El Lava Jato argentino
El exviceministro de Planificación, Roberto Baratta, detenido por la policía en la causa de los AFP
El llamado caso de “los cuadernos de los sobornos” es un Lava Jato argentino aunque con la diferencia, por ahora, de que la Justicia no investiga a funcionarios del Gobierno, como en Brasil, sino a exfuncionarios y a encumbrados miembros del establishment económico argentino. Nunca en la historia de Argentina, los dueños o gerentes de grandes empresas como Techint o Roggio o multinacionales como la española Isolux habían desfilado por los tribunales por corrupción. La corrupción es como el tango, se baila de a dos y muy juntitos, pero hasta ahora solo los políticos debían presentarse ante los jueces. El hecho de que haya 12 empresarios bajo el régimen del arrepentido rompió el pacto de silencio que por décadas ocultó los pagos de coimas, como se dice en el argot argentino, y empezó a crear despechados, viudas del poder.
La decisión del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli de ordenar la detención de los empresarios más nombrados en los cuadernos del exsuboficial del Ejército y chófer Oscar Centeno quebró, a principios del caso hace dos semanas, al exgerente de Isolux, Juan Carlos De Goycoechea. A diferencias de los políticos, un par de empresarios “lloraron como una Magdalena ante el juez y decían que no querían pasar un día presos”.
Centeno escribió esos ya famosos ocho cuadernos como una forma de protección y para tratar de extorsionar a los funcionarios K. El relato de cómo Roberto Baratta, la mano derecha del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, había creado un minucioso sistema de recolección y distribución de sobornos es un hilo conductor para otras 60 causas por corrupción contra kirchneristas abiertas en los tribunales. A los cuadernos se sumó el efecto de los despechados.
De Goycoechea había sido despedido a principios de año por la casa central por la causa madre de este escándalo: la construcción de una central térmica que iba a ser alimentada por el carbón de la mina de Río Turbio, ubicada en la parte más austral de Santa Cruz, la provincia de los Kirchner. La central no entró en funcionamiento y se intentó pagar por ella, según el fiscal Stornelli, un “sobreprecio de mil millones de pesos” (unos 55 millones de dólares al cambio de esa época). De Goycoechea quedó solo y fue el primero en delatar a otros para negociar una reducción de penas. Luego fue el expresidente de Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, quien nombró a otros, y después le tocó el turno al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, un personaje clave en esta trama oscura.
Wagner, dueño de la constructora Esuco, admitió que durante el kirchernismo se pagaron sobornos de entre “el 15 y 20 por ciento del precio” de los contratos. Habían superado “el Diego”, como llaman los empresarios al 10%, por Maradona. Wagner nombró a uno de los hombres de confianza de De Vido –preso en la causa por la mina de Río Turbio-, Claudio Uberti, quién se convirtió en otra viuda del poder porque en 2007 había sido abandonado por sus compañeros y maltratado, a los golpes, por Néstor Kirchner.Abatido, Uberti se convirtió en el primer exfuncionario K arrepentido y delató a otros, reforzando este efecto dominó que hará caer a otros exfuncionarios y empresarios y le dará a la Argentina una oportunidad para terminar con la impunidad.
Daniel Santoro: Editor de judiciales del diario Clarín y autor del libro La Ruta del Dinero K