La situación de los derechos humanos en Cuba se ha degradado desde la firma del Acuerdo con la UE
Varios entrevistados coincide en señalar un deterioro de la libertad de expresión y asociación, junto a la implementación de legislaciones muy restrictivas
La situación de los derechos humanos en Cuba se ha deteriorado desde que se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y la Isla en 2016, según los resultados de una encuesta realizada por la organización Civil Rights Defenders (CRD).
La pesquisa, llevada a cabo entre más de un centenar de activistas y periodistas independientes dentro y fuera de la Isla, arrojó un balance muy crítico con lo ocurrido respecto a los derechos humanos en Cuba en los últimos cuatro años y tras la firma del Acuerdo.
Al menos 108 de los 110 encuestados aseguraron que las autoridades cubanas no cumplen con el artículo sobre derechos humanos que incluye el documento ratificado a finales de 2017; mientras que 33 de los 70 entrevistados que viven en la Isla optaron por que la Unión Europea comience el proceso para suspender el Acuerdo.
En el informe que acompaña los resultados de la encuesta se recopilan también varios testimonios ofrecidos por los entrevistados, la mayoría de los cuales coincide en señalar un deterioro de la libertad de expresión y asociación, junto a la implementación de varias legislaciones muy restrictivas.
La situación de los derechos humanos en la Isla ha empeorado, con un número creciente de detenciones arbitrarias llevadas a cabo por el régimen para evitar manifestaciones pacíficas o el ejercicio del periodismo
«La situación de los derechos humanos en la Isla ha empeorado, con un número creciente de detenciones arbitrarias llevadas a cabo por el régimen para evitar manifestaciones pacíficas o el ejercicio del periodismo», escribió el periodista independiente Vladimir Turró Páez, uno de los encuestados.
Una opinión con la que coincide la abogada Laritza Diversent, fundadora del centro de asesoría jurídica Cubalex, para quien «el Gobierno sigue adoptando leyes y prácticas que restringen los derechos fundamentales, no existen mecanismos para la protección y defensa de estos derechos».
Por su parte, Erik Jennische, director del Departamento de América Latina de Civil Rights Defenders, alertó que si la UE «quiere mantener su credibilidad como parte de los acuerdos internacionales, debe actuar para asegurarse de que Cuba cumpla con sus compromisos», de no hacerlo, afirmó, existen mecanismos que se pueden utilizar para suspenderlo.
La mayoría de los defensores de derechos humanos, dentro y fuera de la Isla encuestados por la ONG durante el pasado mes de septiembre, consideró que el Gobierno no tiene intención de respetar las cláusulas del acuerdo, lo que lo convierte en papel mojado o «letra muerta» para la realidad cubana.
Otra de las opiniones estuvo relacionada con la pandemia en la Isla y la escasez de alimentos, medicamentos y otras necesidades que generan una gran insatisfacción en la población, opinó Alejandro Tur Valladares. El periodista independiente afirmó que, por temor a perder el control, «el régimen impone el miedo con multas, palizas, expropiación de propiedades y encarcelamiento».
El régimen impone el miedo con multas, palizas, expropiación de propiedades y encarcelamiento
Hasta diciembre de 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación y que fue aprobado por el Parlamento Europeo el 5 de julio de 2017, Cuba era el único país de América Latina y el Caribe con el que la UE no había llegado a un convenio de diálogo y cooperación.
El documento se firmó para fomentar el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos. Con su entrada en vigor se puso fin a la llamada Posición Común que había regido la relación entre ambas partes desde 1996 y que condicionaba cualquier colaboración al respeto de los derechos humanos en la Isla.
El artículo 5 del Acuerdo se refiere al respeto y promoción de los principios democráticos, junto a las libertades fundamentales establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además recoge que el respeto del Estado de derecho constituye un elemento esencial entre las dos partes.