Los refugiados de la represión de abril

Mélida Mejía cruza a diario un raquítico cauce de agua sucia. El barrio donde vive le llaman “Quebrada Seca”, un caserío precario ubicado en la ciudad de Jacó de la Provincia de Puntarenas en Costa Rica. Es un poblado invisible ante el Estado y para la oferta turística que ofrece la ciudad costera. Habría querido habitar en mejores condiciones, pero el exilio no llega con menú de oportunidades.

La rebelión de abril tomó por sorpresa a Mejía, aunque meses antes, ella y sus hermanas ya habían protestado en una pequeña comunidad llamada Chalmeca, al sureste del Municipio de El Rama en la Costa Caribe Sur de Nicaragua. Creció a orillas del caudal de Río Escondido, en un pequeño caserío alejado del ruido urbano, pero no ajeno de la exclusión y la violencia política.

Aún en las comunidades más recónditas, el partido de gobierno dirigido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha impuesto la muerte civil a cualquiera que opine diferente. “Si llegaban proyectos, proyectos de viviendas, si uno no es del mismo partido, no los apoyan”, cuestiona Mejía.

Dos de sus hermanas trabajaban para el Estado. Una de ella como conserje en una escuela pública y otra como maestra. Pensar diferente les costaría el despido, amenazas y exilio.

“Si vas a trabajar para el Gobierno tienes que votar por él, por Daniel”, comenta.

En el primer bimestre de 2018, los aires de hostilidad que se respiraban en la comuna, abrieron las puertas del exilio para Mélida y sus hermanas. La preocupación por la presunta aparición de muertos que los pobladores achacaban a razones políticas, era suficiente para medir los riesgos.

Mejía se enrumbó hacia Costa Rica junto a su hija en marzo de 2018.  Dejó su vida campestre y se mudó al  pequeño asentamiento precario del pacífico costarricense, mientras sus hermanas se marcharon hacia España.

El exilio de las hermanas Mejía anticipó lo que meses después se convertiría en el destierro masivo de miles de nicaragüenses.

Un éxodo de estudiantes y profesionales

La represión desatada en abril y la sangrienta Operación Limpieza, causaron estragos a la economía en 2018 y 2019, que obligaron a más de 80 mil ciudadanos a desplazarse hacia Costa Rica. Uno de los  flujos migratorios más grandes en la historia de ambos países, provocado por razones políticas.

La solicitud masiva de nicaragüenses en búsqueda de refugio colapsó el sistema y los mecanismos de atención a refugiados del Estado costarricense, especialmente entre junio y agosto de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega se ensañó militarmente contra la población civil en los tranques del paro ciudadano.

Las filas superaban los 200 metros de longitud en las afueras de la oficina central de Migración y Extranjería en San José. Centenares de exiliados recordaban bajo torrenciales lluvias del invierno entrante, todo lo que dejaron en Nicaragua. Ariana Gutiérrez estaba ahí.

Antes del 18 de abril, las noticias políticas no eran de su interés, se “preocupaba” por otras cosas. Cursaba el quinto año de Optometría Médica en la Unan Managua, y estaba a pocos meses de conseguir su título universitario. En la insurrección cívica, reconoció que el país urgía un cambio. Cuando decidió involucrarse en la protesta, sabía que no había vuelta atrás.

“La comida para las barricadas de mi barrio se hacían en mi casa”, relata. Cuando empezó la operación militar contra los manifestantes de los tranques, la familia de Gutiérrez sabía que comenzaría una “cacería selectiva”. Los grupos civiles pro gobierno los tenían en lista. “Si tenían el poder de hacernos daño, lo iban hacer. Entonces mi mamá decidió que teníamos que salir de donde vivíamos”.

Durante los primeros cinco meses de la protesta cívica, la dictadura asesinó a más de 300 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2018, la persecución del régimen apuntó hacia Costa Rica. En un discurso de un acto partidario, Daniel Ortega incitó al gobierno tico a brindarle información sobre los refugiados políticos, a lo que la administración del presidente Carlos Alvarado rechazó y en cambio ofreció protección a los nicaragüenses.

