Hambre, desempleo y pobreza con el gobierno “cristiano, socialista y solidario”

En días recientes las instituciones de gobierno que controlan las estadísticas oficiales sacaron a asolear un conjunto de datos sobre la situación económica y social del país. Algunos de estos datos estuvieron embargados por más de un año. Otros siguen todavía ocultos.

Todos sabemos que una de las características del régimen es falsificar la información con el propósito de esconder la realidad e intentar vender la patraña del buen gobierno. Falsifican datos de educación, salud, precios, economía, pobreza, precios, en fin…en qué no lo hacen. Pero bueno, con todo y que se trata de estadísticas oficiales, las cifras que dieron a conocer son suficientes para darnos una idea de la tragedia social en que el régimen ha hundido a las familias nicaragüenses.

Comencemos por el trabajo. El INIDE, que es la institución gubernamental a cargo de las estadísticas de empleo publicó su informe correspondiente al primer semestre de este año. Según ese informe, el 66% de la población laboral se encuentra en situación de desempleo o de subempleo. Más del 5% se encuentra sin trabajo. Según el mismo informe, el 46% se encuentra en condición de subempleo. Subempleo quiere decir que no gana ni siquiera el salario mínimo. Y el 15% son trabajadores sin salario. Es decir, trabajan, pero no ganan un sueldo. Es el chavalo que le ayuda a empujar el carretón al jardinero, por la comida. La chavala que le ayuda a vender a la señora de la esquina en la fritanga y le da donde vivir y la comida. O el ayudante en el taller que le dan su ayudita, pero no un salario. Casi 7 de cada diez se encuentran en estas precarias condiciones.

Si tomamos como referencia que el último dato sobre la población económicamente era aproximadamente tres millones y medio, significa que más de dos millones trescientos mil nicaragüenses se encuentran en la condición descrita.

Ya esto nos da una idea de por dónde andan los niveles de pobreza en el país.

Otro dato revelador es el número de afiliados al INSS. Según el Banco Central, al mes de agosto, el número de afiliados se había reducido a 696 mil. Esto representa menos del 20% de la población laboral. En otras palabras, el 80% restante se encuentra en lo que se conoce como economía informal. Por regla general si ningún tipo de protección laboral. Algunos reciben prestaciones laborales pero la mayoría se encuentra completamente desprotegido en caso de enfermedad, accidente o cuando llega la edad de jubilación.

La situación es peor en el caso de las mujeres. Según el INIDE casi el 50% de las mujeres que pertenecen a la población económicamente activa son trabajadoras por cuenta propia y más del 15% pertenecen a la categoría de trabajadoras sin salario. En caso de embarazo, por ejemplo, no hay descanso prenatal ni postnatal remunerado. Se las arreglan a como pueden.

Esta situación ya venía agravándose antes de la crisis de abril del 2018. La pandemia empeoró la situación. Seguramente la mayoría de ustedes han escuchado, visto o leído que, en general, los gobiernos han implementado programas de ayuda para proteger a la población más vulnerable. Bonos, créditos en condiciones concesionales, transferencias financieras, exoneraciones de impuestos, entre otras medidas. En Nicaragua, el gobierno socialista, cristiano y solidario no ha movido un dedo. Ni una sola medida que contribuya a amortiguar el impacto de las crisis que abaten a las familias nicaragüenses. ¡Sálvese quien pueda!

Relacionado con la falta de trabajo que significa pérdida o disminución de los ingresos, hay un tema del que poco se habla, pero, precisamente por esa razón hay que recalcarlo: La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. Cada año publica un informe denominado “Estado de la seguridad alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe”. Según la misma institución “el término “hambre” también suele denominarse subalimentación”. Por esta razón hay quienes llaman al informe “estado del hambre”. Pues bien, el informe correspondiente al 2019 consigna que para el 2017, último año registrado para Nicaragua, el 17% de la población nicaragüense padecía hambre. Así como lo están leyendo. Esos datos son de hace tres años. Es fácil deducir que después de tres años consecutivos de crisis socioeconómica el porcentaje debe ser bastante mayor. En otras palabras: Hay hambre en el país del hambre cero.

En estas condiciones resulta increíble que instituciones como FUNIDES sigan estimando la pobreza en porcentajes cercanos al 30%, bastante lejos de los cálculos del BID y CEPAL, organizaciones para las cuales la pobreza supera el 50%.

Pasando a los salarios, el Banco Central revela en sus cifras que, en el lapso de 2 años, los salarios reales de quienes tienen el privilegio de disponer de un empleo se ha desplomado en al menos 10%, en promedio.

Evidentemente, detrás de cada uno estos números hay una tragedia familiar. Porque es una tragedia no tener empleo, ganar menos del salario mínimo o haber perdido al menos el 10% de los ingresos. O padecer de hambre.

La mayor desgracia es, sin embargo, que mientras Ortega permanezca en el poder no hay esperanzas de salir del túnel. Primero, porque su sola permanencia al frente del Estado es una muralla de contención para inversionistas y consumidores: aislamiento internacional, sanciones, cancelación de libertades y derechos. Segundo, porque al priorizar el sostenimiento de su aparato de poder impone políticas económicas que refuerzan la recesión económica y dejan al garete cualquier paliativo de carácter social.

En nuestra opinión, la embestida represiva del régimen obedece, principalmente, a estas crueles realidades. Los cabecillas saben que hay malestar y descontento en la población. Y que este descontento más tarde o más temprano puede expresarse en distintas formas de protesta. Saben que la pradera está reseca y que puede arder con la chispa más inesperada. De ahí el intento de encadenar y amordazar, mediante el temor, con la amenaza de prisión perpetua, los ciberdelitos, o la ley de agentes extranjeros. Medidas que ciertamente pueden intimidar por un tiempo, pero no quitan el hambre, ni proporcionan empleo, ni salarios, ni esperanzas. Así que, más tarde o más temprano, la chispa terminará por encender la pradera.