Periscopio Chile – Conmoción por joven lanzado por la policía al río: Uno más en una serie de abusos y violaciones graves a los derechos humanos

La noticia causó indignación y conmoción debido a las imágenes donde literalmente un policía (Carabineros de Chile) lanza a un joven de tan solo 16 años al río, este hecho ha vuelto a poner sobre la palestra internacional a Chile debido a las violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado, desde el estallido social, el pasado 18 de octubre, y las movilizaciones sociales que se han producido el último tiempo en el país, después de la larga cuarentena.

A casi días de cumplirse un año del estallido social, el 18 de octubre de 2019, donde “Chile despertó”, y miles de personas salieron a protestar por los abusos causados por el alza de la tarifa en el transporte público, y que luego las concentraciones populares pronto expusieron sus causas: el alto costo de la vida (Santiago es la segunda ciudad más cara de Latinoamérica), y los abusos causados por empresas, además del sistema impuesto por el dictador Augusto Pinochet, como por ejemplo​: las bajas pensiones y los precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, entre otros derechos básicos, ocurren una vez más estos hechos que estremecen a un país entero. Las imágenes son elocuentes, y sin duda, la viralización de los videos en diversos ángulos, nos queda claro que un carabinero en ejercicio y en función, con uniforme, lanza a un joven al río, a una altura de 7 metros. Las imágenes con estremecedoras e impactantes.

Es para no creerlo. El joven queda tendido boca abajo en el río Mapocho, cercano a la plaza Italia, epicentro de las protestas, y es rescatado por civiles y por Bomberos. Lo que causa más tristeza, dolor e indignación, que no es la primera vez que Carabineros de Chile hace esto. A Pablo Marín Jara, de 38 años de edad, también lo tiraron al río Mapocho hace ocho meses. Esa noche se salvó de milagro gracias a dos jóvenes que lo encontraron a la mañana siguiente de que lo lanzaran al río, con dolor, sangrando y con sus piernas quebradas.

Al diario electrónico El Desconcierto.cl Pablo entregó su testimonio. “En la posta central lloraba de impotencia, como pueden ser tan malos los pacos (así se le dice a la policía en Chile). No estaba haciendo nada, me iba a la casa tranquilo. Y tengo amigos que perdieron los ojos, otro con 25 perdigones en el cuerpo. En el hospital estuve al lado del cabro que los aplastaron los zorrillos”.

Finalmente, Pablo Marín sostuvo que además de las secuelas físicas, este tipo de accionar genera secuelas psicológicas, lo que podría explicar por qué la institución recurre a este tipo de acciones de tal grado de brutalidad, como forma de amedrentar a la sociedad.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), publicó un informe denunciando que en el marco del estallido social chileno: “se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. “Incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultó en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura, malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”, indica el documento de la ONU. En ese sentido, entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, la comisión desplegó una misión en Chile, donde visitó siete regiones del país, se entrevistó con las principales autoridades del Estado, 300 civiles y conoció los relatos de 235 “víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos”.

El informe de Naciones Unidas apunta a la cantidad de lesionados en el marco de las protestas, incluyendo los heridos en los ojos por el uso desmedido de perdigones, mencionando el caso de Gustavo Gatica, estudiante de 21 años, que el 8 de noviembre de 2019 fue herido en ambos ojos por los perdigones de los carabineros, perdiendo totalmente la visión en sus dos ojos. “Las autoridades tenían información sobre el alcance de las lesiones causadas en este contexto desde el 22 de octubre. Sin embargo, las medidas tomadas no fueron inmediatas y efectivas”, indica el informe ONU.

