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Estados Unidos impone sanciones al hijo del presidente de Nicaragua
Juan Carlos Ortega Murillo es el director de Difuso Comunicaciones, empresa que realiza las campañas electorales del mandatario nicaragüense
El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso este pasado viernes sanciones económicas a otro hijo del presidente de Nicaragua, Juan Carlos Ortega Murillo, y a dos compañías nicaragüenses usadas para el lavado de dinero, en una nueva muestra de presión a Managua.
«El presidente Ortega y su corrupto círculo cercano prioriza su propio poder y riqueza sobre las necesidades del pueblo nicaragüense. Estados Unidos seguirá apuntando a aquellos que respaldan el régimen de Ortega y se apropian del dinero de la economía de Nicaragua», afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Juan Carlos Ortega Murillo es el director de Difuso Comunicaciones, empresa que realiza las campañas electorales del presidente nicaragüense.
Asimismo, el Tesoro sancionó a la compañía Mundo Digital y a su propietario, José Jorge Mojica Mejía, un estrecho colaborador de la familia Ortega y al que considera responsable de varias operaciones de lavado de dinero para el enriquecimiento del presidente y su entorno.
Como consecuencia, quedan congelados los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe a las entidades estadounidenses llevar a cabo transacciones financieras con los sancionados.
Más presión
La Administración del presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Nicaragua con sucesivas rondas de sanciones, entre ellas a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, otro hijo de la pareja, Rafael Antonio Ortega Murillo, y diversos altos cargos.
En mayo, señaló al jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda, Iván Acosta, por supuestamente participar en actos de corrupción y por ayudar a «silenciar» las voces prodemocráticas en el país centroamericano.
En Nicaragua estallaron el 18 de abril de 2018 unas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaran en una protesta contra Ortega, que dejó 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones locales de derechos humanos elevan esa cifra a 684, mientras que el Gobierno reconoce solo 200 fallecidos y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Desde el principio, el Gobierno de Trump ha apoyado a la oposición nicaragüense y ha buscado debilitar y aislar internacionalmente a Ortega a través de la presión económica y diplomática.