El caso Oswaldo Álvarez Paz: Una injusticia interminable

Oswaldo Álvarez Paz, destacado dirigente de la democracia cristiana venezolana, ex-presidente de la Cámara de Diputados, y gobernador del Zulia entre 1989 y 1992, así como candidato a la presidencia de la República por  COPEI en 1993, ha sufrido un auténticamente kafkiano calvario judicial desde hace más de cinco años. Su caso merece la atención internacional, como la merecen todos aquellos venezolanos presos, exiliados o perseguidos por querer vivir en un país democrático y de instituciones libres.

Álvarez Paz fue detenido el 22 de marzo de 2010, poco después de solicitar, durante una entrevista que le hacían en el programa de televisión «Aló Ciudadano», transmitido por el canal de TV Globovisión, que se investigara la supuesta relación del Gobierno de Caracas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la banda terrorista ETA.

El político venezolano en dicha entrevista simplemente comentó sobre el auto de procedimiento que había dictado un juez de la Audiencia Nacional de España, acerca de los eventuales enlaces entre la ETA española y las FARC de Colombia, señalando actuaciones concretas en el territorio venezolano, seminarios, cursos, movilizaciones internas vinculadas con compra, venta y tráfico de armas y participaciones activas para el logro de sus fines de funcionarios del gobierno venezolano, incluidos algunos militares. En este expediente de la audiencia nacional española, que es el asiento supremo de la justicia de ese país, se le hacía una petición al Gobierno venezolano para que colaborara con la investigación, señalando con nombre y apellido los funcionarios que supuestamente podrían estar implicados en tales hechos, algunos de los cuales ocupaban en ese entonces posiciones importantes en el gobierno de Venezuela -y las siguen ocupando ahora-.

Álvarez Paz estaba realizando un seguimiento muy de cerca a todo el problema del narcotráfico y sus implicaciones (es importante mencionar que él presidió la Comisión Legislativa contra el Narcotráfico, que desde el congreso venezolano redactó toda la normativa legal que en Venezuela existe en la materia). Cuando en dicha entrevista mencionada le pidieron opinión al respecto, afirmó que le preocupaba mucho, y que el presidente de Venezuela (en ese momento el fallecido Hugo Chávez) debía ofrecer toda la colaboración que se estaba solicitando para despejar definitivamente las dudas, las sospechas que existían en el mundo de que esa situación pudiera ser verdad.

Tras ser denunciado por la Fiscalía General de Venezuela por supuestos delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa, fue ordenada la detención y el juicio contra Álvarez Paz. De acuerdo con la denuncia, el dirigente político habría señalado que Venezuela se había convertido en un centro de operaciones que facilitaba el narcotráfico, una afirmación que hoy se queda pálida ante los innumerables señalamientos que al respecto se están haciendo contra figuras importantes del gobierno venezolano.

Un hecho muy característico de la Venezuela bajo el actual régimen se repitió en el caso del dirigente democristiano: la Fiscalía General de la República fue “conminada” a actuar por el presidente Hugo Chávez, en una alocución pública. Chávez afirmó, en una de sus cadenas televisivas, que la Fiscalía debía juzgar a Álvarez Paz porque “estaba dando falsas informaciones” y “estaba instigando a delinquir.” Casualmente, esas serán en buena medida las acusaciones levantadas por el organismo. Hugo Chávez, en un país donde la justicia dejó hace años de ser independiente, ordenó al poder judicial su detención y juicio. Días después su casa fue allanada, y se inició su calvario.

Su detención fue condenada en dicha oportunidad por, entre otras personalidades internacionales, Vaclav Havel, Mijaíl Kasiánov, antiguo primer ministro de Rusia; Don McKinnon, ex secretario general de la Commonwealth; Carlos Alberto Montaner, disidente cubano; Humberto Celli, quien fuera presidente del Parlamento Latinoamericano, y el ex campeón mundial de ajedrez y activista político ruso Gary Kasparov. Asimismo, manifestaron su rechazo a la postura del régimen venezolano organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch o Freedom House.

Detenido durante dos meses, fue recluido en un calabozo de 3×2 sin aire natural, sin luz natural, sin ventanas, viendo el sol sólo dos horas a la semana. Luego de ser liberado, su calvario no concluyó. Lo condenaron a dos años de prisión, con pena sustitutiva de privación para salir del país, la cual sigue vigente, a pesar de que el plazo de la pena ya expiró; asimismo, le han impedido ejercer el derecho al voto, y se le ha negado reiteradamente la petición de renovar el pasaporte. Entre otras acciones, Álvarez Paz ha presentado una apelación a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, además de un recurso de amparo en la Sala Constitucional. Pero la justicia venezolana, repitámoslo, es un apéndice del poder ejecutivo, y es, en la defensa exclusiva de los intereses del régimen, ciega, sorda y muda.

Pasados ya más de cinco años de su detención inicial, el caso de Oswaldo Álvarez Paz sigue siendo un claro ejemplo de las violaciones a la libertad de expresión, al derecho a la defensa y a toda una serie de principios y artículos fundamentales de la constitución venezolana. Tales violaciones las han ejecutado y siguen ejecutando el gobierno de Hugo Chávez primero, y el de Nicolás Maduro en la actualidad.

Ya es hora de que se haga justicia en Venezuela a todos los presos políticos, así como a las decenas de estudiantes perseguidos, detenidos e incluso torturados, y de que la justicia venezolana cese el hostigamiento y persecución que sigue realizando contra todos aquellos ciudadanos que osan opinar de forma diferente a la de los actuales detentores del poder. El no resuelto caso de Oswaldo Álvarez Paz es un ejemplo emblemático de ello.