Un magistrado acusado de violencia machista despierta la indignación en Bolivia

El rechazo a la violencia contra las mujeres logró un inusual consenso. Por primera vez desde que Evo Morales es presidente de Bolivia, oficialismo y oposición han sumado esfuerzos en la misma acción parlamentaria. Los congresistas de ambas orillas políticas hicieron a un lado sus diferencias en otros frentes y se coordinan para pedir la dimisión del magistrado del Tribunal Constitucional Orlando Ceballos, involucrado en una golpiza a su esposa, según la policía. Junto a diputadas y senadoras, los presidentes de las dos Cámaras y decenas de organizaciones sociales se pronunciaron en la misma dirección. No obstante, el Constitucional no ha tomado ninguna medida contra el jurista.

El mes pasado, Ceballos fue denunciado por su esposa, quien acudió con signos de haber sufrido violencia a la policía. La mujer dijo que no era la primera vez que ocurría. El magistrado intentó mantenerse en sus labores, pero la presión del Gobierno lo obligó a pedir una licencia para enfrentar la acusación. Después de unos días, la esposa desistió de la querella. La fiscalía no lo impidió, pese a que la ley establece que debe acusar, aunque la parte ofendida se retracte, cuando haya peligro de una nueva agresión o cuando existan indicios de reincidencia, como en este caso. Ahora Ceballos asegura que únicamente se trató de una “discusión de pareja”. Las organizaciones feministas no tardaron en considerar sus palabras una confesión, ya que la ley sanciona tanto la violencia física como la psicológica, es decir, una “discusión” que termina en una comisaría.

Amparado en la inacción de la fiscalía y tras dar por solucionado un “problema circunstancial”, el magistrado se reincorporó esta semana su cargo, que entre otras cosas le exige verificar que las leyes protejan los derechos humanos, algo con lo que está comprometido el país. “Un hecho de violencia contra una mujer no es un problema ‘circunstancial’, sino que es un delito”, afirmaron más de medio centenar de organizaciones de mujeres, abogados y defensa de los derechos humanos en un comunicado conjunto.

Incluso la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su “profunda preocupación” por este caso, que se suma a otros en los que autoridades bolivianas fueron acusadas de violencia intrafamiliar. Hace unos meses, por ejemplo, el jefe de la bancada de Santa Cruz del oficialista Movimiento al Socialismo afrontó una acusación similar, de la que también salió indemne al conseguir que la mujer desistiera de su denuncia. Las organizaciones feministas atribuyen estas retractaciones a que los agresores utilizan el poder que ostentan y a que las víctimas carecen de protección estatal.

El Me Too, movimiento mundial para denunciar los abusos contra las mujeres, no termina de aterrizar en el país andino. Bolivia registra algunas de las peores cifras de violencia de género de la región. Cada día de 2018, 104 mujeres fueron agredidas física o sexualmente y cada dos días una mujer fue asesinada por su pareja o expareja. Los asesinatos múltiples, en los que el autor mata a su esposa y sus hijos, son frecuentes. Dos niños mueren asesinados por alguno de sus padres cada mes. Solo el 1% de las denuncias que se producen cada año termina en una sentencia; la mayoría se quedan en el camino porque la víctima se retracta, abandona la acusación (y las autoridades no la continúan “de oficio”) o por “pruebas insuficientes”.