Ortega dicta una ley de autoamnistía

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo llevó a la Asamblea Nacional lo que ya era vox populi en los corredores de la política nicaragüense: una ley de amnistía que busca dejar en la impunidad todos los crímenes, cometidos por policías y paramilitares, en contra de la población autoconvocada que se tomó las calles para protestar contra su régimen en abril de 2018. Son crímenes que suman al menos 325 muertos confirmados, decenas de desaparecidos y cientos de presos políticos torturados física y sicológicamente.

La iniciativa fue introducida por diputados orteguistas y sus aliados, que menos de 24 horas después se citaron en el plenario para “discutir” la propuesta, y aprobarla sin reservas.

La receta de la autoamnistía pretende cerrar las puertas a los familiares de las víctimas de la represión gubernamental, que han manifestado que no se cansarán en exigir justicia. La dictadura, por su parte, intenta justificarla con una nueva promesa de liberar a todos los presos políticos, tal como ya se había comprometido en la mesa de negociación con la Alianza Cívica desde finales de marzo, aunque a la fecha solo ha excarcelado bajo régimen de convivencia o casa por cárcel, sin dar libertad plena.

“Concédase amplia amnistía a las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”, dice el Artículo 1 de la iniciativa.

Pero va más allá. En busca de impunidad, establece que la amnistía es también para las personas “que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación o en procesos penales y en cumplimiento de ejecución de sentencias”.

“Por tanto –dice la iniciativa- las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias, al momento de entrada en vigencia de la presente ley”.

“La presente ley de amnistía, cubre todos los delitos políticos y comunes”, establece el Artículo dos de la propuesta de Ley.

Durante las protestas contra la dictadura al menos 325 personas fueron asesinadas, en su mayoría manifestantes opositores, más de 60 000 nicaragüenses se vieron forzados a exiliarse y casi 800 personas fueron apresadas, según organismos de derechos humanos.

Por la mayoría de esos crímenes, organismos de derechos humanos señalan como responsables a policías y paramilitares afines al Gobierno. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido investigado por crimen alguno.

ONU: prohibidas por el derecho internacional

“Las amnistías por graves violaciones a los derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas general impunidad, lo que pueden llevar a más violaciones”, dijo en un comunicado Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

“Los nicaragüenses tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”, dijo Bachelet, expresidenta de izquierda en Chile.

El anteproyecto de amnistía no es avalado por la Alianza Cívica- El vocero de la Alianza, José Pallais, afirma que se trata más bien de una decisión unilateral del Gobierno al margen de las negociaciones con la oposición en el diálogo nacional.

Tampoco es avalada por el Comité pro Liberación de Presas y Presos Políticos. “No queremos que haya amnistía, cero amnistías. El Gobierno se comprometió a liberarlos totalmente. Sabemos que lo pretendido por la dictadura es amnistiar a sus asesinos, a los represores, a todos los de su lado, porque de lado de los reos de conciencia, ninguno es culpable de nada”, expresó Daniel Esquivel, miembro del Comité.

No puede eximinir crímenes de lesa humanidad

El penalista Julio Montenegro, abogado defensor de decenas de presos políticos, expresó su rechazo el indulto. “Los presos políticos –expresó Montenegro– son personas que están en procesos plagados de ilegalidades, con jueces no competentes que les han incorporados pruebas ilícitas. Lo que corresponde en estos casos es la nulidad procesal o buscar alguna de las siete rutas que hemos planteados los abogados”.

Los abogados defensores de presos políticos presentaron siete rutas para que el Gobierno liberara a los reos de conciencia antes del 18 de junio sin aprobar una Ley de Amnistía. La propuesta va desde declararlos inocentes y anular los juicios hasta que la Fiscalía desista de las acusaciones.

“Se mantiene el rechazo hacia esta ley. Si en algún dado caso se aplica, se va a mantener el rechazo, y para delitos de lesa humanidad no existe justificación alguna, va a ser difícil que se justifique un hecho donde personas cometieron graves delitos. Esa ley lleva un vicio, pero hay delitos que sobrepasan, delitos graves, que no prescriben”, valoró Montenegro.

