César Pérez Vivas: Mi inhabilitación política

Después de seis años de amenazas la cúpula roja me lanza una medida de inhabilitación política, emanada de la Contraloría General de la República.

Mi gran delito, sostener la defensa de la democracia y ejercer el legítimo derecho a la oposición política frente al llamado “gobierno revolucionario”.

Se trata de otro linchamiento político, promovido y organizado por el capitán Vielma Mora, en el paredón rojo de fusilamiento, en el que se ha convertido la lucha política en nuestro país, y muy especialmente en el Táchira.

En efecto, la cúpula roja, conducida y estimulada por Vielma, me ha decretado la muerte política, desde hace ya bastante tiempo. Espero que solo sea política, y no busquen la otra muerte.

En múltiples ocasiones el capitán me ha garantizado la cárcel, en otras me ha hostigado en forma personal y directa a través de los medios de comunicación, y ha enviado emisarios para que abandone el país. Ante mi postura firme y decidida, y no habiendo otra forma como eliminarme políticamente, se monta este acto, con el cual impedir mi participación en futuros eventos electorales.

He sido víctima en todos estos años de una brutal campaña de hostigamiento y persecución, para la cual se han utilizado todos los poderes del Estado.

Esta decisión,  ya cantada desde hace más de un año por Vielma, es otra muestra de la forma en que se manipulan las instituciones del Estado para eliminar políticamente a toda persona que ejerza liderazgo, y que los agentes de la autocracia consideren peligrosos para su permanencia en el poder.

No soy el primero, ni seré el ultimo, en sufrir este tipo de arbitrariedades e injusticias.

Nuestro pueblo es testigo de todos los artificios y barbaridades  que se vienen usando para sacar del camino al liderazgo democrático.

El hostigamiento de todo tipo, la cárcel, el exilio, la inhabilitación política, y la guerra sucia se han convertido en los elementos del paredón de fusilamiento a que me estoy refiriendo, y que viene instalado desde hace ya largo tiempo en nuestro país.

En el Táchira hemos presenciado el mayor número de casos de injusticia y persecución contra compañeros de lucha, que hoy están en la cárcel, en el exilio o son víctimas de este tipo de persecución, disfrazada de legalidad.

Una vez consumada la notificación de esta media, el aparato de publicidad del gobierno en los medios de comunicación a su servicio, y en redes sociales, han reactivado su campaña de asesinato moral contra mi persona.

Por ejemplo, el portal web, del diario oficialista Últimas Noticias expresa lo siguiente: “Inhabilitan políticamente por siete años a César Pérez Vivas por corrupción”.

¿Cuál corrupción? Ninguna.

Mi actuación como gobernador ha sido rigurosamente escudriñada por este régimen, y no han podido agarrar un elemento por donde enjuiciarme por corrupción. Les aseguro que si yo hubiese dejado una sola irregularidad en mis actos de gobernante, ya me tendrían en la cárcel. Al no poder hacerlo, montan esta monstruosa aberración.

Sin bases legales, ni mucho menos de justicia, han montado un proceso en la Contraloría para impedir que participe en la vida política.

La inhabilitación se monta a partir de una auditoría en la Oficina Regional de Información (ORI) realizada en abril del año 2011 donde se fijan dos hechos de presunta ilegalidad; el primero, que la solvencia laboral de varios medios de comunicación y empresas vinculadas a la publicidad no estaban, al momento de la auditoría, en sus respectivos expedientes. El segundo, que una modesta agencia de publicidad recibió órdenes de trabajo sin contar con la inscripción en el Registro Nacional de Contratistas,  excediendo  ligeramente la  capacidad de contratación permitida sin contar con dicho documento.

En el proceso llevado en la Contraloría se demostró, con inspección documental en cada expediente, que para el momento de pagar los servicios prestados, las solvencias laborales sí estaban en los respectivos expedientes.  Tal prueba no fue aceptada por el ente, y ha seguido considerando tal circunstancia como una falta administrativa, cuando existe un decreto del presidente Chávez permitiendo la contratación de servicios sin la obligación perentoria de presentar dicho documento.

En relación con el excedente en la contratación de una agencia de publicidad,  la propia Contraloría estableció que no hubo ningún daño al patrimonio público, como tampoco lo hubo por la falta de ese documento llamado solvencia laboral.

Más allá de lo leve e intrascendente que efectivamente son estos elementos, lo sorprendente es vincular y definir como responsable a un gobernador de estado.

Agarrarse de una falla en unos expedientes administrativos de una oficina del gobierno para responsabilizar a la cabeza de un gobierno más que un despropósito es una aberración.

Cómo puede responder el gobernador de un estado o el presidente de un país  porque en una dependencia le falte un documento a uno de los tantos expedientes administrativos, que soporten pagos a los administrados.

Aceptar esto como normal es desconocer lo que significa una organización administrativa, donde hay una jerarquización y una departamentalización con sus respectivos manuales de funcionamiento, con las responsabilidades establecidas, y funcionarios a cargo de tales tareas. No son esas las funciones de un gobernador.

Con esos absurdos elementos se me declaró una responsabilidad administrativa, que hoy reitero no tengo, y se me sancionó con una multa de 7.000 bolívares.

Ese expediente, preparado con el claro propósito de dañarme, es enviado a la  Contraloría General de la República, donde sin fórmula de juicio y de manera expedita, se me agrega la irracional y desproporcionada sanción de inhabilitación por siete años y medio.

Aquí no hay daños al patrimonio, aquí no hay ningún acto de corrupción como lo  hace ver el aparato publicitario del gobierno. Aquí lo que hay es revanchismo politiquero, burdo y abusivo.

Se equivoca la cúpula gobernante si cree que con armar una decisión de esta naturaleza van a garantizar la continuidad  del PSUV en el gobierno del Táchira. Vielma será derrotado, con los votos de nuestro pueblo, en la oportunidad que corresponda.

No van a lograr que yo deje de luchar por una Venezuela democrática, moderna, justa, productiva y pacífica. No van a lograr que yo me calle o me convierta en cómplice por omisión frente a la destrucción que este gobierno  le está propinando a nuestro país.

Muchos amigos me han  preguntado, qué hacer. He respondido:
La mejor defensa que podemos llevar adelante es la lucha por lograr un triunfo de los demócratas en las próximas elecciones parlamentarias.

Un triunfo en la AN nos abre las puertas para dictar una ley de amnistía para liberar los presos políticos y eliminar este tipo de aberraciones, como la inhabilitación sin fórmula de juicio, que el chavismo estableció para eliminar políticamente a sus adversarios.

Es la oportunidad de lograr una mayoría en la AN, y poder eliminar estas leyes inconstitucionales con las cuales se nos cercenan nuestros derechos políticos y ciudadanos.