El régimen cubano fabrica ‘falsos positivos’ para forzar un segundo deshielo con EEUU
El deshielo que se requiere con urgencia es entre el Estado cubano y la sociedad de la Isla. El bloqueo que urge ser levantado es el interno.
Como era de esperar, el régimen cubano echó a andar su maquinaria propagandística para forzar un segundo deshielo con el Gobierno de Estados Unidos. Su precaria situación financiera, más el impacto de la pandemia de Covid-19, lo han puesto al borde del abismo. Esas son las causas principales del desesperado movimiento estratégico en busca de una bocanada de oxígeno que le permita evitar un estallido social si la situación del país no mejora en el corto plazo.
En los últimos tres días han ocurrido tres hechos que marcan la directriz de la nueva estrategia de acercamiento para forzar un posible deshielo con la Administración de Joe Biden:
1. Simulacro de levantamiento de bloqueo interno a los ciudadanos: La eliminación del listado de «actividades por cuenta propia» para permitir el ejercicio privado en más de 2.000, incluidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas de Cuba. Esto, sin aportar detalles sobre los impuestos, el derecho a registrar legalmente los negocios; sin aclarar si se podrán recibir inversiones extranjeras directas, exportar e importar, ni si habrá mercados mayoristas. También sin revelar los límites a los que estarán sometidos los emprendedores bajo la futura ley de PYMES que ya está escrita hace más de nueve meses y sobre la cual el Gobierno cubano mantiene estricto secreto. Nadie cede antes de ver si los otros se conforman con la primera migaja.
2. Supuesta renovada cooperación en la lucha antiterrorista: La notificación del Gobierno de Cuba al de Colombia, el lunes por la tarde, acerca de un posible atentado fraguado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
3. Pretendido reclamo del pueblo de Cuba a que se levanten las sanciones y el embargo: Las demandas y acusaciones contra Estados Unidos por todos los males que padece la población —omitiendo toda referencia a quienes en Cuba los provocaron— se amontonaron en una carta publicada por La Joven Cuba. Está firmada por un grupo heterogéneo en el que coexisten espías, agentes de influencia, oportunistas, ingenuos de buena fe. También hay unos pocos académicos que, después de asumir posturas valientes, fueron atacados por la nueva ola represiva de los talibanes, y que habrían sido presentados como proamericanos si rehusaban firmarla. No hay en esa misiva un solo reclamo a quienes sabotearon, por varios años, la política de Obama hacia Cuba. ¿Ahora piden restablecerla? Eso requiere primero enfrentar la verdad y decirla sin adornos ni tapujos. La causa principal de la crisis social y económica que viven hoy los ciudadanos, incluso muchos de los firmantes de esa carta, no fue obra de Estados Unidos sino de esa elite de poder mafiosa que han elegido no mencionar. Es curioso que hayan podido entregar la carta en la Embajada de Estados Unidos en Cuba ¡y en la Casa Blanca! sin incidente antes, durante ni después. ¿Se imaginan los que firmaron esa carta qué habría ocurrido si el Movimiento San Isidro o el 27N o los campesinos cubanos hubieran intentado hacer lo mismo? ¿De qué magnitud habrían sido el escandalo, la golpiza, las acusaciones en los tribunales?
Simulacro de levantamiento de bloqueo interno a los ciudadanos
Cuando el diario Granma anunció el pasado 6 de febrero, por boca de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, que se eliminaba el listado donde se recogían las 127 actividades aprobadas actualmente para ejercer el trabajo por cuenta propia, y que se permitiría el ejercicio del trabajo por cuenta propia en más de 2.000 actividades incluidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas de Cuba, a excepción de un listado de 124, varias agencias de prensa daban la noticia como algo sustancialmente novedoso. Algunos supuestos expertos en economía cubana categorizaban el anuncio como algo realmente renovador.
En realidad, no es más que eso: un anuncio para despertar falsas ilusiones. Solo basta recordar que cuando en 2008 el dictador Raúl Castro permitió el hospedaje en los hoteles, la compra de computadoras y DVDs y otros electrodomésticos hasta ese entonces prohibidos a los cubanos, más el acceso a los servicios de telefonía celular, no estaba haciendo una reforma estructural de la economía, sino dando a los cubanos la posibilidad de tener acceso a servicios que eran totalmente comunes y normales en cualquier parte del mundo. ¿Había algo novedoso en eso? Absolutamente no. Los cubanos recuperaban unos pocos derechos ciudadanos que por muchos años se les habían negado.
