Pablo Mieres: Transparencia y contralor para prevenir la corrupción

En estos días han aparecido nuevos elementos que ratifican la crisis de corrupción y falta de transparencia en diversos hechos de la política de los últimos años.

En efecto, hace unos días la Justicia ratificó el procesamiento de un ex Ministro de Economía y un ex Presidente del Banco República por abuso de funciones, por otorgar un aval bancario por trece millones de dólares a una empresa «trucha» para que se presentara a un remate de los viejos aviones de PLUNA. Todos sabemos que el ex Presidente José Mujica fue el que pergeñó esa impresentable maniobra, aunque haya zafado de su responsabilidad penal evidente.

Pocos días después se conoció que la empresa Envidrio, beneficiaria de importantes préstamos por parte del FONDES e, incluso, de manera más que dudosa de INEFOP (que se entiende que está para otra cosa), había pagado en negro a decenas de sus empleados mientras estos estaban recibiendo el subsidio por desempleo. Uno de los principales responsables de la gestión de esa empresa que incurrió en tales ilicitudes fue el ahora ex Diputado Daniel Placeres, integrante del partido de gobierno y estrechamente vinculado al ex Presidente José Mujica.

Finalmente, en las últimas horas se conoce el informe de peritos que han determinado que el Banco República habría otorgado diversos créditos durante varios años a la empresa Fripur, sin que esta empresa tuviera la capacidad patrimonial o económica para recibirlos. Como resultado de esas decisiones, hoy el Banco República es acreedor por decenas de millones de dólares sin que tenga la posibilidad de cobrar. Como se sabe, el propietario de Fripur era muy allegado al ex Presidente José Mujica, al que le pagó la confección de la banda presidencial y al que le prestó su avioneta particular durante la campaña electoral de 2009.

Por si algo faltara, el FONDES otorgó a diversas empresas de naturaleza cooperativa, todas muy cercanas al gobierno del Frente Amplio, créditos millonarios en dólares sin que esas beneficiarias tuvieran capacidad para devolver los préstamos otorgados, de manera tal que se estima que el FONDES habrá perdido más del 80% del capital utilizado en tales créditos.

Además, hay que esperar la definición de la Justicia sobre actos realizados durante la gestión del Directorio anterior de ASSE o sobre la adjudicación del contrato de construcción de la Regasificadora a la empresa brasilera OAS, de manera altamente sospechosa.

Ni hablar del escándalo de ANCAP que culminó con el procesamiento de su ex Presidente, Raúl Sendic, por los delitos de peculado y abuso de funciones. Nosotros estamos convencidos de que hubo más situaciones delictivas en todo el proceso de gestión de ANCAP que culminó con la casi quiebra de la empresa más grande del país, que sólo fue evitada por un salvataje de ochocientos millones de dólares que estamos pagando todos los uruguayos desde hace unos cuantos años.

Demasiados casos de irregularidades o ilicitudes en estos años que han generado un fuerte descrédito en la política y en los partidos.

Es injusto que ese descrédito abarque a todos los políticos y partidos. Muchos no merecemos tal desconfianza y debería ser posible marcar las diferencias.

Pero lo cierto es que las normas que rigen el contralor de la corrupción y el control de la ética en el ejercicio de la función pública no son lo firmes, enérgicas y efectivas que deberían ser.

Inevitablemente, muchos de los hechos de corrupción que ocurren se descubren, investigan y, eventualmente, se castigan mucho tiempo después de ocurridos. Sin embargo, si nuestro país tuviera reglas de juego más exigentes y proactivas, seguramente se podrían haber prevenido algunos de los hechos señalados o se podrían haber descubierto mucho antes.

Es imprescindible aprobar un paquete de leyes que den mayores poderes a los organismos de contralor del Estado potenciando la transparencia y el control de la gestión.

Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que otorga poder efectivo a un Tribunal de Cuentas que cumple seriamente con su función de controlar los actos del Estado, pero que carece de efectividad para evitar que esos actos observados puedan corregirse.

En efecto, en nuestro país tenemos una situación insólita que debe ser corregida de una vez por todas. Es inaceptable, desde el punto de vista de la transparencia y la ética pública, que todas las observaciones del Tribunal de Cuentas, por más graves e importantes que sean, puedan ser dejadas de lado por el jerarca del organismo observado y simplemente reitere el gasto sin corregir el motivo de esa observación.

¿Cuántos ilícitos o irregularidades se podrían haber evitado o corregido, si las observaciones del Tribunal de Cuentas tuvieran efecto suspensivo, obligando al jerarca a corregir la irregularidad o la ilicitud? Muchos dolores de cabeza se podrían haber evitado y muchos recursos mal ejecutados se habrían impedido.

Este es un tema central para el país sobre el que, lamentablemente, las diferentes administraciones gubernamentales no han querido corregir.

Otra debilidad en el contralor de la buena administración tiene que ver con la situación de la JUTEP.

En cualquier parte del mundo el organismo encargado de controlar la ética y la transparencia en la gestión del Estado tiene muchas más potestades y, sobre todo, muchos más recursos que nuestro organismo de transparencia.

La JUTEP debe tener muchas más potestades de investigación y control, pero además debe tener muchos más recursos para cumplir con sus cometidos. Actualmente, se trata de un organismo que quiere hacer mucho más, pero no puede; por lo que, simplemente, se encarga de archivar las declaraciones juradas de miles de funcionarios públicos.

También tenemos un proyecto presentado de fortalecimiento de la JUTEP, así como la prohibición del uso de tarjetas corporativas en el Estado o la ineludible reducción sustancial de los cargos de confianza.

Los hechos reseñados más arriba demuestran que durante estos últimos años los gobiernos del Frente Amplio no hicieron honor a su compromiso ventilado hasta el cansancio sobre su supuesta diferencia en la ética pública con respecto a los viejos partidos tradicionales.

Pero, más allá de señalar con fuerza tal defección, es igualmente o más importante, modificar el marco normativo para prevenir estas acciones que afectan a nuestro país y a la confianza en nuestras instituciones democráticas.

Que no queden dudas de que el Partido Independiente será un tenaz impulsor de normas y conductas estrictas en el control y prevención de la corrupción, desde el lugar que nos toque ocupar en el próximo período de gobierno.