El papel de México en la crisis nicaragüense
CIUDAD DE MÉXICO — Más de 350 personas, la mayoría estudiantes y manifestantes, han muerto desde abril en Nicaragua, donde una reforma de pensiones, que al final se revocó, inició un movimiento social masivo que busca la renuncia del presidente Daniel Ortega.
La cantidad de muertos, encarcelados y desaparecidos es sorprendente para un país con poco más de seis millones de habitantes. Casi cuarenta años después de que Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocaron a la dinastía corrupta y sangrienta de los Somoza —que gobernó Nicaragua durante casi medio siglo—, estudiantes y activistas exigen la salida de lo que consideran una repetición histórica imperdonable. Su grito de protesta es: “Ortega y Somoza, son la misma cosa”.
Sin distinciones, están siendo atacados campesinos, activistas, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y líderes de la oposición históricos y actuales; manifestantes mujeres e incluso niños se han vuelto víctimas de los escuadrones de matones de Daniel Ortega. El régimen se está convirtiendo a toda velocidad en una dictadura, una situación que las comunidades latinoamericana e internacional deberían detener a toda costa. Nadie quiere otra Venezuela en la región.
Aunque al principio la respuesta de las organizaciones regionales e internacionales a la represión en Nicaragua fue lenta, recientemente ha comenzado a adoptar un papel más activo. La semana pasada, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió una declaración en la que condenaba la violencia y la Organización de Estados Americanos (OEA) también aprobó una resolución condenatoria y exhortó a que se celebren elecciones presidencias “libres, justas y oportunas”. Un grupo ad hoc de naciones de América Latina, incluyendo Argentina, Brasil y México, ha denunciado la matanza en Managua y en la icónica ciudad de Masaya, que albergó la resistencia más heroica contra Somoza en la década de los setenta.
Un grupo de países está trabajando tras bambalinas con la Iglesia y la comunidad empresarial —así como con Estados Unidos— para negociar un acuerdo que exige tres elementos cruciales. Primero, el fin de la represión y del uso de escuadrones paramilitares o de matones que golpean o asesinan a los estudiantes. Segundo, la renuncia de Rosario Murillo —la esposa de Ortega, vicepresidenta y el poder tras el trono— y su promesa de que no contendrá a la presidencia en las próximas elecciones. Tercero, convocar elecciones con observadores internacionales a principios del próximo año y la renuncia previa del presidente. Este esfuerzo de intermediación y el acuerdo consiguiente pueden o no tener éxito, pero al menos se está haciendo algo para poner fin al baño de sangre.
A diferencia de la situación en Venezuela —un país que, además de la represión y las violaciones a otros derechos humanos, ha enfrentado una crisis humanitaria, económica y migratoria durante varios años—, la encrucijada nicaragüense podría resolverse a través de la cooperación regional e internacional. Nicaragua carece de lo que Venezuela tiene: petróleo y respaldo ruso y chino. Sin embargo, hay dos obstáculos importantes en el camino.
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega, acompañado de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, celebra el 39 aniversario de la revolución sandinista el 19 de julio de 2018. Credit Jorge Torres/EPA, vía Shutterstock
El primero es el apoyo continuo de buena parte de la izquierda latinoamericana al régimen de Ortega. Apenas la semana pasada en La Habana, los más de 430 participantes del Foro de São Paulo —el encuentro anual de partidos políticos de izquierda y otras organizaciones de América Latina y el Caribe iniciada en 1990— manifestaron su solidaridad con Ortega y condenaron a “los grupos terroristas de la derecha golpista” que intentan derrocarlo con, por supuesto, el apoyo del imperialismo de Estados Unidos. Además del presidente cubano, los mandatarios de Venezuela, Bolivia y El Salvador asistieron a la reunión, con la presencia de una expresidenta brasileña y representantes de organizaciones influyentes de centroizquierda afines a Ortega, provenientes de Colombia y Ecuador.
La izquierda latinoamericana ya no es lo que era hace solo cinco años, pero continúa siendo poderosa, además de estar bien organizada y conectada. Aunque en la actual camarilla de Ortega queda poco de la vieja mística sandinista, todavía cuenta con el respaldo tradicional internacional y regional. Este apoyo fue determinante para llevarlo al poder en 1979 y puede ser igualmente fundamental para mantenerlo hoy.
El segundo obstáculo es México. Este país desempeñó un papel clave en 1979, ya que encabezó la oposición regional contra Somoza y a la intención del gobierno de Jimmy Carter de mantener un “somocismo sin Somoza”. Por ende, apoyó al régimen sandinista, al igual que la paz negociada en Centroamérica.
En el año 2000, México abandonó su tradicional política exterior de no intervención y enfatizó la defensa colectiva de los derechos humanos y la democracia en la región. Entre 2007 y 2015 se intentó de manera poco entusiasta regresar a la postura del pasado. Con Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, el país ha atribuido una importancia mucho mayor a los valores universales que a la introversión y el aislacionismo tradicionales.
Fue así hasta el 1 de julio de este año. En esa fecha, Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente en una victoria aplastante que dará un giro radical a la política en México, y es posible que ocurra lo mismo con la política exterior. Una coalición amplia compuesta de moderados de centroizquierda, protestantes conservadores, radicales de extrema izquierda y nacionalistas tradicionales le dio la victoria con el 53 por ciento del voto, 32 puntos arriba del contendiente en el segundo lugar, Ricardo Anaya. Una de sus propuestas más repetidas fue la de crear una nueva política exterior para México.
El 5 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador presentó a Marcelo Ebrard como su elección de secretario de Relaciones Internacionales en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Credit Carlos Jasso/Reuters
Entre las directrices que López Obrador ha enfatizado se ve un regreso obcecado a la postura tradicional de México de no involucrarse en la política de otras naciones ni expresar opiniones sobre la situación de los derechos humanos en otros países. Su futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que la sola discusión de los casos de Nicaragua y Venezuela en la OEA era equivalente a interferir en los asuntos internos de estas naciones. Por lo tanto, el nuevo gobierno, que asume el poder el 1 de diciembre, se abstendrá de llevar adelante dichas iniciativas. López Obrador envió a la presidenta de Morena, su partido, al Foro de São Paulo en La Habana, cuya declaración final firmó. Otro de sus enviados pronunció un contundente discurso de apoyo a los gobiernos latinoamericanos de izquierda, incluyendo al de Nicaragua.
En otras palabras, México, la segunda nación más grande de la región, ya no será parte de la alianza latinoamericana que buscaba, sin tener éxito hasta ahora, una solución a la pesadilla venezolana y la crisis nicaragüense.
En el mejor de los casos, desde la óptica de los derechos humanos y la defensa de la democracia, México mirará hacia el interior de manera reflexiva y sencillamente se distanciará de cualquier desafío regional. En el peor, se alineará con regímenes como el nicaragüense y el venezolano aludiendo al principio de la no intervención pero, en realidad, simpatizando con ellos en lo político y lo ideológico.
Para que el esfuerzo actual por encontrar una solución en Nicaragua tenga éxito, debe dar resultados antes de diciembre, mientras el gobierno de Peña Nieto siga en el poder y se mantenga activo en ese frente.
Aunque López Obrador debería condenar el derramamiento de sangre en Nicaragua y apoyar los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto y de la OEA para dar con una solución y defender los derechos humanos en la región, es poco probable que lo haga. Después del 1 de diciembre, no cuenten con México.