¿Constituye entonces permitir el trabajo por cuenta propia en más 2.000 actividades incluidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas de Cuba un acto novedoso del Gobierno cubano? Absolutamente no.
Esta es una medida pensada y ejecutada para enviar a la Casa Blanca el mensaje de que están dispuestos a hacer una apertura económica. Esta medida no es una reforma sistémica ni cancela la política de perseguir la creación de riquezas en lugar de reducir la pobreza. Nada tiene que ver con crear una economía de mercado, ya que, por definición, se trata de una regulación estatal a la actividad económica.
El debate sobre el deshielo con el Gobierno cubano y el levantamiento del embargo es un falso dilema. El conflicto cubano es interno —entre el régimen de gobernanza y el pueblo que lo rechaza—, no entre Cuba y Estados Unidos. La elite de poder cubana es la que se ha encargado de internacionalizar ese conflicto interno aliándose con la URSS, y luego con Rusia, China, Venezuela.
Lo que impide impulsar la prosperidad de la sociedad civil no son las sanciones de Estados Unidos al Estado cubano, sino el bloqueo de la elite de poder a las libertades (políticas y económicas) de la sociedad civil, que impide el desarrollo del país. La actividad económica independiente de la sociedad civil no está sancionada por la Ley Helms Burton, sino por el Estado cubano.
Supuesta cooperación en la lucha antiterrorista
¿El acercamiento de la embajada cubana al Gobierno de Colombia para denunciar un supuesto atentado es un acto de buena fe? Absolutamente no.
En realidad, es una maniobra, una medida activa, fabricada para comenzar el cabildeo en Washington y forzar la salida de Cuba de la lista de países que apoyan al terrorismo. Estar en esa lista limita mucho el margen de maniobra de la Administración Biden para levantar algunas de las restricciones impuestas por la Administración anterior.
La Habana ha sido renuente a extraditar a diez líderes del Ejército de Liberación Nacional que podrían estar involucrados en el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander ocurrido enero de 2019, en el que 22 cadetes perdieron la vida y más de 90 resultaron heridos. Su negativa se escuda en que se violarían los acuerdos de paz firmados en la Isla y de los cuales el Gobierno cubano es garante. ¿Acaso estos acuerdos firmados dan impunidad a quienes desde La Habana planificaron o tenían conocimiento de esta acción terrorista que masacró a personas inocentes?
Hace unos días, la revista colombiana Semana publicó un dossier secreto sobre la indebida estrategia de injerencia de Cuba en Colombia. En el documento, se advierte que hay planes cubanos para interferir en las elecciones de 2022 y desestabilizar al país. Esto indicaría que el repentino acercamiento de La Habana al Gobierno de Colombia para denunciar un supuesto atentado es puro humo. En realidad, nada ha cambiado.
Muestra de ello es que la injerencia de los servicios de inteligencia cubanos en Venezuela continua. Esto ha evitado la caída de Nicolás Maduro y ha afianzado una narco-dictadura en el poder, la cual ha causado la mayor crisis humanitaria que jamás se haya visto en Suramérica, con alrededor de cinco millones de venezolanos desplazados, además de trabajar de conjunto en la desestabilización regional para debilitar la democracia en Latinoamérica y tratar de consolidar gobiernos antiestadounidenses en otros países de la región.
Todos esos factores son aspectos que la Administración Biden debe revisar cuidadosamente antes de dar cualquier paso hacia una nueva relación con la elite de poder militar cubana.
Pretendido reclamo del pueblo de Cuba a que se levanten las sanciones y el embargo
La carta publicada en la web La Joven Cuba omite todo lo que ocurrió a partir de 2015 hasta la actualidad, hechos que dañaron las relaciones entre ambos gobiernos y que llevaron al fin del deshielo.
Para ser claros: el Gobierno cubano no aprovechó la alfombra roja que tendiera Barack Obama, demostró que su mentalidad estaba anclada todavía en la Guerra Fría. Los octogenarios en el poder mostraron que no estaban preparados para el cambio. Tan pronto Obama levantó el vuelo de regreso a Estados Unidos en el Air Force One después de su histórica visita a La Habana, el régimen congeló las reformas, arremetió en la prensa contra la política del presidente estadounidense hacia Cuba, lanzó un nuevo hostigamiento económico y policial a los cuentapropistas, puso fin a la aprobación de nuevas cooperativas no agropecuarias, comenzó a demonizar en la prensa a los emprendedores, reforzó la represión contra los opositores y disidentes, e inició los «ataques sónicos» a los diplomáticos norteamericanos y canadienses.
