Guillermo A. Cochez: Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad

En la OEA, me enteré el 27 de noviembre de 2012 de cuando a la jueza María Lourdes Affiuni la detuvo el régimen chavista en julio de 2009. La noche anterior de la sesión del Consejo Permanente, recibí copia de La presa del comandante, del reconocido autor venezolano Francisco Suniaga, que relataba esa absurda acción. Affiuni, apegada estrictamente a Derecho, liberó bajo fianza al banquero Eligio Cedeño, sin oposición de la Fiscalía y un mandato de la ONU. Ese dramático relato incluía la violación sexual de Affiuni por sus captores, comunicada de inmediato al presidente Chávez, quien celebró lo horripilante hazaña. La delegación venezolana quedó muda frente a mi horrible denuncia.

Eligio Cedeño era socio del exnovio de una hija de Chávez, detenido por una falta administrativa, convertida en delito para encarcelarlo por órdenes del presidente. Al salir libre, Chávez enfureció, anunciando públicamente que “a esa jueza corrupta debían darle 30 años de cárcel”. Gracias a la intervención de la Misión de Derechos Humanos de la ONU, presidida por la expresidenta Bachelet, Affiuni fue liberada 10 años después. Todas las torturas y vejaciones a su integridad física están detalladamente incluidas en el Informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Hechos en Venezuela, de septiembre pasado. Luego de ser violada por varios militares le hicieron una histerectomía, reconstruyéndole sus órganos sexuales, y uno de sus senos reparado tras las patadas recibidas con bota militar. Ese antiguo novio de la hija de Chávez, Gustavo Arraiz, que estaba en México, al llegar a Panamá en el Gobierno de Martín Torrijos, sin mediar ninguna orden judicial ni petición de extradición, fue enviado a Venezuela donde permaneció cinco años preso. Total complicidad del Gobierno panameño.

Lo que encuentra la ONU en su investigación, refleja algo común con Nicaragua: presencia de cubanos en aparatos represivos de ambos países. Más grave aún, es el puntual señalamiento en el Informe de la ONU de los responsables con nombre propio de las salvajadas y torturas cometidas contra cada una de las víctimas, incluyendo a los ministros de Defensa, Vladimir Padrino y del Interior, Néstor Reverol, ambos generales. O sea que el nivel de degradación del régimen ha llegado a límites donde los mismos venezolanos se encargan de torturar y matar a sus propios compatriotas.

Las violaciones y torturas sexuales son comunes y pareciera un molde de conducta de los enfermos que las realizan con la aprobación de los más altos mandos del Gobierno de Maduro. Cuenta ese informe del caso de una pareja de jóvenes detenida. Obligaron al novio a ver cómo violaban entre varios a su novia, manteniéndole firme su mirada para que no cerrara los ojos. Terminada esta barbarie, hicieron lo mismo con él, para que su compañera apreciara la dantesca escena.

Para aquellos que todavía dudaban de las características del régimen totalitario y criminal de Maduro, se ha presentado una evidencia que nadie esperaba. Una radiografía de más de 500 páginas que refleja el estado de las violaciones ocurridas en las cárceles, incluido el asesinato, como ocurrió con el concejal Fernando Albán Jiménez, quien, estando en estricta custodia policial, “se lanzó” de un edificio del Servicio de Inteligencia de Venezuela, declarando su muerte como “suicidio”. Los detalles de ese informe de Naciones Unidas son verdaderamente espeluznantes y reflejan que los que mandan en ese país son unos psicópatas, enfermos mentales que disfrutan con sus crímenes, al igual que el mismo Chávez celebró con champaña la violación de la presa María Lourdes Affiuni.

¿Cómo es posible que todavía haya países que ignoren la tragedia de violación de derechos humanos que vive Venezuela? Resulta inexplicable que existan quienes defiendan un régimen tan criminal como ese y que culpen de ese anormal e inhumano comportamiento a enemigos externos, como Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea.

La violación de los derechos humanos no tiene fronteras. Es la misma historia, superada ya, gracias a Dios, del vecino que maltrata a su mujer e hijos, e impide que los demás acudan a la policía para denunciar lo que él hace y auxilien a las víctimas. Nos corresponde a todos los países respetuosos de los derechos humanos impedir que estas barbaries continúen y auxiliar a los pueblos abusados por estos criminales. Panamá debe liderar esa lucha y apoyar que este caso sea conocido rápidamente por la Corte Penal Internacional de la ONU, como ya lo han solicitado Chile y Colombia.