Las gestiones de Chile para lograr que la ONU ordenara una misión para investigar a Venezuela

Por primera vez un país latinoamericano es investigado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una resolución de esta instancia decidió crear una misión internacional independiente de determinación de los hechos, a ser enviada “urgentemente” a Venezuela para que indague acerca de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, “con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. 

Esta misión tendrá un año de vigencia y sus conclusiones deben ser presentadas en el 45° período de sesiones del Consejo. La resolución fue impulsada por el Grupo de Lima y explicada por el ministro de Relaciones Exteriores Teodoro Ribera: “El objeto es, primero, sancionar al gobierno de Venezuela por las graves violaciones a los DD.HH.; segundo, crear una comisión investigadora que se traslade a dicho país para seguir investigando y, tercero, mantener una oficina permanente en Venezuela para darle cobertura a los demócratas y hacer un seguimiento de lo que pasa en Venezuela”.

Esta decisión se une a otras adoptadas esta semana y en las que Chile también tuvo participación. Desde el propio lunes 23 de septiembre -día en que comenzó la agenda de la Asamblea General de la ONU- el Grupo de Lima emitió una declaración en la que urgen al Consejo “establecer un mecanismo independiente de seguimiento e investigación sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela”. 

Ese mismo día se reunió el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en donde se acordó “identificar a personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en las actividades ilícitas y utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables”. En los días previos a esta resolución, el embajador chileno ante la Organización de Estados Americanos, Hernán Salinas, fue instruido para negociar una resolución conjunta con países claves, lo que permitió que, finalmente, 16 de los 19 países miembros del TIAR apoyasen esta iniciativa.

Y, luego, el 25 de septiembre el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto tuvieron una nueva reunión para debatir sobre la situación de los derechos humanos en el país petrolero. La reunión la convocó la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y contó también con la presencia del asesor especial de la Unión Europea para la crisis venezolana, Enrique Iglesias. Al salir de este encuentro, el canciller Ribera destacó la coincidencia entre ambas coaliciones con respecto a que “el gobierno de Maduro tiene que concluir, que la transición a la democracia tiene que ser pronto”. 

El tema de Venezuela también se trató en instancias bilaterales. Entre otros puntos, el canciller abordó con su par noruega Ine Eriksen, el rol que tuvo esa nación como facilitador en el diálogo fallido entre gobierno y oposición llevado a cabo este año en Barbados. Con el ministro de Relaciones Exteriores Josep Borrell, de España, además de analizar la situación crítica venezolana, Ribera le explicó los alcances del TIAR. Mientras que con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, también hubo un intercambio de puntos de vista. El tema también se abordó con Alemania, México, Finlandia, entre otros.

Además, el Presidente Sebastián Piñera se refirió al caso venezolano durante su discurso frente a la Asamblea General y también durante una reunión de mandatarios, encabezada por Donald Trump. “Tenemos que darnos cuenta que hay algunos aliados que están ayudando a Venezuela, y estamos hablando de países como Cuba, China, Rusia, Irán y Turquía”, dijo. “Creo que toda la comunidad latinoamericana y quizás todo el mundo deberían dejarles bien en claro que lo que están haciendo está de verdad afectando los intereses de todos los países latinoamericanos”, agregó.

Tras conocerse la resolución del Consejo de DD.HH., el canciller Ribera apuntó: “Esto aumenta el cerco al gobierno de Maduro, esto debilita aún más el gobierno de Maduro, esto nos acerca más al restablecimiento de la democracia en Venezuela”. 

Por Chile participó en la sesión en el Consejo el embajador de la Misión Permanente ante las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra Juan Eduardo Eguiguren.

“Esperamos que el Estado no ponga condiciones ni sea un impedimento para el trabajo de la misión”

La resolución del 27 de septiembre solicita a la Alta Comisionada para los DD.HH., Michelle Bachelet, que siga monitoreando la situación de Venezuela y le solicita presentar informes orales los períodos de sesiones 43º y 45º del Consejo, así como la preparación de un informe escrito que haga énfasis en la independencia del sistema judicial, el acceso a la justicia y a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, que debe ser presentado en el 44º período de sesiones, en en junio-julio 2020.

También le pide que presente un informe oral antes de finalizar el año, el cual será presentado fuera de las sesiones ordinarias, pues el próximo período corresponde a febrero-marzo 2020.

Ahora lo que corresponde, según explica Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, es que el presidente del Consejo de Derechos Humanos -actualmente el embajador senegalés Coly Seck– inicie el proceso de formación de la misión con la designación de sus miembros.

“Tiene que haber mucha vigilancia de que estas personas, que posiblemente sean tres, sean realmente independientes, que tengan todo el conocimiento, la experiencia y que puedan garantizar que la investigación que van a hacer de los resultados, sobre todo, más honrosos con las víctimas”, subraya Rendón.

Rendón es enfática en que la misión no va a interferir con los dos delegados de la Oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH. que ya se encuentran apostados en Caracas: “Una no condiciona el trabajo de la otra. Cada una tiene un trabajo específico. Aunque sí debe haber mucha cooperación y el Estado tiene que garantizar que así sea porque la Oficina de la Alta Comisionada ya tiene todos estos informes adelantados y conoce de primera mano a las víctimas y sus testimonios. Esperamos que el Estado no ponga condiciones, ni sea un impedimento para el trabajo de la misión ni para el de la propia oficina de la Alta Comisionada acá”.