Como si fuera poco, y no preciso el informe de la ONU, o de otros documentos internacionales que denuncian los abusos y atropellos a los derechos humanos en Chile, pareciera que Carabineros no entendiera nada, como si fuera poco la violación y abuso de los derechos humanos desde el estallido social. Pareciera que nada es suficiente, y eso que la institución no se manda sola. El gobierno tuvo siete meses de calma por la pandemia, con ciudades enteras en cuarentena por meses, para poder planificar los mecanismos de control luego del informe de abusos y violación a los DD. HH., pero hace todo lo contrario, se pone del lado de la institución de Carabineros, respaldándola y entregándole toda credibilidad en los hechos.

A las 21.50 del día que lanzaron al joven al río, Carabineros realizó una vocería, a cargo del teniente coronel Rodrigo Soto, en la que la institución negó en más de una ocasión tener algún vínculo con los hechos. “Por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río”, dijo Soto, agregando que “quiero ser reiterativo, Carabineros desmiente este tipo de situación”.

Estas primeras declaraciones de Carabineros no cayeron bien en una ciudadanía empoderada e informada, debido a que el video circulaba en todas las redes sociales, donde se veía claro cuando el policía arrojó al joven, si bien la institución negó los hechos, en paralelo circulaban varios registros del incidente, por el cual, al día siguiente, el Ministerio Público detuvo al oficial involucrado y estableció un presunto homicidio frustrado.

Ese mismo viernes, a las 23.51, el mismo teniente coronel subió un video a la cuenta de Twitter de la institución aclarando que lo que había desmentido era que “se haya tomado de los pies a esta persona”.

Al día siguiente, el sábado, hubo una tercera versión de Carabineros. A las 10.11, el general Enrique Monrás sostuvo que “lo que sucedió ahí es una detención. Lamentablemente al intentar detenerlo esta persona cae”. Y agregó que “(el joven) pierde el equilibrio y cae por la baranda, cayendo a la ribera del río Mapocho”.

Mientras se difundían esas distintas versiones de los hechos, el gobierno se mantenía en silencio. Pasaron varias horas hasta que el ministro del Interior, Víctor Pérez, saliera a realizar una declaración en el patio de Los Naranjos. Cuando suceden estos hechos hay un responsable político de las policías como es el ministro del Interior; asimismo surge con más fuerza la intención de buscar esas responsabilidades políticas, y varios recordaban el episodio de 2018 que terminó con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en manos de Carabineros.

Y por si fuera poco todo, la fiscal a cargo de la investigación, Ximena Chong, ha sido victimas de amenazas y amedrentamiento, también de insultos y de divulgación de sus datos personales en las redes sociales, además de criticas de los parlamentarios oficialistas, y a eso se suman dos episodios de hostigamiento en su propia casa; el primero dos individuos en moto tocan su puerta y le entregan una carta, y el segundo, un sujeto que fue controlado por la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, tras detener su motocicleta frente al domicilio de la fiscal, resultó ser teniente coronel de Carabineros.

Lo que chilenos y chilenas vivimos el fin de semana pasado no es un hecho aislado, lamentablemente. Aquí ha habido una complicidad del gobierno para defender el actuar de Carabineros, que han violado los DD. HH., haciendo oídos sordos a los organismos internacionales. Si Chile fuese un país serio, el general director Mario Rozas, la máxima autoridad de la institución ya hubiese renunciado, pero no como moneda de cambio con el ministro del Interior, sino que ambos debiesen dejar sus puestos transcurridos los hechos. El ministro del Interior es quien tiene la responsabilidad política frente al orden público en el país, y el general Mario Rozas es la máxima autoridad de Carabineros y responsable de sus tropas.

Escándalo tras escándalo, nadie renuncia, abuso tras abuso… mientras el río Mapocho sigue siendo testigo de graves irregularidades, el problema es que los Carabineros en complicidad con el gobierno siguen actuando como si estuviesen en dictadura. Tras 30 años de democracia, Carabineros de Chile no ha sido modernizada, sigue en la misma lógica de represión social; Chile merece una fuerza policial humana, confiable, honesta, transparente y, sobre todo, respetada por su pueblo. Basta ya… no más abusos, no más represión social, ni una más…