El Gobierno de Cuba, el tercero más violento de Latinoamérica en 2020
El CELANV destaca en un informe que las acciones pacíficas emprendidas por el Movimiento de San Isidro y el 27N han dado mayor confianza a la sociedad civil.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia (CELANV) publicó recientemente su informe de 2020, en el cuál el Gobierno de Cuba aparece con el tercero más hostil hacia los movimientos civiles pacíficos, solo superado por el régimen de Nicolás Maduro y el de Daniel Ortega, en ese orden.
Como demostración de la hostilidad del Gobierno hacia las manifestaciones pacíficas, el CELANV mencionó la amenaza del presidente Miguel Díaz-Canel sobre activar el Artículo 4 de la Constitución, el cual prevé el uso de las armas contra quien «se rebele» contra el orden establecido.
El informe también dio cuenta de 1798 detenciones arbitrarias y 1647 retenciones forzadas de activistas en sus domicilios a lo largo del pasado año. No obstante, plantea que el panorama de la lucha por los derechos humanos en Cuba es cada vez más alentador.
«El gobierno cubano ejerce y promueve sistemáticamente la violencia contra quienes disienten de sus políticas. Las agresiones físicas, calificadas oficialmente como ‘actos de repudio’ son practicadas por organizaciones controladas por el Estado. Funcionarios del gobierno a todos los niveles se pronuncian frecuentemente llamando a agredir a quienes disienten», denunció el CELANV.
«En los últimos meses del año 2020 se registró un inusitado incremento de las acciones públicas no violentas, motivadas por una diversidad de temas que van desde la exigencia de derechos básicos como suministro de alimentos y agua a poblaciones vulnerables, los derechos de los animales, hasta la libertad de expresión y el derecho a disentir», continúa la publicación.
Según la CELANV, las acciones protagonizadas por el Movimiento de San Isidro y el grupo 27N han propiciado una mayor organización y confianza en las organizaciones civiles para exigir sus derechos.
«La vivienda, la libre empresa, la libertad de expresión, los derechos de los animales y la corrupción están emergiendo como las nuevas tendencias y los nuevos campos para desarrollar campañas no violentas en el futuro. El ensanchamiento de la brecha económica entre la población y los integrantes de la cúpula de poder provocado por la llamada Tarea Ordenamiento ha ensanchado también de forma exponencial las áreas de incidencia para el activismo no violento«, concluye la parte dedicada a Cuba.
Cuba en su contexto
La CELANV reconoció que a lo largo del 2020 hubo un resurgimiento de los métodos de protesta pacíficos en el continente, que sucedieron principalmente en 15 naciones. En nueve de estos países, incluyendo a Cuba, se lograron todos o algunos de los objetivos del movimiento, para un promedio de éxito en la región de un 60%, señaló el informe.
Los principales obstáculos sufridos por los movimientos civiles no violentos en Latinoamérica fueron la restricción de movimiento y reunión, la violencia explícita por parte de las autoridades y la presencia de personas infiltradas que intentaron volcar las protestas hacia formas violentas, como estrategia de las autoridades para justificar un enfrentamiento. En los casos específicos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, la CELANV denunció que los Gobierno usaron la excusa de la pandemia para reprimir.
Por otro lado, la CELANV celebró el hecho de que la lucha cívica en la región haya tomado la imagen simbólica de «una persona joven armada con un teléfono celular y una laptop», y también el hecho de que la tecnología haya dado espacios de organización donde no intervienen de forma definitiva los Gobiernos.
La CELANV también destacó que «el uso del arte como vehículo de transmisión de mensajes jugó un rol fundamental en la mayoría de las campañas, impulsado por las nuevas tecnologías».
Finalmente, advirtió que los Gobiernos, autoridades o entidades de cualquier tipo se muestran cada vez más vulnerables frente a la confrontación pacífica, y que para ello han vuelto cada vez más común el uso de turbas agresivas contra la sociedad civil para disimular la violencia política.