Con la ola de refugiados, llegaron líderes de movimientos sociales, estudiantes, campesinos, defensores de derechos humanos, médicos, periodistas, exmilitares y expolicías que se negaron a reprimir, y civiles que apoyaron las protestas ciudadanas.

A diferencia de otras olas migratorias del pasado, el subdirector de Migración y Extranjería, Daguer Hernádez, reconoce que esta se caracteriza porque las personas desplazadas tienen “alta escolaridad, hay profesionales y estudiantes perseguidos por la represión”. Ese es el caso de Mauricio Martínez, un joven de 27 años estudiante de derecho. “Las razón que me trajo a Costa Rica fue que me sumé a los miles de nicaragüenses que apostaron generar un cambio en abril”, dice sin titubear.

Disidente de la dictadura

Para quienes siempre fueron opositores al régimen sandinista, podrían haber esperado la respuesta represiva del Estado, pero quienes trabajaron dentro de sus filas, es un trauma de doble peso: la decepción y la persecución.

Junieth Brenes coordinó durante un tiempo diferentes movimientos juveniles en el Frente Sandinista. Trabajó en el Poder Judicial y estudiaba la carrera de Derecho. A inicios del 2018, sus discrepancias con las directrices del partido de gobierno, la motivaron a alejarse poco a poco. El estallido social de abril le terminó de “abrir los ojos”. El martes 17 de abril fue su último “día normal” en la casa de su familia. El 18 ya no volvió. No podía volver. La mayoría de sus parientes “son fanáticos” del orteguismo.

“Lo más inaceptable para el gobierno fue que yo era parte de sus filas y la traición no lo permitían”

Brenes se atrincheró junto a centenares de estudiantes que demandaban autonomía universitaria y democracia para el país. Recorrió los pasillos de la Unan Managua y la Universidad Politécnica, vio a decenas de heridos y escapó de violentos ataques. Pero antes de eso, “los primeros en mi contra, fueron mis familiares”. De eso se lamenta, pero no se arrepiente. Desde aquél momento aseguró no haber “vuelta atrás”.  También participó en el primer Diálogo Nacional en mayo de 2018. Por primera vez estaba del otro lado de la mesa, y eso le costó persecución.

Después de la sangrienta operación limpieza en el departamento de Carazo, su papá se convirtió en prisionero político. La casa que tenía de resguardo ya no era segura, y su madre le pidió que se exiliara. “Extraño a mis hijos. Eso ha sido lo más duro”, lamenta.

De la cárcel al exilio

Muchos de los refugiados en este nuevo ciclo de  emergencia política, pagaron un alto costo por involucrarse en las protestas ciudadanas. Róger Martínez es un sicólogo de la ciudad de Granada que “no la pensó dos veces”, para demandar la restitución de la democracia y el cumplimiento de la justicia.

Antes de ser encarcelado por nueve meses, Martínez atendía profesionalmente en un consultorio médico de la ciudad colonial. Es “muy dado” a los medios y le gusta hablar en público. De vez en cuando visitaba los canales de televisión local para hablar de consejos de control emocional, o para promocionar su último libro de autoayuda. Se describe como “opositor” al sandinismo desde antes de la rebelión de abril.

En la galería 16 de la cárcel La Modelo, Martínez continuó siendo consejero de sus compañeros de celda. Su profesión le facilitó “herramientas” para ayudar emocionalmente a otros reos políticos. Pero eso tampoco lo eximió de resistir al dolor de la distancia de sus seres queridos. “Una de las cosas más difíciles eran las preguntas de mis hijos: ‘Papá, cuándo vas a venir’. Eso me quebrantaba, me hacía llorar mucho”, recuerda.

En ese momento quería colgar el teléfono porque no sabía la respuesta. También tenía que colgar porque los custodios del penitenciario permanecen pendientes de los reos políticos. Martínez devolvió el celular a su compañero de celda, quien de vez en cuando se lo presta, pero debe ocultarlo.

