Lo nunca visto. Venezuela, auténtica potencia petrolera mundial desde los años cuarenta, con 302 mil millones de barriles de reserva de crudo en su subsuelo, la mayor del mundo, en 1998 producía casi tres millones y medio de barriles diarios y sus refinerías procesaban diariamente casi millón y medio de barriles diarios. Según los estimados más optimistas, en lo que va de año, Venezuela apenas ha producido un promedio de 600 mil barriles diarios y las refinarías nacionales a duras penas están en condiciones de procesar 150 mil barriles. El resultado de este extraordinario deterioro de la industria petrolera venezolana es que a mediados del pasado mes de marzo, el país se quedó sin una gota de gasolina y hasta el transporte público dejó de funcionar. De ahí que la semana pasada, al son de esos tambores y trompetas que suelen anunciar grandes victorias patrióticas, el régimen anunció como un gran triunfo, la llegada a puertos venezolanos de cuatro tanqueros de mediano tamaño procedentes de Irán cargados de gasolina.
Desde ese lunes primero de junio, a las puertas de las 1380 estaciones de servicio seleccionadas en todo el país para distribuir el combustible, la escena es penosamente idéntica y agobiante: colas kilométricas de vehículos automotores a la espera desesperada de que le llegue su turno, una agobiante tarea bajo estricto control militar. Es decir, horas, días y noches en vela vigilada a ver si hoy hay suerte y si no, paciencia, hermano, que mañana será otro día y quizá entonces lo logres. Es decir, paciencia, mucha paciencia y no poca indignación, porque la nueva humillación ciudadana simplemente se añade a la dramática experiencia que significa vivir sin agua, sin televisión, sin suficiente gas doméstico, con frecuentes interrupciones del servicio eléctrico, con el colapso total de los servicios públicos de salud y educación, con ingresos en bolívares que no valen nada y tener que pagarlo todo en dólares a precios internacionales inalcanzables para la mayoría de los venezolanos, cuyo salario mínimo y pensiones de vejez o enfermedad, al cambio del día, no superan la inaudita cantidad de 4 dólares mensuales.
Si alguien que no viva en Venezuela cree de buena fe que estas líneas describen una situación desde todo punto de vista imaginaria o son torpe expresión de una fanática militancia antichavista, se equivocan. La situación de la industria petrolera y del suministro de gasolina es real y nada tiene que ver con la versión oficial de la historia, que una vez más, fiel a la famosa sentencia que pronuncia Sartre en su obra teatral A puerta cerrada, “el infierno son los otros”, le echa la culpa de esta tragedia de proporciones bíblicas al “imperio”, empeñado tercamente en negarle al pueblo venezolano su soberano derecho a ser libre, revolucionario, socialista y, por supuesto, chavista. No obstante el esfuerzo oficialista, la verdad implacable de los hechos y los números nos advierte que esta pavorosa crisis es el fruto directo y muy amargo de la decisión que tomó Hugo Chávez al asumir la Presidencia de la República de poner a Venezuela patas arriba para reproducir aquí el fallido y cruel experimento de la revolución cubana.
En primer lugar, con la redacción de una nueva Constitución hecha a la medida exacta de los deseos de Chávez, aprobada por la aplastante mayoría de diputados chavistas en la Asamblea Constituyente, electos gracias a un astuto artificio aritmético-electoral que hizo posible conquistar 124 de sus 131 escaños con solo 65 por ciento de los votos emitidos. En segundo lugar, con la firma de 49 decretos-leyes elaborados en el mayor de los secretos y sin consultar a nadie bajo el cobijo de los poderes extraordinarios que le confirió el Poder Legislativo a mediados del año 2000.
Mediante el nuevo texto constitucional, tal como lo había prometido muchas veces a lo largo de meses de creciente incertidumbre sobre el rumbo que finalmente emprendería la nación, Chávez eliminó el fundamento político del antiguo régimen, es decir, el modelo burgués de democracia representativa, y echó los cimientos de una nueva legalidad, la legalidad “revolucionaria”, supuestamente protagónica y directa, habitual retórica de los regímenes totalitarios para proclamar la comunicación directa entre el líder y su pueblo sin necesidad de recurrir, dicen ellos, a la engorrosa intermediación de otras instancias políticas. Con los 49 decretos-leyes de la Habilitante, anunciados el 14 de noviembre de 2001, Chávez entraba en un terreno sin la menor duda temerario, pero absolutamente imprescindible si de verdad pretendía modificar a fondo la estructura de la propiedad privada, el funcionamiento general de la economía y los mecanismos administrativos del Estado.
