Lula y Cristina

Brasil y la Argentina se miran como en un espejo. Las economías de ambos países enfrentan ajustes después de una década de expansión, asociada al boom de las materias primas. Esa etapa fue liderada en Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva y Dilma Rousseff. En la Argentina, está asociada a Néstor y Cristina Kirchner. Brasileños y argentinos asisten desde hace varios años a un escandaloso espectáculo de corrupción asociado a esos gobiernos. En Brasil la Justicia lleva adelante el proceso Lava Jato. En la Argentina se investiga la obtención de contratos de obra pública mediante sobornos. Esa historia policial adquirió una dimensión nunca imaginada por la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno, un chofer obsesivo, que tomó nota a lo largo de una década de las indecentes andanzas de su jefe, Roberto Baratta, un funcionario clave en la gestión de la infraestructura durante el kirchnerismo. En Brasil, igual que en la Argentina, las causas judiciales alcanzan a los políticos pero también a numerosos hombres de negocios vinculados al Estado. La epidemia se expande porque en el derecho procesal de los dos países se incorporó la figura del arrepentido. Los acusados pueden negociar la pena que les corresponde a cambio de información que permita esclarecer la trama del delito.

La similitud de estas experiencias se proyecta también sobre la carrera electoral. Lula da Silva aparece como la cabeza del sistema de corrupción montado alrededor de Petrobras y sus contratistas, sobre todo Odebrecht. Cristina Kirchner y su esposo Néstor, que falleció en 2010, son señalados por sus antiguos subordinados como los destinatarios finales del dinero negro recaudado entre los empresarios.

Lula registra en las encuestas 39% de intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. Él pretende competir. Pero es difícil que los jueces se lo permitan. En Brasil, nadie que haya sido condenado en segunda instancia puede postularse. Es el caso del ex presidente, penado con 12 años de prisión por dejarse sobornar por una constructora contratista de Petrobras.

La justicia electoral tiene hasta el 17 de septiembre para contestar los reclamos de Lula. Si lo hiciera a último momento, él podría hacer campaña televisiva durante más de dos semanas desde su celda de Curitiba.

Lula intentará transferir sus adhesiones a Fernando Hadad, el ex alcalde de San Pablo, que milita en su partido. Ausente el líder del PT, el candidato que encabeza los sondeos es el híper reaccionario Jair Bolsonaro. La apuesta de Lula es que, respaldado por él, Hadad pase a segunda vuelta y, aprovechando el rechazo que despierta Bolsonaro, se consagre presidente.

En la Argentina, Cristina Kirchner está en el foco de un escándalo que investigan los tribunales federales. Es probable que sea procesada y que un juez vuelva a pedir su prisión preventiva. Hasta ahora ha logrado evitarla debido a que es senadora y, por lo tanto, está protegida por los fueros parlamentarios.

Como Lula, la ex presidenta conserva la lealtad de buena parte de su base electoral. No lidera las encuestas, pero exhibe alrededor de 30% de intención de voto. La elecciones por la sucesión de Mauricio Macri se decide en octubre del año próximo.

A diferencia de lo que sucede con Lula y el PT, en el peronismo el liderazgo de la señora de Kirchner está en discusión. Un sector importante del partido compite con ella, que constituyó su propia fuerza. Esa fracción cuenta con varios candidatos a la presidencia: Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto, entre otros. Para estos aspirantes la principal dificultad es que su antigua jefa bloquea, con su capital electoral, cualquier proyecto peronista alternativo. Esta dinámica opositora beneficia las aspiraciones de Macri para conseguir la reelección.

Lula y Cristina Kirchner son la encarnación de dos disociaciones. Una es la de las sociedades brasileña y argentina, que están fracturadas en su escala de valores. Una franja se indigna frente a la corrupción y reclama sanciones. La otra parece blindada a los escándalos y sigue fiel a sus líderes, más allá de cualquier fechoría.

Una segunda disociación es la que afecta a la izquierda populista, que se ha desentendido de la ética como criterio de la acción política. Lula y Cristina Kirchner coinciden en un esfuerzo común de simplificación. Las inobjetables pruebas judiciales de los delitos cometidos son, para ellos, parte de una conspiración universal orquestada por quienes quieren volver atrás con sus reformas igualitarias. A la cabeza de ese complot están, como siempre, los Estados Unidos.

Esta versión persecutoria tal vez tranquilice a quienes la postulan y a sus seguidores, ya que los releva de revisar cualquier contradicción. Pero inquieta a quienes tienen una preocupación por el destino de la democracia en América Latina. Los escándalos de corrupción están minando la credibilidad del sistema político. Hay países, como Colombia, donde el domingo pasado se realizó un interesante plebiscito, un sector de la dirigencia busca una receta institucional para producir una regeneración. En otros, como Brasil, donde esa reacción es mucho más difusa, aparecen fantasías regresivas, que explican el encanto del autoritario Bolsonaro.