El delito de Martínez fue atender a heridos de la represión en el barrio Xalteva de Granada. “Fui secuestrado el 11 de julio de 2018, el 17 me presentaron en los juzgados.  Me pusieron una abogada de oficio y aceptó la causa: que era fabricación y tráfico de armas, municiones y explosivos” relata. Sonríe cuando recuerda la evidencia que presentó la policía: “ 56 chibolas, una hulera, un probador eléctrico, un miguelito, una capucha, una mochila, nada que correspondiera al delito que se me estaba imputando”, describe.

En noviembre fue declarado culpable y sentenciado a 4 años de prisión. Sin embargo fue liberado en abril de 2019, en el marco de las negociaciones políticas entre la Alianza Cívica y el Gobierno. Estando en libertad, las amenazas y el asedio continuaron en su contra.

“Como forma de resguardar mi integridad , mi paz mental y emocional, de rehabilitarme sicológicamente fuera del ambiente hostil que se vive en Nicaragua, decidí salir, como una medida de autocuido”, asegura.

También hay razones económicas

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de septiembre de 2019, confirma que el desplazamiento forzado nicaragüense tiene un rostro predominantemente joven, con un 23% del total de personas refugiadas. Y entre las principales causas de exilio registra motivos por amenazas directas, imputación de delitos,  represión estatal,  asedio y persecución,  detención arbitraria y por negarse a cumplir órdenes.

Sin embargo, la crisis política de Nicaragua no solo ha generado el desplazamiento forzado de ciudadanos por razones políticas, sino también por causas económicas. Dos años consecutivos de recesión y el aumento de los índices de desempleo y pobreza, amenazan con provocar una nueva ola de migrantes económicos.

Pedro Centeno abandonó el país en septiembre de 2018. Trabajaba como “salonero” en hoteles y restaurantes, pero la inseguridad de la capital y la pérdida de su trabajo lo motivaron a marcharse a Costa Rica. “Yo estaba en el área de turismo, muchos negocios, restaurantes cerraron y mucha gente del gremio de nosotros nos obligamos a salir fuera del país”, lamenta.

Centeno pertenece a un número desconocido de nicaragüenses que han llegado a Costa Rica en búsqueda de empleo. Actualmente trabaja sin garantías sociales en una tienda capitalina. No tiene documentos oficiales, pero se ha convertido en un nuevo nica emisor de remesas para Nicaragua.

Ivania Báez no ha corrido con la misma suerte de Centeno. Además de no tener documentos, tampoco tiene empleo. Era docente en una escuela de primaria en Managua. Abandonó el país por su seguridad y la de su familia. “Vi complicada la situación y totalmente comprometida mi seguridad”, cuenta. Ahora vive en un pequeño caserío a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Upala, mientras espera con prontitud una oportunidad de trabajo.

“Aquí uno complicadamente consigue trabajo si no tiene documentos”, cuestiona.

Para los exiliados políticos y los migrantes económicos, el trámite del estatus migratorio se convierte en un muro que les aleja de las oportunidades de trabajo. Anabel Rojas es vecina de Mélida Mejía. En este barrio precario de la ciudad costera, ha visto desfilar a decenas de nicaragüenses a orillas del cauce, escapando de la inseguridad y en búsqueda de una mejor vida.

Rojas asegura que hay un problema de desinformación de parte de los nicaragüenses con respecto a los trámites migratorios. “Hay quienes creen que los pueden regresar”, asegura. Las condiciones precarias de los nicas que llegan a vivir a “Quebrada seca”, son totalmente desfavorables. Según Rojas, habitante de ese barrio durante 20 años, al menos el 70% de los pobladores del barrio son nicaragüenses, y en 2018, la cifra aumentó. “Por el problema que hubo en Nicaragua fue cualquier cantidad de nicaragüenses que vinieron a dar acá, montones”, describe asombrada mientras un gallo cacarea a orillas del cauce de agua sucia, enfrente de su casa.