Estas dos decisiones, de cuya verdadera finalidad solo podían dudar los espíritus más ingenuos, provocaron múltiples reacciones en los ámbitos no chavistas de la sociedad venezolana. Es imposible precisar si Chávez, por arrogancia, calculó mal la reacción de al menos la mitad de la población, o si a sabiendas de lo que tarde o temprano ocurriría, prefirió precipitar los acontecimientos, como él mismo reconoció en enero de 2004 durante su discurso anual de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. En todo caso, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y los gremios empresariales agrupados en Fedecámaras convocaron para el jueves 11 de abril una gran concentración popular y luego medio millón de ciudadanos recorrieron a pie 14 kilómetros de autopista para llegar al Palacio Presidencial, denunciar la existencia de esos decretos-leyes y exigirle a Chávez su renuncia.
La sangre derramada de 20 manifestantes asesinados por disparos de francotiradores de identidad todavía desconocida, y de más de 100 heridos, incendió la pradera nacional. Diversos pronunciamientos militares se sumaron esa noche a la rebelión civil en marcha y, con renuncia o sin ella, Chávez fue derrocado. Sin embargo, 47 horas después, regresó a su despacho presidencial en hombros de sus partidarios y lo que parecía haber sido el inicio de un brusco vuelco al proceso político, terminó proporcionándole a Chávez la oportunidad de profundizar su proyecto político, comenzando por la purga implacable de la Fuerza Armada Nacional y el despido de 19 mil gerentes, técnicos y trabajadores especializados de los menos de 40 mil trabajadores que tenía entonces Petróleos de Venezuela (PDVSA). Fundamento político uno y material el otro, de todo lo bueno y todo lo malo ocurrido en Venezuela desde el 31 de marzo de 1914, cuando en un solitario paraje del estado Zulia explotó el primer pozo petrolero venezolano.
A partir de ese instante preciso, comenzó a cambiar la historia de Venezuela. Muchos años después, en enero de 1976, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez le dio otro impulso decisivo a su desarrollo cuando nacionalizó la totalidad de la industria petrolera. No como fruto de alguna ideología radical, sino como parte de una auténtica política de Estado acordada por todos los factores políticos y sociales del país, y el visto bueno de las grandes corporaciones internacionales que hasta ese día manejaron el negocio petrolero venezolano.
Sin embargo, aquello no fue una verdadera nacionalización. De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos aprobada en 1943, los poderosos propietarios de la industria petrolera venezolana lo seguirían siendo, pero solo por 40 años más. Es decir, hasta 1983, fecha que tranquila y ordenadamente, la propiedad y el control de la industria pasaría a manos del Estado venezolano. La “nacionalización” de 1976 sencillamente adelantó esa prevista reversión, adelanto motivado principalmente porque las famosas 7 hermanas, en previsión de que pronto tendrían que cederle al Estado todos sus activos, habían reducido sus inversiones en Venezuela al mínimo. A ambas partes les convenía ponerse ahora de acuerdo y adelantar lo inevitable.
En términos reales, esta circunstancia le quitó a la nacionalización su posible sentido épico, porque a fin de cuentas aquello solo fue un traspaso legal y contable de la industria, sin que ningún ingrediente ideológicamente explosivo contaminara las negociaciones de propósitos políticos o partidistas, como sí ocurrió, por ejemplo, con la nacionalización de la industria petrolera mexicana en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que esta “nacionalización” tranquila de la industria incluyó la decisión de no al alterar en nada, mucho menos politizar, el manejo del negocio. Gracias a ello, y durante los siguientes 25 años, se conservó la estructura y la gestión técnica y comercial del negocio petrolero, lo cual le permitió a PDVSA funcionar desde el primer día de su existencia al mismo altísimo nivel de eficiencia que las principales empresas petroleras del mundo.
Este gran acuerdo nacional sobre el petróleo, como durante décadas había la electrificación de Venezuela, el otro gran proyecto del Estado venezolano al margen de todo interés político subalterno, permitió que para 1999, año en que Chávez asumió la Presidencia de la República, Venezuela podía jactarse de la modernidad del país y del desarrollo ejemplar la industria petrolera, que esperaba casi duplicar su producción en los próximos años. Todo lo contrario a lo que ocurrió durante estos últimos 20 años, en los que como Rafael Ramírez llegó a anunciar hace 14 años, gracias a su transformación de gran empresa internacional en caja chica de Chávez para financiar dentro y fuera de Venezuela su proyecto político, la nueva PDVSA pasaba a ser “roja rojita de arriba abajo.” Consecuencia de aquel mayúsculo disparate ha sido la destrucción de arriba abajo de la industria, causa principal de la crisis humanitaria que sufrimos hoy en día los venezolanos y razón por la que nadie en su sano juicio puede imaginarse cómo será el día de mañana, cuando se acabe esta mínima y pasajera inyección de gasolina iraní y, sobre todo, cómo será a mediano plazo el futuro de una industria petrolera totalmente maltrecha pero de la que a fin de cuentas depende lo que le espera al país a la vuelta de la esquina.
