¿Menos violencia se traduce en menos inseguridad?

El reto ya no está en saber el tamaño de problema, sino atender sus causas para que las políticas públicas generen consecuencias positivas en la percepción ciudadana de inseguridad y la eficacia de la autoridad.

Actualmente, México vive una ola de iniciativas –concluidas o en proceso, públicas o privadas– que buscan mejorar el desempeño de la procuración de justicia. No obstante, tienen sustento en información que describe los efectos de la violencia e inseguridad y no en sus causas. 

El indicador de violencia más socorrido en el debate público mexicano, el homicidio doloso (intencional), concluyó en 2017 en su nivel más alto en los últimos 20 años. Según datos recopilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, México sumó más de 25 mil homicidios dolosos bajo investigación criminal durante ese año. Como es de esperarse, esos niveles de violencia también han influido en la percepción ciudadana de inseguridad que se ha incrementado casi 8% en los últimos cinco años. En 2017, el 74.3% de los mexicanos percibía a su entidad como insegura^[1].

Esa apreciación se agudiza más en los centros urbanos. Los datos de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI (diciembre, 2017) indican que para las principales ciudades del país, el 76% de los ciudadanos considera que su entorno es inseguro. 

Con estos datos se podría pensar que, a pesar de que la percepción de inseguridad ciudadana guarda un importante elemento subjetivo que es difícil de controlar, las entidades que muestran los mayores niveles de homicidios dolosos concentrarían también a los individuos que se sienten más inseguros. Sin embargo, en la primera gráfica se observa que las entidades con las tasas de homicidios dolosos más bajas no necesariamente son aquellas en las que su población se siente menos insegura. Es decir, menos violencia no significa que haya más seguridad.

Cuando se consulta a la ciudadanía si las autoridades son efectivas en su labor, la pregunta en términos coloquiales es que si creen que cumplen o no adecuadamente con su trabajo. En temas sensibles como la seguridad pública, las personas no tienen muchas opciones para acceder a información que les permita responder a ese cuestionamiento.

Una de las opciones más accesibles para saber si la autoridad es eficaz son los medios de comunicación. Sin embargo, cuando la autoridad orienta su política criminal hacia la contención de los efectos de la violencia con acciones que generan alto impacto mediático, como la detención o abatimiento de algún líder delictivo, eso no se traduce precisamente en cambios palpables para la vida de las personas que manifiestan sentirse inseguras.

Al ciudadano promedio, sin duda, le debe interesar lo que pasa en el país y en su entidad, pero también es innegable que le preocupa que su vida se desarrolle en condiciones de seguridad. Al respecto, la ENSU muestra que para la población las situaciones que generan la mayor sensación de inseguridad no son la captura de un capo o el abatimiento de un líder con ficha roja. Más bien, 82.3% de los mexicanos se siente inseguro al acudir a un cajero automático, 72.9% al hacer uso del transporte público y 68.2% al transitar por las calles que utiliza con frecuencia.

Es así como la inseguridad se manifiesta en la vida cotidiana de las personas que van a su casa, a la escuela, al trabajo, o a cobrar su sueldo, no en el cumplimiento de una orden de aprehensión de alguien que ven en la televisión. Además, con base en datos oficiales, la segunda gráfica muestra que incluso en aquellas entidades en donde se reporta menor nivel de violencia, los gobiernos son percibidos como ineficaces.

Dentro de las principales razones por las que se toma en consideración al homicidio doloso como el indicador de violencia están, por una parte, que cuando se tiene a una persona que perdió intencionalmente la vida es más difícil sustraerse de las consecuencias. Por la otra, que eso se puede comparar dentro y fuera de México y así construir estadísticas que arrojen una medición de violencia.

Sin embargo, más allá de los datos cuantitativos que expliquen cuánto creció o disminuyó la violencia o la inseguridad, el reto ya no está en saber el tamaño de problema, sino atender sus causas para que las políticas públicas generen consecuencias positivas en la percepción ciudadana de inseguridad y la eficacia de la autoridad. De lo contrario, no será extraño escuchar que 2018 fue el año más violento y más inseguro, y que a pesar de las acciones emprendidas, la población se sigue sintiendo insegura.