La UE pidió explicaciones a Cuba sobre los ‘regulados’

La portavoz de la Comisión Europea Virginie Battu-Henriksson lamentó en la rueda de prensa diaria de la institución que Cuba recurra de manera «creciente» a las prohibiciones de viajes para sus ciudadanos porque el derecho a moverse libremente es un derecho fundamental y aseguró que se ha planteado la cuestión a La Habana en el último diálogo entre las dos partes en octubre.

Respondía así a un acto celebrado hoy en la sede belga de la Eurocámara en el que se abordó la inclusión de la sociedad civil cubana en las conversaciones entre la Unión Europea y Cuba.

El encuentro, organizado por Civil Rights Defenders y el partido liberal español Ciudadanos, no pudo contar con la participación de varios invitados a los que se impidió el fin de semana abordar un avión en La Habana para dirigirse a Bruselas. Los afectados fueron Kirenia Yalit Núñez Pérez, Amaury Pacheco del Monte, Manuel Cuesta Morúa, Maydolis González y Cristina Rodríguez Penton.

La UE, en cambio, sí defendió como «acertado» el enfoque comunitario de «diálogo abierto y compromiso crítico» plasmado en el Acuerdo de Diálogo y Cooperación

La UE, en cambio, sí defendió como «acertado» el enfoque comunitario de «diálogo abierto y compromiso crítico» plasmado en el Acuerdo de Diálogo y Cooperación que rige las relaciones entre ambas partes, un pacto fuertemente criticado en el acto de esta mañana.

La activista cubana Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Oswaldo Payá, denunció en su ponencia que su país ha violado «elementos esenciales» del acuerdo suscrito en 2016.

En ese sentido, solicitó a Bruselas organizar una reunión de urgencia en la que se exijan condiciones a la implementación de ese pacto y se ponga «un límite de tiempo» o que, «de lo contrario, se suspenda» el convenio.

«Le pediremos al Parlamento que requiera al Servicio (Europeo) de Acción Exterior que llamen a una reunión urgente, tal y como está establecido en el acuerdo, por violación de elementos esenciales de los principios de ese acuerdo», declaró Payá antes de entrar.

Aunque consideró que el pacto entre Cuba y los Veintisiete es «un texto muy lamentable» que no tiene instrumentos para «medir las reformas que el Estado cubano podría estar haciendo en favor del pueblo», aseguró que consta de una provisión para suspenderlo si se violan «elementos esenciales» del convenio como el Estado de derecho o el respeto de la democracia y los derechos humanos que, apuntó, «se están violando todo el tiempo en Cuba».

Payá pidió a Bruselas que le ponga «un tiempo límite» al régimen cubano «para hacer las reformas que tienen que ver con la liberación de los presos políticos y de José Daniel Ferrer», activista opositor encarcelado desde hace más de tres meses.

Del mismo modo, exigió que La Habana retire «todos los agentes de influencia» desplegados «en el mundo entero», especialmente en Venezuela y el resto de Latinoamérica, según precisó.

Payá solicitó respeto a los derechos humanos en Cuba, «específicamente al derecho que tenemos los cubanos a cambiar el sistema, a expresarnos públicamente para definir el sistema»

También solicitó respeto a los derechos humanos en Cuba, «específicamente al derecho que tenemos los cubanos a cambiar el sistema, a expresarnos públicamente para definir el sistema en Cuba, un sistema que hoy prohíbe las elecciones libres, justas y plurales».

En la Eurocámara se ha hablado del informe Cartas desde Cuba a la Unión Europea, en el que una treintena de organizaciones y representantes de la sociedad civil analizan la situación en la Isla y las relaciones de La Habana con el bloque europeo.

El eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauza, encargado de organizar el evento en la Eurocámara, afirmó que está centrado en «poner de manifiesto las tropelías» del régimen cubano.

El director ejecutivo de Civil Rights Defenders, Anders L. Petersson, ha criticado cómo la sociedad civil cubana es «excluida sistemáticamente» de todo diálogo sobre su futuro y que «la represión va en aumento», lo que a su juicio demuestra que la estrategia de la Unión Europea para con Cuba no está dando resultados y debe ser revisada.

El acuerdo de diálogo político y de cooperación, suscrito en 2016 entre la Unión y Cuba, se aplica provisionalmente desde noviembre de 2017 y puso fin a dos décadas de la denominada «posición común» europea, que vinculaba todo avance en la relación bilateral a los progresos en democratización y derechos humanos en la Isla.

Sin embargo, Payá estimó que en el diálogo entre Bruselas y La Habana solo ha tenido voz el líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y que el pueblo cubano ha quedado «totalmente excluido».

De acuerdo con el Observatorio, las detenciones se produjeron «en la vía pública sin orden judicial» e incluyeron «allanamientos de viviendas, multas, decomiso de bienes privados, amenazas y retenciones ilegales»

Payá también lamentó que cinco de los ocho activistas que tenían previsto participar en el evento no hayan podido viajar y, sobre ella misma, dijo que le han notificado que está acusada por «un capitán de la Seguridad del Estado cubano» y que no sabe si podrá volver a entrar en Cuba, salir o si será encarcelada.

El acto ha coincidido con la presentación en Madrid del último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, según el cual al menos 196 personas fueron víctimas de «detenciones arbitrarias» en Cuba durante el mes de enero, mientras que al menos a otras 14, entre ellas dirigentes opositores, se les impidió salir del país.

«Al menos 196 detenciones arbitrarias se registraron en Cuba en el primer mes del año contra activistas de Derechos Humanos y periodistas independientes», siendo La Habana, Villa Clara y Santiago las provincias más afectadas, ha indicado.

De acuerdo con el Observatorio, las detenciones se produjeron «en la vía pública sin orden judicial» e incluyeron «allanamientos de viviendas, multas, decomiso de bienes privados, amenazas y retenciones ilegales».

El Observatorio ha llamado la atención sobre el hecho de que «el Gobierno cubano también impidió la salida del país a 14 personas», entre ellas los dirigentes opositores Eduardo Cardet y Manuel Cuesta Morúa y los periodistas independientes Reinaldo Escobar y Rolando Rodríguez, mientras que a un activista exiliado y a un deportista se les negó la entrada.

«Los afectados fueron informados de la medida gubernamental antes de abordar sus vuelos, sin que mediara documento judicial alguno», ha precisado la plataforma opositora en un comunicado.

«Todo ello, con la agravante de que no dan explicaciones sobre las causas, lo que confirma su carácter arbitrario», si bien «en todos los casos predomina la falta de transparencia»

El Observatorio ha indicado que la mayoría de los activistas cubanos están «regulados, el eufemismo que el Gobierno utiliza ahora para violar el derecho a entrar y salir libremente del país».

«Todo ello, con la agravante de que no dan explicaciones sobre las causas, lo que confirma su carácter arbitrario», si bien «en todos los casos predomina la falta de transparencia», ha señalado.

Así las cosas, ha denunciado que «‘de facto’ se está volviendo a la época en que los activistas no podían salir de la Isla», recalcando que se trata de «un atropello que viola la libertad de movimiento de las personas».