Los Jesuitas en Venezuela sobre la crisis nacional: “La irracionalidad atenta contra el bien común”

El Gobierno venezolano encamina al país a paso de vencedores hacia el abismo, incapaz de enfrentar la realidad, preso de su ideologización que le impide cambiar de dirección, y atado, más todavía, por quienes ven que despertar a la realidad a la larga pone en peligro sus intereses mal habidos que exigen permanecer en la sombra, única garantía de impunidad. La ideología, en el sentido de visión deformada de la realidad, que poseen quienes nos gobiernan, consiste en este caso en la demonización de la empresa privada y el estatismo como alternativa superadora.

No a los totalitarismos

Nosotros no creemos como los liberales y más aún los neoliberales que tiene que haber tanto Estado como sea indispensable y tanta empresa privada como sea posible. A diferencia de ellos, nosotros, desde lo más medular del pensamiento social de la iglesia, creemos que el Estado es, no el único, pero sí un canal imprescindible de solidaridad social para la educación, la salud, la vejez y, por supuesto, la seguridad, y que tiene que velar para que las ventajas adquiridas por algunos ciudadanos no se acumulen hasta que, como está sucediendo hoy a nivel mundial, lleguen a adquirir más poder que los propios Estados, erosionando la soberanía de los mismos, poniéndolos a su servicio y vaciando de este modo la democracia, hasta reducirla a ritos vacíos. Ahora bien, nosotros creemos que hay que poner límites al capital –sobre todo al capital especulativo– porque creemos que él tiene un papel imprescindible en la economía, y por eso los límites son en orden a que ese papel dé de sí todo lo positivo y no caiga en las malformaciones en que inevitablemente incurre, si se deja completamente libre al mercado. En este caso, el mercado deja de ser libre porque se carteliza e incluso se monopoliza. Apostamos pues, por una alternativa superadora que excluya tanto el totalitarismo de Estado, como el totalitarismo de mercado.

¿A dónde apuntamos?

Nos parece imprescindible que el Estado no sea el único ni el principal agente económico y que no lo sea en absoluto en lo tocante al ciclo alimentario. Sí nos parece que debe gerenciar la extracción del petróleo y obras de infraestructura, así como todo lo relativo a la seguridad social. Pero fuera de eso no debe intervenir en ninguna actividad económica, sino velar porque se cumpla ese esquema consensuado. No hace falta acudir al fracaso del socialismo real, estatista, que implosionó, víctima de su incapacidad congénita, ni a la experiencia de Cuba, que actualmente está viendo cómo sale del marasmo privatizando lentamente su economía y poniéndose en manos de las transnacionales. La experiencia de estos quince años en nuestro país sobra para probar que el estatismo es un estruendoso fracaso y la principal fuente de corrupción. Por eso nos parece imprescindible que el Estado garantice a la empresa privada su existencia, sus ganancias razonables y su libertad de acción, dentro de esas coordenadas consensuadas por todos los actores. Esas garantías tienen que estar respaldadas por un poder judicial independiente del Ejecutivo que se atenga a las leyes desde los principios que fija la Constitución. Desgraciadamente, ese poder judicial independiente no existe hoy en Venezuela. Por eso, la reticencia de la empresa privada a invertir porque, conociendo al Gobierno, temen fundadamente cualquier arbitrariedad, como ha venido pasando.

El asedio a Empresas Polar

¿Será capturada la Polar por las garras del Estado? Nos preguntamos esto porque rumores insistentes apuntan que Empresas Polar puede ser intervenida cualquier día o al menos puede ser incautada su cadena de distribución, como últimamente lo fue la de DíaDía. Empresas Polar es la primera productora y distribuidora de alimentos. Distribuye a 38 mil clientes, de ellos 20 mil bodegas y abastos. Diga lo que diga el Gobierno, lo que está en juego, a nuestro modo de ver, es si se va a quebrar la cadena alimentaria y se va a sustituir por operativos efectistas, cada vez más espasmódicos y menos efectivos, hasta caer en el desabastecimiento endémico, o si lo que representa la Polar, va a apoyarse y robustecerse hasta que el abastecimiento quede normalizado. Es obvio que lo que tiene que hacer el Gobierno es propiciar que se aumente la producción nacional y, en el fondo, la productividad. Es obvio que las medidas más básicas para que eso se lleve a cabo es sincerar los costos de producción, ajustar los costos de distribución y sincerar los precios de venta de los productos del campo, incluidos los de primera necesidad. Eso requiere sincerar a su vez el valor del bolívar, acabando con la irracional sobrevaluación que solo beneficia a los intermediarios de las compras en el exterior y a las corporaciones trasnacionales a las que se los compran, y acabando a su vez con la criminal subvaluación, que esquilma a los que necesitan dólares y beneficia, también, a los que el Gobierno se los proporciona. Así, el Gobierno no tendría que gastar en comprar en el exterior, más caro que lo que se produce aquí, muchos productos que antes se producían y aún podrían producirse en cantidades muchísimo mayores si se sinceraran los costos, incluida una ganancia razonable, que tenga en cuenta la inflación. De este modo se bajaría sustancialmente la inflación porque el Gobierno no gastaría afuera dólares en productos que pueden producirse y comprarse aquí en bolívares y no necesitaría sacar a la calle tanto dinero inorgánico, sin respaldo.

Una política irracional

La irracionalidad atenta contra el bien común. Si quienes administran la cosa pública no quieren cambiar de esquema y se empecinan en más estatismo, en que el Estado sea el único distribuidor, en más controles, lo que se obtiene es mayores gastos por parte del Gobierno, más carestía, menos productos, la aniquilación del circuito económico y la empresa privada, y sobre todo, el aumento galopante de la corrupción y los círculos mafiosos. Todo eso, con tremendas disponibilidades económicas, con el barril a más de cincuenta dólares, cuando en el último gobierno de Caldera llegó a estar a menos de diez. Aunque, como este mismo esquema se aplica a PDV, la empresa productora de petróleo ha dejado de ser una verdadera empresa y, según indicadores oficiales de 2014, los costos de producción han subido más de 100 %, mientras, paradójicamente, se produce menos que cuando Chávez llegó al poder y, en consecuencia, ingresan proporcionalmente menos divisas. Todo esto es una crueldad con la población, una tiranía para con los ciudadanos; pero, antes que eso, una falta increíble de solvencia, de profesionalismo, que priva de legitimidad al Gobierno. Que el Gobierno, en vez de sentar cabeza, acuse a los poquísimos canales que quedan de expresión de la opinión pública no cooptada por él, de desestabilizar, cuando el máximo desestabilizador es su política económica y en el fondo su estatismo, que ni lava ni presta la batea, nos parece muy poco ético.

Correctivo urgente

Escribimos con poca esperanza, pero sí con el deseo sincero de que el Gobierno rectifique y el país pueda reencontrar su rumbo para que esta deje de ser una ocasión perdida y la caída más fuerte de nuestra historia en el rentismo y la corrupción, de la que, si no ponemos ya correctivos, no va a resultar nada fácil resurgir porque nuestro país será tragado por el estatismo depredador.