“Esa ley es papel mojado”, dijo por su parte el politólogo en el exilio Félix Maradiaga. “Los diputados acólitos del régimen pueden aprobar cualquier papel y llamarle amnistía. De nada les servirá. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca y están sujetos al principio de justicia universal”, escribió en sus redes sociales.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la OEA, documentó la masacre en Nicaragua y determinó que se cometieron “crímenes de lesa humanidad”. A los expertos ni los dejaron presentar su informe y fueron expulsados del país en diciembre pasado.

La intención: impunidad

Los negociadores del Gobierno siempre insinuaron en el diálogo nacional que querían aprobar una amnistía. “Siempre fue la intención de Daniel Ortega, obtener amnistía a cambio de liberar a los presos políticos”, dijo el abogado experto en derechos humanos Uriel Pineda.

“Al promover unilateralmente una autoamnistía, Daniel Ortega solo demuestra ante la comunidad internacional que es responsable de los crímenes de lesa humanidad que le imputan”, expresó en sus redes sociales Pineda.

El abogado resaltó que las autoamnistías son contrarias a los derechos humanos “por violar el acceso a la justicia de las víctimas. La experiencia internacional demuestra que las leyes de auto-amnistías son revertidas cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos”, resaltó.

“Los muertos no se negocian”

Lizeth Dávila, madre del adolescente Álvaro Conrado, asesinado el 20 de abril de 2018 de un disparo en la garganta, afirmó que los familiares de los asesinados, reunidos en la Asociación Madres de Abril, han exigido justicia sin impunidad y “desde ese punto estamos partiendo para decirle al régimen que los muertos no se negocian”, añadió.

Dávila expresó que “las personas que han hecho daño en todo este tiempo deben pagar, de una u otra forma, además deben hacerse responsables por las fechorías que han cometido. Insistió en que no fueron delitos comunes, sino de lesa humanidad, por lo tanto, no pueden ni deben quedar en la impunidad”.

“Estamos en la lucha, exigiendo y pidiendo a la comunidad internacional que nos brinden el apoyo para hacer los procedimientos para ejercer presión y que este régimen se vaya”, dijo Josefa Meza, madre de Jonathan Meza, asesinado el 30 de mayo de 2018 al final de la llamada “madre de todas las marchas pacíficas”.

Excarcelados también rechazan

Yaritza Rostrán, miembro de la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), aseguró que los presos políticos excarcelados también rechazan totalmente la iniciativa de amnistía, pues vulnera los derechos de las personas y familiares de asesinados, que no han recibido justicia porque no se han abierto procesos judiciales en contra de los verdaderos culpables de la represión y violencia.

“En una parte de la ley dice que se aplicará amnistía a las personas no procesadas, es decir, a quienes no tienen procesos abiertos. Nosotros no podemos permitir que el Gobierno use esta ley para darle amnistía a sus paramilitares y a las demás personas que cometieron actos de violencia”, denunció Rostrán.

La líder estudiantil también se opuso a que se de amnistía a las personas inocentes, “a nosotros los presos políticos que no hemos cometido ningún delito”. Señaló que esta ley está a favor del discurso oficial del Gobierno sobre los “terroristas” y el “intento fallido de golpe de Estado”.

“Este discurso deslegitima cualquier ley. Nosotros no hemos cometido ningún delito. Aunque se anulen los procesos judiciales, los medios que la dictadura está utilizando no están siendo justos. Nosotros estamos dispuestos a llegar a las últimas instancias para lograr justicia, no nos vamos a cansar, el hecho de que aprueben esta ley no significa que no vamos a proceder. Tanto la Unión de Presos Políticos como las Madres de Abril estamos de acuerdo en seguir en nuestra lucha”, agregó.

La iniciativa del Gobierno también fue rechazada por el Frente Amplio por la Democracia (FAD). “La impunidad que ha prevalecido en nuestra historia, es una de las fuentes del insistente círculo de la violencia que hoy nos tiene en esta grave crisis política y social”, dijo el FAD en un comunicado.

“Condenamos la hipocresía del régimen al aparentar un acto de magnanimidad como si los presos/as hubieran cometido delitos, cuando su verdadera intención es tratar de evadir la Justicia por las graves violaciones a los Derechos Humanos, una vez que logremos la instalación de una Comisión de la Verdad independiente”, dijo el FAD.

La Alianza Cívica propuso al Gobierno en el diálogo que una Comisión de la Verdad se hiciera cargo de investigar a los responsables de los crímenes y la violencia, pero el gobierno rechazó la moción alegando que debía ser la “Comisión Porras” la encargada de investigar.