrece la mayoría parlamentaria ahora suspendida tras sus 20 meses de desgobierno más que de gobierno. De nuevo, pesa más la política de las emociones, impulsada por el encarcelamiento de medio gobierno y la huida de la otra mitad, con el expresidente a la cabeza.
A nadie le gusta en Cataluña este paréntesis sin gobierno, con encarcelamientos y con una incertidumbre creciente como horizonte, y por eso hay pocas dudas de que muchos votantes decepcionados por el proceso, candidatos a cambiar de voto o aumentar la abstención, volverán a alinearse con el independentismo como reacción a la dureza de la justicia y que otros votantes que nunca se habían adherido a la independencia se verán impelidos a hacerlo ahora. Esto si no se produce un nuevo giro, lo que no sería extraño, que volviera a descolocar al independentismo como lo hizo la aplicación corta y con elecciones inmediatas del artículo 155.
Así, la cuestión que se plantea y que hay que discutir es qué sucedería si ganara con mayoría absoluta una coalición o un conjunto de listas electorales formadas por los partidos que han protagonizado el Proceso. Y más aún, ¿qué sucedería si esta coalición o estas formaciones estuvieran encabezadas por los presos y por los huidos, con la explícita intención de convertir la elección en una absolución por las urnas de los presuntos delitos por los que se les quiere juzgar, a imitación del que sucedió en 1936 con Lluís Companys? Partimos del principio, sobre el que se necesitarían aclaraciones bien explícitas por parte de Moncloa, del levantamiento del artículo 155 al día siguiente de las elecciones, una vez hay un nuevo parlamento y un nuevo gobierno.
A primera vista, hay que decir que es difícil volver a repetir la historia. La aplicación que ya se ha hecho del 155, concebido como una herramienta de disolución de un gobierno y de un parlamento que se han situado fuera de la ley, permite pensar que se puede volver a aplicar cuantas veces sea necesario si se dan unas circunstancias similares. Parece bastante claro que esta experiencia ha introducido ya una mutación en el Estado autonómico, de forma que la falta de lealtad federal, cuando llega a un grado tan notable como es la abolición de la vigencia de la Constitución —que tal ha sido el caso de las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento los días 6 y 7 y septiembre— puede ser castigada inmediatamente con el uso del 155 para enviar el gobierno y el parlamento a su casa y convocar nuevas elecciones.
Que se vuelva a aplicar no significa que se tenga que aplicar necesariamente si ganan las elecciones los independentistas. Sería dar la razón a Puigdemont cuando aseguró desde Bruselas que habría dos tipos de electores, quienes sabían que su voto serviría y los que sabían que su voto no podría llevar a la aplicación del resultado electoral, y se preguntó si se pretendía prohibir la idea independentista. Llevar la independencia en el programa electoral es legítimo pero no lo es pretender aplicar el programa a toda costa, incluida la utilización de medios ilegales. Sólo se volvería a aplicar si la mayoría independentista quisiera otra vez prescindir de la legislación constitucional española y declarar la independencia, fuera inmediatamente o fuera en un plazo más lejano de la legislatura.
Esto ya no es posible. El programa de estos partidos puede incluir la amnistía para los presos, la anulación del 155 y la reforma del Estatuto y de la Constitución para obtener la independencia, y nadie les puede prohibir que gobiernen dentro de la legalidad para aplicar este programa, pero lo que no pueden pretender ni tendrá ninguna credibilidad entre sus propios electores es que pretendan repetir simplemente la jugada.
Que todo el mundo se tranquilice. Gane quien gane las elecciones, nada tiene que pasar en este capítulo. Las elecciones no pueden servir ni servirán de referéndum sobre la república catalana, ni siquiera si se pretendiera contabilizar los votos a favor de la república. Serán unas elecciones autonómicas. No habrá que elegir entre dos únicas opciones, como si fuera entre sí y no, porque no habrá dos únicas opciones, como a algunos les gustaría. Al margen de lo que hagan los tribunales, la salida al conflicto deberá ser, ahora sí, a partir de las cuentas de votos que den las urnas y del diálogo político que se deduzca. Y aquí sí que se la juega Rajoy, que es quien las ha convocado, por cierto, sin mucha comprensión dentro de su partido.
