El Estado orwelliano de Daniel Ortega

MANAGUA, Nicaragua — En diciembre de 2017, alguien en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó de bostezar y recordó que había un tramo de tierra más allá del sur de México llamado Nicaragua que necesitaba atención. Entonces, junto con casi una docena de empresarios y políticos de varios países, Estados Unidos acusó por fraude electoral y corrupción a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) nicaragüense. Rivas cayó en la volteada por efecto de la Global Magnitsky Act , una ley sancionada por el Congreso de Estados Unidos en 2012 con el propósito de perseguir a corruptos y abusadores de los derechos humanos en todo el mundo.

Por casi dos décadas, Rivas dirigió la oficina electoral de Nicaragua a la vez que construyó una fortuna inexplicable compuesta de varias mansiones en Centroamérica, una colección de carros de lujo, un yate y hasta un petit palace de nueve millones de euros en el exclusivo Parque Conde de Orgaz de Madrid donde tiene casa Zinedine Zidane. Hasta comenzar a amasar esa fortuna, Rivas era propietario de una finca de café y tenía un sueldo de 60.000 dólares anuales en el CSE.

Pero también tenía un amigo, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007. Rivas está acusado de operar de manera fraudulenta las elecciones de 2006 y 2011 que permitieron la consolidación de Ortega. En 2016, la Corte Suprema de Justicia junto con el CSE descabezaron a la oposición y Ortega, que llevó como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo, ganó las elecciones sin supervisión electoral.

Ahora que Rivas necesitaba que le devolvieran el favor, el presidente estuvo a la altura. Rivas fue removido de sus funciones en el CSE, pero Ortega le otorgó un cargo honorario que mantendrá su inmunidad judicial. “Este es un Estado sinvergüenza que reconoce y exhibe a la vista pública la corrupción de sus más altos funcionarios y al mismo tiempo les brinda protección”, escribió Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, uno de los pocos medios independientes del país.

El ojo del Tesoro estadounidense sobre Rivas y la posible sanción de la Nica Act, que condiciona la provisión de préstamos internacionales a la democratización del país, son señales nada amistosas para Ortega. De modo que la separación de Rivas podría leerse como un intento de evitar mayores sanciones inmediatas por parte de Estados Unidos, pero también como un acto gatopardista y una demostración del poder omnímodo de Ortega en esa finca suya llamada Nicaragua: si Roberto Rivas vivió como potentado fue porque el presidente lo permitió.

Desde su regreso al poder, Ortega y su esposa volcaron el Estado a su servicio hasta cimentar un eficiente sistema de control sobre la oposición y la sociedad civil. El financiamiento de Venezuela —vía las empresas estatales Albanisa— y una llamativa disposición a facilitarle negocios a los empresarios de Centroamérica han provisto capital para sostener al viejo guerrillero. El destino de los fondos de la ayuda venezolana es reservado y el presidente ha modificado los marcos legales a conveniencia. Hoy casi no hay licitación que no favorezca a una compañía amigable.

El desplazamiento de Rivas fue una confirmación de ese poder orwelliano: Ortega hoy controla los aparatos que legislan, juzgan y castigan y es dueño de la llave de la economía de Nicaragua. La Policía, el Ejército, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema le responden. Los tribunales inferiores, la fiscalía y la contraloría están minados de sus seguidores. Empresarios otrora enemigos comen hoy tanto de su mano que hasta defienden sus políticas.

Toda la actividad política y social de Nicaragua es vigilada por los espías del gobierno. El aparato de seguridad del Estado sandinista —una vasta red de militantes, agentes y soldados— fue formado en tiempos de la policía secreta de la antigua Alemania Oriental. Entonces espiaba para defender la revolución de los contras financiados por Estados Unidos, pero se reconvirtió cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió las elecciones de 1990. Una porción hizo carrera como fiscales y magistrados, otra controla las fuerzas armadas y una tercera acabó en el Banco Central, la hacienda y el seguro social. El resto opera como espías más o menos formales.

El poder de intimidación de esa inteligencia radica en diseminar paranoia y ha sido exitosa en conseguir que la sociedad desconfíe y se vigile a sí misma: en Nicaragua, nadie actúa con libertad si sospecha que su vecino puede ser el enemigo.

Sobran ejemplos. Un día almorcé con dos opositores y cuando uno mencionó el “régimen de Ortega” las mesas próximas callaron por minutos. Un empresario me comentó que tenía el teléfono intervenido y otro que el suyo estaba clonado; ambos suponían que por la policía. La tensión era también visible en una economista a la que pregunté si creía que las paredes oían. “Aquí hay libertad de expresión, pero te responsabilizarán por todo lo que digas”, dijo después de mirar por encima de los hombros.

Cercar los discursos disidentes —el gobierno se esfuerza por atemorizar a los críticos y mantener control directo o indirecto de casi toda la televisión mientras los escasos medios independientes sufren privaciones económicas— ha permitido a Ortega actuar sin rendir cuentas políticas o económicas. El Banco Mundial, por ejemplo, pidió la reforma del sector público para hacerlo más transparente ante la excesiva concentración de poder, pero poco ha sucedido.

La crisis tiene dimensión de hipoteca generacional para Nicaragua porque, aunque Ortega dejase el poder mañana, el Estado dentro del Estado construido por el FSLN seguiría enquistado mientras los socios del presidente mantengan puestos clave en el congreso o la corte de justicia.