El Estado tico y la emergencia de los refugiados

Al finalizar el 2019, La Dirección General de Migración y Extranjería contabilizó la solicitud de refugio de más de 80 mil nicaragüenses. Entregó cerca de 40 mil carnés provisionales de solicitud de refugio, y 14 mil permisos laborales. Sin embargo, las dificultades para insertarse en la dinámica económica, representa un desafío para la sobrevivencia de los refugiados.

En diciembre de 2019, el presidente Carlos Alvarado lanzó un SOS a la comunidad internacional para atender a los exiliados nicas en Costa Rica, aunque la administración costarricense considera que no se trata de una emergencia humanitaria. “Es un tema de protección internacional”, afirma el Subdirector de Migración y Extranjería, Daguer Hernández.

Según Hernández, no todas las personas solicitantes de refugio califican en esa categoría, y muchas han abusado de la aplicación para obtener con mayor prontitud una respuesta del Estado para su regulación migratoria. “Son los migrantes laborales que han estado en Costa Rica o que vinieron a Costa Rica para ubicarse de alguna forma en el tema laboral, que no son perseguidos. Son personas que están trabajando en algún lado y a los cuales tenemos que resolverles” afirma.

A dos kilómetros de la oficina del subdirector de Migración y Extranjería, viven más de 25 nicaragüenses aglutinados en una vieja bodega de almacén. No tienen documentos, no tienen permisos de trabajo, y tampoco empleo. Salieron de Nicaragua por persecución política, y su desafío es recoger 500 dólares mensuales para pagar la renta del local. A veces tienen comida que les regalan. Algunas mañanas solo toman café, y al medio día, un vaso de avena.

La bodega de 4 paredes no tiene más que eso. En el piso se cuenta las colchonetas unas pegadas a otras. Hay hamacas y telones colgados con “cabuya”, intentando conseguir un poco de privacidad.

Estos nicaragüenses lanzan un SOS al Estado costarricense.  “Las condiciones en las que vivimos aquí es inaceptable, lo hacemos porque no nos queda de otra, pienso que hay que ser un poco más humano”, cuestiona, uno de los habitantes del asentamiento.

Los movimientos de solidaridad y organizaciones que apoyan a los nicaragüenses refugiados, aseguran que sí existe una emergencia humanitaria.

“Hay gente en indigencia, duermen en el piso, no tienen donde dormir, no tienen acceso a la salud”, describe María Elizondo, de la organización SOS Nicaragua en Costa Rica.

“Es cierto que el gobierno de Costa Rica no quiere reconocer esa emergencia o valora que no está la emergencia, pero nosotros que conocemos las condiciones de las que están los y las nicaragüenses, sabemos que es una emergencia”, asegura Ana Quirós, de la organización de la sociedad civil, Cisas.

La formación política y el retorno

A pesar de las dificultades y la lucha por sobrevivir, los refugiados políticos siguen conectados con la realidad nicaragüense. A diferencia de otras olas migratorias motivadas por razones económicas, la mayoría de los nuevos exiliados no tienen planes de permanecer en Costa Rica, aunque condicionan el retorno a su seguridad y la salida de la dictadura del poder.

Jóvenes como Mauricio, Junieth y Ariana, han encontrado en el exilio un espacio de formación política para aportar a la Nicaragua post Ortega.

“El propósito es educarnos a profundidad, prepararnos para poder regresar y ser agentes de cambio”, afirma Junieth Brenes.

Alberto Cortés, un politólogo costarricense nacido en Nicaragua, apuesta a que la formación política de los jóvenes exiliados es una oportunidad para futuros  procesos democráticos en Nicaragua “La estadía de ellos aquí puede ayudar a tener contrapuntos sobre cómo pensar el diseño de la institucionalidad nicaragüense, cómo organizar la cultura política. A lo mejor puede resultar en la opción de juntar lo mejor de los dos mundos en la nueva Nicaragua”, afirma el politólogo.

“Mi mayor anhelo es regresar, aprovechar el tiempo aquí. Creo que lo estoy haciendo junto a mis compañeros y todo lo que adquiramos y absorbemos de esta sociedad. Creo que vamos a replicar en Nicaragua”, dice Mauricio Martínez.