De manera abrupta, unilateral, después de reabiertas las embajadas, el régimen dio comienzo a un acelerado retroceso en las relaciones con Washington. Tampoco honró sus compromisos con los acreedores que gracias a la nueva política del presidente Obama habían cancelado y reestructurado sus deudas. El propio presidente actual, Miguel Díaz-Canel, dijo que el acercamiento de Obama era una política de Caballo de Troya para destruir la Revolución.
Si en la Casa Blanca y el Departamento de Estado suponían que los dirigentes cubanos verían con alegría la marea de empresarios y funcionarios estadounidenses que visitaron la Isla a raíz del deshielo, se equivocaron. Un audio grabado en una reunión en pleno deshielo, y filtrado años después a medios de prensa en la Florida, así lo demuestra. En la grabación se escucha claramente a un oficial que expresa la alarma de la dirección del país por la masiva presencia estadounidense, e imparte instrucciones a altos funcionarios de múltiples instituciones económicas, académicas y políticas de pedir permiso antes de recibir a ningún visitante. Nadie podía permitir el acceso a sus instituciones, ni reunirse con ninguno de ellos sin primero informar y recibir autorización expresa.
Tanto para la Dirección General de Inteligencia (DGI) como para la Dirección Nacional de Contra Inteligencia (DGCI) lo importante no era el desarrollo económico y bienestar que esas visitas pudiesen traer a Cuba, sino intentar controlar las circunstancias de ese intercambio o impedir su realización. El criterio y procedimientos de la policía secreta —no solo los de la burocracia administrativa— explica las limitaciones en los intercambios además del largo proceso de evaluación y aprobación de las propuestas de negocios de los visitantes.
Es también una curiosa coincidencia que fuese después de esta expresión —oficial y policial— de inquietud y malestar por el gran número de diplomáticos acreditado en la recién abierta Embajada de Estados Unidos, que se iniciaron los llamados «ataques sónicos» contra el personal acreditado en ella. El impacto en su salud obligó a la larga a evacuar a más de dos decenas de diplomáticos y sus familiares. Bajo la Presidencia de Trump, que se inició con una declaración de que no quería romper las relaciones bilaterales sino renegociar los términos de ellas, arreciaron los ataques, conduciendo a la interrupción indefinida de las operaciones de esa dependencia diplomática en La Habana y precipitando una confrontación abierta entre ambos gobiernos.
Como balance comercial del «deshielo», después de recibir miles de visitantes y propuestas empresariales el Gobierno de Cuba aprobó menos de un centenar. Tampoco les fue muy bien a muchas de ellas.
Las oportunidades perdidas durante el deshielo demostraron que el Gobierno cubano no tenía ningún interés en hacer reformas que beneficiaran al pueblo. El objetivo era que Estados Unidos instara a todos los países con quienes La Habana tenía deudas a cancelarlas, a invertir en la Isla y a potenciar el turismo norteamericano para que los militares que controlan ese sector obtuvieran jugosas ganancias a partir del crecimiento de los viajes a Cuba. Parte de ese esquema era la expectativa del régimen de que Estados Unidos relajara las restricciones al envío de remesas para convertirlas en una de sus principales líneas de financiamiento, a expensas de la diáspora cubana. Parte de los recursos obtenidos del proceso de deshielo y los acreedores fueron empleados en reforzar el aparato represivo interno.
¿Por qué los firmantes de esa carta no hacen una dirigida a Raúl Castro y Díaz-Canel para que levanten el bloqueo interno incondicionalmente, y permitan que los ciudadanos puedan generar riquezas en un ambiente de libre mercado y libertad de precios? ¿Por qué los firmantes de esa carta no le hacen una dirigida a Raúl Castro y Díaz Canel exigiendo la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos, a la libre asociación? ¿Por qué no le exigen cuentas por haber lanzado al cesto de basura la alfombra roja que les tendió Obama mucho antes de que Trump fuese elegido?
La guerra que hoy existe es la que libra el Estado contra los ciudadanos y sus iniciativas civiles y económicas. El deshielo que se requiere con urgencia es entre el Estado cubano y la sociedad de la Isla. El bloqueo que urge ser levantado es el interno, del Estado contra la economía privada y los ciudadanos.
La elite de poder, si tiene realmente interés en mejorar la relación bilateral con Estados Unidos, debe poner fin, de hecho y derecho, a la represión de libertades civiles básicas, levantar incondicionalmente su bloqueo interno a los ciudadanos y las fuerzas productivas del país.