Ana Laura no se llama así, pero contar su historia con pelos y señales le acarrearía incalculables problemas, así que mejor ser cautelosos. La sala de su casa es solo una decoración doméstica para camuflar la pequeña clínica estomatológica que tiene en la habitación contigua. Del gato, la abuela y el sofá familiar se da paso a un cuarto reluciente, con un cartel que promueve el buen cepillado de los dientes y un sillón con todo lo necesario para atender a los pacientes.
Durante años, Ana Laura se ha dedicado a brindar su servicio como estomatóloga de manera ilegal y privada, a la par que cumple con su trabajo en un deteriorado policlínico estatal y enseña a varios grupos de estudiantes que cursan la especialidad de estomatología en La Habana. Su sueño es un día poder dejar de esconderse, colgar un anuncio a la entrada de su pequeña clínica y «salir del armario de lo prohibido», asegura. Solo una verdadera apertura económica podría hacer que esta excelente profesional pueda ejercer de manera autónoma.
«Tengo dos ayudantes y mi esposo se ocuparía también de la compra de insumos, así que en este consultorio habría trabajo para unas cuatro personas»
«No sería solo yo la beneficiada», reconoce Ana Laura. «Tengo dos ayudantes y mi esposo se ocuparía también de la compra de insumos, así que en este consultorio habría trabajo para unas cuatro personas», calcula la veterana dentista. Hasta hace poco, la mayoría de sus clientes eran extranjeros de visita en Cuba que se enteraban de sus servicios a través de una extensa red de casas de alquiler con las que mantiene contacto. Aprovechaban su estancia en la Isla para alguna reparación mucho más económica que en sus países de origen. Pero la pandemia ha reconvertido su clientela, prácticamente, a solo nacionales y ha avivado sus deseos de poder legalizar el pequeño gabinete.
Como obtuvo su título universitario después de 1959 y en una «universidad revolucionaria», a Ana Laura le está vetado ejercer la estomatología de forma privada. Lo mismo ocurre con los médicos graduados en el país durante ese tiempo, con los periodistas, con los juristas y un largo etcétera de profesionales que malviven entre los malos salarios estatales y la frustración de no poder emprender un negocio vinculado a su vocación. Esta limitación ha llenado las calles cubanas de cirujanos que trabajan de taxistas, sociólogos que preparan tragos en la barra de un bar y camareros que una vez se graduaron en una licenciatura de química.
Al igual que Ana Laura, miles de profesionales en este país están a la espera de que se les permita ejercer de forma privada sus profesiones diplomadas. Abogados que sueñan con abrir un bufete propio, arquitectos que aspiran a inaugurar una firma junto a ingenieros y diseñadores en una nación con un elevado déficit inmobiliario. Todos ellos no solo brindarían servicios muy necesarios, sino que ayudarían a contratar buena parte de esos empleados que el renqueante sector estatal no puede absorber.
Recientemente, Marino Murillo advirtió que con los ajustes monetarios de la Tarea Ordenamiento era probable que muchas empresas estatales fueran a «terminar el año con pérdidas». En esas entidades disfuncionales hay actualmente «más de 300.000 personas ocupadas. Y la solución no es el desempleo, pero tampoco financiar de por vida empresas ineficientes», insistió el «zar de las reformas en Cuba», como lo llama la prensa extranjera. Al menos una parte de esos trabajadores tendrían más posibilidades de encontrar un puesto si se destrabaran las restricciones contra el ejercicio de profesiones diplomadas.
Solo en este equipo editorial podríamos ayudar a ganarse la vida a más de una decena de cubanos de manera legal, pagando sus impuestos para contribuir a las arcas nacionales
La voluntad de cambio y progreso no es cuestión de titulares encendidos ni de consignas repetidas una y otra vez. La intención de enrumbar el país en una dirección que provea bienestar y prosperidad a los cubanos debe expresarse en hechos y actos concretos, no en extensos discursos de los que ya estamos hastiados. Decretar, cuando antes y con todas las garantías, la posibilidad de que al sector por cuenta propia se sumen los profesionales ejerciendo aquello por lo que pasaron tantos años estudiando sería una señal.
¿Se imaginan si la redacción del diario 14ymedio pudiera salir del clandestinaje? ¿Colgar un cartel a la entrada, vender nuestro periódico en los estanquillos y contratar de manera transparente y abierta a reporteros, fotógrafos, diseñadores y columnistas? Solo en este equipo editorial podríamos ayudar a ganarse la vida a más de una decena de cubanos de manera legal, pagando sus impuestos para contribuir a las arcas nacionales y de paso haciendo lo que más les gusta: informar, narrar la Cuba profunda y contar la realidad.
Legalizar, legalizar y legalizar al sector privado profesional es imprescindible para evitar que decenas de miles de cubanos queden desempleados y sin poder sostener a sus familias. ¿A qué están esperando?
