La campana está a punto de sonar

El gobierno de Carlos Alvarado se apresta a entrar al segundo round en la pelea por reducir el costo del Estado costarricense

El primer round fue el de la reforma fiscal, el cual le deparó una huelga de más de 80 días y un fuerte enfrentamiento con los sindicatos por la decisión de ponerle freno al crecimiento de los pluses salariales en el sector público.

A la vez, la reforma aumentó impuestos con la intención de proveerle más recursos a un Gobierno cada vez más deficitario, lo cual es, evidentemente, una medida con un alto costo político.

En el segundo round, el Ejecutivo procurará sacar dos proyectos de ley para equilibrar aún más las finanzas públicas.

El primero es una reforma de fondo: un cambio total en las condiciones salariales que se le ofrecerán a los nuevos empleados públicos, es decir, el plan de empleo público. Según el decir del mandatario, la idea es crear un Estado más eficiente, más productivo frente a las necesidades de las personas.

Esta iniciativa sentaría las bases para que, en el futuro, el gasto salarial no se salga de control, como ocurre en la actualidad. Ese es el concepto, el proyecto definitivo está por verse.

A partir del segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010), el gasto público en remuneraciones se salió de control por el fuerte peso que empezaron a tener incentivos como las anualidades y la dedicación exclusiva.

La situación llegó al grado de que muchas instituciones empezaron a pagarles a sus empleados más dinero por pluses que por su salario base.

Eso explica por qué, en medio de la huelga, circuló una constancia de salario del rector de la UCR en la que las anualidades representaban más de ¢4,3 millones mensuales y el salario base era de ¢684.000.

Solo en el Gobierno central existen 113 tipos de incentivos. Imagínese en el resto.

Según pudo constatar La Nación, el gobierno de Alvarado tiene, entre sus propuestas para reformar el empleo público, la idea de crear un nuevo esquema de sueldos en el que el salario base represente un 80% y los incentivos por competitividad un 20%.

No se trata del esquema de salario único (sin incentivos), esquema que ha generado ahorros en instituciones como la Contraloría, pero se aproxima.

Un borrador entregado a los sindicatos no especifica cuáles serían los incentivos que conformarían ese 20%, pero establece una escala de salario único para cada uno de los subregímenes de empleo, la cual se actualizará “de acuerdo a las posibilidades fiscales del país”.

Adicionalmente, introduce medidas para despedir funcionarios que saquen malas calificaciones en sus evaluaciones durante tres años seguidos y permite los descensos, lo cual hoy no es usual.

Otro aspecto relevante es que la reforma recaería sobre todo el Estado y no solo sobre los funcionarios del Gobierno central, como suele ocurrir.

En forma paralela, el gobierno procurará sacar otro proyecto de ley: el de eurobonos.

En palabras sencillas, el proyecto de eurobonos lo que busca es una autorización del Congreso para que el Gobierno busque crédito en el extranjero a un costo más barato de lo que lo consigue en el mercado nacional.

Como el Gobierno ha presionado tanto el mercado interno, en busca de satisfacer su amplio gasto, las tasas de interés se han elevado, generándole un alto costo al Ejecutivo y, a la vez, generando un riesgo de que se encarezcan los créditos para personas y empresas que buscan generar negocios o comprar casas, entre muchas necesidades.

Hacienda alega que, en el mercado externo, en este momento hay mejores condiciones para que el Gobierno se endeude: menores tasas de interés y plazos más largos.

Luego de haber tenido que pagar hasta un 11% de interés por dinero en el entorno local y con la obligación de devolver el dinero en pocos meses, conseguir una tasa de un 5% y por un plazo de varios años sería un gran alivio para cualquiera en el corto plazo.

Es lo mismo que ocurre con una persona endeudada con una tasa muy alta que encuentra una opción más barata. Aunque siga debiendo el dinero, su costo de endeudamiento (en intereses) se le reduce.

El gobierno estima que, solo los dos primeros años, se ahorraría ¢700.000 millones y que, en el 2020, el ahorro con este proyecto será superior a lo que Hacienda recibirá con la reforma a impuestos de la reforma fiscal.

No obstante, no todo es color de rosa. El PLN y el PUSC, los partidos que le dieron el apoyo al gobierno para aprobar la reforma fiscal, con toda razón le están reclamando al presidente Alvarado que ejerza su autoridad, al ver que instituciones del Estado se niegan a acatar las medidas de ahorro introducidas en la reforma.

Hay resistencia en entidades como la CCSS, la JPS y las universidades públicas. Las dos primeras tienen delegados directos del gobierno, las últimas no.

No sería justo concederle el respiro de los eurobonos al Ejecutivo, si este se relaja y no aplica las medidas de contención de gasto es el argumento de la oposición, totalmente justificado.

El mandatario asegura que giró instrucciones claras a la CCSS y a la JPS para someterse a la reforma fiscal. Habrá que ver si acatan lo dicho.

El tercer round quedará para el 2020: la reforma a la cantidad de instituciones en el Estado. El Mideplán ya analiza si 76 son necesarias.

1.° de mayo

Por otra parte, viene el 1.° de mayo, día de la elección del nuevo Directorio de la Asamblea Legislativa y, para el gobierno, será crucial la persona que dirija el Congreso.

Difícilmente, al PAC le interese reelegirse en la presidencia. Ya la ocupó el primer año y, en una parlamento tan fragmentado, es natural que ahora los opositores quieran tomar el control.

La figura ganadora será clave para el futuro de las transformaciones. Partidos como el PLN y el PUSC han coincidido en la necesidad de las reformas y ambos tienen candidatos para la presidencia: Carlos Ricardo Benavides, en Liberación; y Erwen Masis, en la Unidad.

El detalle está en cuáles serán sus aliados para ganar el Directorio y en lo que exijan a cambio, pues algunos partidos podrían plantear oposiciones de entrada a las reformas de gobierno.