«Para evitar el estallido hay que atreverse al diálogo inclusivo», dice un juez afín al Gobierno

La población carcelaria de Cuba asciende a 90.000 presos, situando a la Isla como país con más reclusos por cada 100.000 habitantes (794), por delante de EE UU, que es el segundo. El dato se ha dado a conocer este lunes en Madrid durante una rueda de prensa de las organizaciones europeas Cuban Prisoners Defenders y Civil Right Defenders en la que se ha presentado un informe detallado al que tuvo acceso 14ymedio hecho a partir de datos suministrados por una fuente anónima de alto nivel del Estado.

Al encuentro asistieron Javier Larrondo, presidente de esta ONG vinculada a la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), Erik Jennische (Civil Rights Defenders) y Edel González, expresidente del Poder Judicial en la provincia de Villa Clara y Reserva Especial para la dirección del Tribunal Supremo de Cuba, que admitió los grandes problemas que acusa la justicia cubana y los retos que afronta la sociedad.

El jurista, que salió de la Isla en octubre de 2018 hacia Perú para comenzar un doctorado sobre la eficacia del sistema judicial en Cuba, ha reivindicado en parte su validez. «El sistema judicial cubano es eficiente, funciona bien y contribuye a mantener el orden social, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina», afirmó. Sin embargo, la situación cambia, advierte, cuando el caso trasciende al derecho común y hay un trasfondo ideológico.

«Es un tremendo error de los disidentes creer que los bufetes colectivos de abogados están vinculados a la Seguridad del Estado. La abogacía es muy independiente en Cuba», reclamó

«Hay miedo cuando hay casos con contenido político», expresó, antes de añadir que «es un tremendo error de los disidentes creer que los bufetes colectivos de abogados están vinculados a la Seguridad del Estado. La abogacía es muy independiente en Cuba», reclamó.

Los datos del informe dejan claro que hay al menos 11.000 cubanos privados de libertad por «peligrosidad social predelictiva», además de un millar de presos de opinión, incluyendo los 126 presos políticos contabilizados por varias organizaciones de derechos humanos. Sobre estos últimos en concreto, González pidió al Tribunal Supremo Popular que analice su situación.

«No vengo en nombre del Estado cubano ni de la oposición. Estoy como parte del pueblo cubano que quiere dar un paso para defender los derechos humanos», alertó el jurista que, si bien es afín al régimen, ha reivindicado una salida a la situación que vive la Isla que debe estar vinculada a la negociación entre las partes.

González ha explicado en su intervención que recorrió la Isla hasta el último rincón y pudo advertir cómo existe una gran masa social de campesinos empobrecida porque el Gobierno no quiere entregarle las tierras. También ha denunciado que, desde que fue suprimida la Sala Constitucional, en 1973, ya no hay ninguna instancia que pueda resolver los conflictos entre el Estado y los ciudadanos.

También mencionó la imposibilidad de los emprendedores de conseguir financiación, insumos o maquinaria para que sus negocios prosperen y, aunque indicó que el embargo afecta a las posibilidades de desarrollo del país, fue contundente: «la burocracia cubana es corresponsable».

El jurista insiste sobre la necesidad imperiosa de «construir un puente entre el sistema y las personas que piensan diferente»

Todo esto, que además ha conducido a la población a la desesperanza, puede desembocar en un estallido social si no se toman medidas para solucionar las diferencias normales en una sociedad, reflexionó.

«Para evitar el estallido hay que atreverse al diálogo inclusivo sobre asuntos como la libertad de movimiento, la propiedad privada y la libertad de expresión», dijo. El jurista insiste sobre la necesidad imperiosa de «construir un puente entre el sistema y las personas que piensan diferente sin injerencia extranjera, sin agresividad y sin violencia».

«Hay muchos cuadros del sistema que también desean el cambio, pero tienen miedo», asegura.

Le extraña que, entre muchas otras situaciones similares, la Federación de Mujeres Cubanas no haya entablado un diálogo con las Damas de Blanco «para conocer sus problemas» y tampoco se haya interesado por asistir a los familiares de los galenos que tienen prohibido regresar al país durante ocho años como penalización por «desertar».

Otros datos que contiene el informe presentado esta lunes por Cuban Prisoners Defenders y Civil Right Defenders indican que cada año se inician en la Isla más de 32.000 causas penales que implican que entre 35.000 y 40.000 personas son acusadas en sede judicial, de las cuales entre el 93% y el 95% son declaradas culpables.

«Sin duda alguna, y lleva siendo así desde hace decenas de años. El problema es que sólo ahora hemos podido demostrarlo con documentos oficiales indubitados»

De los que son hallados culpables, un 69% (22.000 o 25.500 personas) recibe penas de prisión o trabajos en establecimientos penitenciarios.

Según el informe, hay un total de 127.800 personas que están cumpliendo tipos penales en Cuba, lo que la convierte en una de las mayores cárceles del mundo, dice Larrondo. «Sin duda alguna, y lleva siendo así desde hace decenas de años. El problema es que sólo ahora hemos podido demostrarlo con documentos oficiales indubitados», destaca.

En cuanto a los indultos, el informe documenta que en torno a 21.600 presos comunes obtienen al año beneficios de excarcelación anticipada, una política gubernamental, según denuncian, para controlar el gasto penitenciario y el hacinamiento en los centros.

Cuban Prisoners Defender añadió que lo más grave que ha podido contrastar es la represión que sufre la población cubana. «Una población no delictiva, tranquila. En Cuba no hay clanes, mafias ni conflictos raciales, religiosos o de otro tipo. En Cuba la población es buena, sencilla, de buen corazón. Su único delito es tratar de sobrevivir. El sistema no puede castigar ese intento de supervivencia cuando es incapaz de darle al cubano los mecanismos para ella, porque se ha enfrentado con todo el mundo, y porque su política de derechos económicos, amén de otros derechos, no le permite por ley al cubano ni importar, ni recibir inversión para un negocio, ni tener suministro alternativo de insumos cuando los del Estado no son suficientes».