La odisea de los derechos en Cuba

Pareciera vivirse en Cuba una nueva fase de obstrucción de viajes: el viaje cotidiano de los cubanos a sus trabajos o sus casas, el de los ciudadanos de la isla a cualquier lugar del mundo, el de la diáspora a su país de origen. Muchas de esas obstrucciones provienen del exterior, especialmente del gobierno de Donald Trump, que ha relanzado sanciones financieras, comerciales y migratorias, pero otras tienen un origen muy preciso en el liderazgo de la isla.

Hace semanas el presidente Miguel Díaz-Canel compareció en el principal espacio de la televisión oficial, engañosamente llamado “mesa redonda” y, mitad solemne, mitad risueño, anunció una emergencia energética en el país. La causa era “coyuntural”, es decir, no sistémica, y mucho menos podía evocar el terrible “periodo especial” de los años 90, cuando, según declaración previa del presidente, los cubanos habían protagonizado un “gran acto de creación colectiva”.

Díaz-Canel quería y no quería evocar el periodo especial. Ocultó que un misterioso barco de combustible retrasado provenía de Venezuela, como los de la URSS tras la caída del Muro de Berlín, pero llamó a recurrir a la tracción animal al igual que en los años 90. Se trata de la misma ambivalencia que lo ha llevado a reconocer que hay causas internas en el estancamiento económico de Cuba y, a la vez, afirmar que la culpa del actual desabastecimiento es únicamente de Trump.

Una nota reciente de Reuters asegura que desde principios de septiembre PDVSA aumentó la exportación de petróleo a Cuba a casi 120,000 barriles por día, frente a los 70,000 que se enviaban a la isla en el mes de agosto. El incremento, en claro desafío a las sanciones de Washington, se había verificado antes de que Díaz-Canel anunciara la nueva escasez energética. ¿Por qué el presidente ocultó esa parte de la información a la ciudadanía? ¿Para no irritar más a Washington o para no exhibir demasiada dependencia de Venezuela?

Habría que recordar, una vez más, que el freno a las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro en 2012 respondió a una decisión de la cúpula gobernante cubana, de la que formaba parte Díaz-Canel como Primer vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros, en la primavera de 2016, cuando el presidente de Estados Unidos era Barack Obama. En el origen de la presidencia de Díaz-Canel, iniciada en 2018, está la oposición irracional de la franja más ortodoxa de la dirigencia cubana a la normalización diplomática con Estados Unidos y su apego inflexible a la Venezuela de Maduro.

Con sus sanciones, Trump no ha hecho más que consolidar a una corriente inmovilista dentro de la élite cubana que se sintió amenazada por un clima internacional que favorecía a las pequeña y medianas empresas y la autonomización de la sociedad civil. Esa corriente, que dinamitó los ángulos aperturistas de la reforma económica, se incorporó tarde al proceso de diseño de la nueva Constitución y logró revertir, en el texto final, sus demandas más progresistas

No conforme con eso, en lo que lleva en vigor, la nueva Constitución ha sido sometida a un acoso legislativo que ya puede ser documentado. Por medio de regulaciones y decretos sectoriales, como los 349 y 373, la Ley de Símbolos Nacionales y las nuevas disposiciones en materia comunicacional, el gobierno cubano está asegurándose de que las libertades civiles y el derecho al debido proceso que flexibilizan el texto constitucional no puedan ser utilizados para desarrollar una crítica al sistema desde la esfera pública.

A pesar de que el artículo 55 establece que en Cuba “los medios fundamentales de comunicación social en cualquiera de sus manifestaciones y soportes son de propiedad socialista”, el ascenso del sector no estatal y de la pluralidad civil han desafiado el discurso hegemónico. No solo las restricciones legislativas sino el sistemático ejercicio de la represión han actuado como antídotos contra el avance de la libertad de expresión y asociación en Cuba.

En mayo pasado, una marcha gay, organizada por activistas LGTBIQ, independientes del Estado, terminó en golpizas y arrestos de la policía política. En años recientes, varios profesores universitarios (Henry Constantín, Karla María Pérez, Julio Antonio Fernández Estrada, René Fidel González García, Omara Ruiz Urquiola…) han sido expulsados de sus instituciones por razones políticas. La viceministra de Educación Superior, Martha del Carmen Mesa Valenciano, justificó esas expulsiones con la vieja consigna, que se creía en desuso, de “la universidad para los revolucionarios”.

Tras la publicación en redes de una carta de protesta de más de 3,000 académicos de la isla y la diáspora, los ministros Ena Elsa Velázquez Cobiella y José Ramón Saborido Loidi, en la inefable “mesa redonda”, respondieron con descalificaciones de los firmantes: la primera dijo que los exiliados no tenían derecho a opinar sobre los asuntos de su patria y el segundo tildó a los profesores de “mercenarios”, “enemigos” y “cubanólogos”.

Baste el episodio para confirmar que de todos los viajes obstruidos en Cuba el más costoso es el de la ciudadanía de la isla hacia una sociedad libre y un estado de derecho. Ese viaje se ha vuelto una verdadera odisea en un país cuyos gobernantes han decidido ir contra la lógica de la diversidad, que define al siglo XXI. Ninguna de esas obstrucciones califica como defensa legítima de una soberanía amenazada.