Desde principios de septiembre más de 100 organizaciones venezolanas de activismo en DD.HH. se manifestaron a favor de la conformación de una “Comisión Internacional de Investigación” o de una “Misión Internacional de Determinación de los Hechos”, al considerar que en el país no existe institucionalidad democrática para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos.

Se trata de mecanismos distintos, aunque ambos permiten establecer responsabilidades específicas; así como las cadenas de mando involucradas. “Al tratarse de crímenes cometidos dentro de una política de estado, la responsabilidad personal de quienes los cometen apenas se inicia con los autores materiales y luego escala a los supervisores y jefes de las instituciones en las que se cometieron. He ahí la trascendencia de esta resolución”, dice un comunicado de la ONG Acceso a la Justicia. Celebran también que los resultados deban ser presentados en un año -septiembre de 2020- pues serían a corto plazo, y no como el examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), que no tiene límite de tiempo para pasar a la siguiente fase.

“La resolución también dice muy claramente que de no haber la voluntad política del gobierno y en caso de que no haya cooperación real con la oficina de la Alta Comisionada se podría crear una comisión de investigación, que sería el siguiente paso frente a la posibilidad de que el Estado no garantice que esta misión pueda actuar y que los dos oficiales que están acá puedan tener la amplitud que se les ha prometido para su trabajo”, afirma Rendón.

Las dos resoluciones sobre Venezuela 

El Consejo de Derechos Humanos aprobó dos resoluciones sobre Venezuela esta semana, la primera el 26 de septiembre auspiciada por Maduro; y la segunda al día siguiente, promovida por el Grupo de Lima, y celebrada por distintos activistas en DD.HH.

La del día jueves despertó suspicacias desde su propio nombre. “Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” y al ser presentada por las delegaciones de Argelia, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Siria, Turquía y Palestina. 

Hillel Neuer, director de la organización UN Watch, advirtió que el texto fue redactado por Félix Peña Ramos, representante del régimen de Maduro ante el Consejo. Afirma que el mismo título “es un indicador de que no se trata del escrutinio de los abusos. Más bien, este texto solo busca prevenir la investigación real que estamos demandando (…). En lugar de responsabilizar al régimen opresor de Venezuela, la resolución intenta en repetidas ocasiones culpar a las sanciones occidentales”, y alega que en lugar de condenar los abusos de Maduro a los derechos humanos, elogia al régimen.

Mientras organizaciones como Human Rights Watch alertaban que se trataba de una “astuta maniobra política” a través de la cual el régimen venezolano intentaba convencer a los miembros del Consejo de que está dispuesto a trabajar constructivamente con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Esta resolución no es una respuesta suficiente ni creíble a la gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos que sufren los venezolanos”, escribe José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, pues alega que no reconoce la severidad de la represión ni de la emergencia humanitaria.

Este documento fue aprobado con 18 votos a favor, 23 abstenciones y 6 votos en contra, de Chile, Perú, Argentina, Brasil, Australia y Ucrania. Los cuatro primeros miembros del Grupo de Lima y promotores del nuevo documento.

Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, explica que luego de aprobarse la iniciativa planteada por los latinoamericanos quedó en evidencia que la estrategia de Maduro había fallado: “Como el gobierno veía que la otra se iba a aprobar trató de establecer un contrapeso comunicacional para adelantarse, pero tuvo que hacer muchas concesiones entre estas que el texto del 26 de septiembre dijera que el gobierno tenía que colaborar con Naciones Unidas, cumplir con el mandato de la alta comisionada, permitir y aumentar la ayuda humanitaria. Entonces, logró la resolución, pero apenas lo único que puede explotar de esa resolución es el tema de las sanciones unilaterales”. Esto porque el documento señala que la crisis y las condiciones humanitarias de la población han empeorado con las “medidas coercitivas unilaterales” aplicadas contra el país sudamericano.

No obstante, Daniels hace la salvedad de que las sanciones del TIAR no son unilaterales, con lo cual no puede hablarse que todas las sanciones contra Venezuela son de este tipo. “Es una victoria pírrica del gobierno decir que porque en un párrafo de una resolución se está en contra de las sanciones unilaterales eso es un triunfo. Además, es un arma de doble filo porque el embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, dijo que Venezuela iba a cooperar con los órganos de las Naciones Unidas, y apenas 24 horas después, ya están diciendo que no quieren colaborar con la misión de determinación de hechos”, argumenta el director de Acceso a la Justicia.

En el debate previo a la votación de la resolución, el embajador del Gobierno Maduro, Jorge Valero, dijo que la misión internacional de determinación de hechos es “hostil” y vulnera la soberanía venezolana. Además, acusó a los países del Grupo de Lima de ser “vergonzantes súbditos del Gobierno de Donald Trump”. Adelantó que las medidas estipuladas “no contarán con consentimiento”. 

Esta resolución fue aprobada con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay.

“Lamentamos que México y Uruguay no tomen una postura. No se trata de apoyar o no al gobierno, no se trata de apoyar o no a sectores opositores. Se trata de que las víctimas tengan justicia y un mecanismo de investigación que reivindique a sus deudos. Estos son temas que tienen que ver más con garantías de derechos y no con relaciones políticas, ideológicas”, concluyó Rondón, del Laboratorio de Paz. México y Uruguay, ahora distanciados del Grupo de Lima votaron a favor de la resolución patrocinada por Irán.

Este tipo de comisiones se crean en zonas de conflictos como Yemen, Siria, Palestina y Birmania, entre otros.

Resolución el Consejo de Derechos Humanos 27 de septiembre 2019 by El Libero on Scribd