Crisis humanitaria y desafíos a la solidaridad

El éxodo masivo de refugiados y migrantes de Venezuela hacia los países vecinos –el más grande y complejo en la historia moderna de América Latina y el Caribe para el que ningún país estaba preparado– presiona sus servicios básicos y presupuestos, así como su oferta laboral en las poblaciones de acogida en los países receptores. A los enormes retos de este colosal desplazamiento humano, se sumaron en 2020 los desafíos de la pandemia de la covid-19 y los devastadores impactos económicos subsiguientes en un continente con grandes porcentajes de población viviendo en la informalidad. Según datos de los principales países de acogida compilados por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial R4V, más de 5,5 millones de personas han salido de Venezuela hasta la fecha. De estas, más del 80% han sido acogidas por países de la región.

Pero gobiernos y poblaciones respondieron a pesar de la magnitud del desafío. América ha sido un continente forjado por la inmigración y el derecho al asilo. Los países de la región tienen una larga tradición de acogida que se remonta al menos al siglo XIX. Durante décadas, nuestros países han abierto sus puertas tanto a personas refugiadas como a migrantes que, con su trabajo y sus habilidades, han enriquecido nuestras sociedades. No es de extrañar entonces que los países de la región también hayan sido pioneros en la elaboración de instrumentos que buscan proteger y asistir a aquellos que deben abandonar su país a causa de la precariedad extrema socioeconómica y de acceso a servicios sociales o de amenazas a sus libertades o seguridad, y eligen hacerlo en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Una de las respuestas más generosas, audaces y visionarias ha sido la de Colombia, país que a la fecha acoge a más de 1,7 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Si bien más de 750.000 de ellos han logrado regularizar su situación mediante diversos tipos de permisos de estadía ofrecidos por el Estado colombiano, alrededor de un millón más se encuentran aún en situación irregular, lo que en muchos casos les excluye de los servicios básicos y los expone a una situación de alto riesgo.

La iniciativa anunciada por el presidente Iván Duque hace algunos días de crear un Estatuto de Protección Temporal para todas estas personas ha sido ampliamente reconocida a nivel mundial. El Papa Francisco, entre otros, elogió la “valentía” de las autoridades del país y opinó que el Estatuto de Protección Temporal puede favorecer “la acogida, protección e integración” de las personas refugiadas y migrantes.

Efectivamente, se espera que la medida, que tendrá una duración de diez años, permita a venezolanos y venezolanas acceder al sistema nacional de salud, incluidos los planes de vacunación contra la covid-19, una de las necesidades más urgentes en este momento. Podrán, asimismo, enviar a sus hijos e hijas a la escuela e ingresar al mercado laboral formal en lugar de depender del sector informal, donde están expuestos a abusos y explotación. Esto reducirá su dependencia de la ayuda humanitaria y les permitirá contribuir a la recuperación económica de Colombia que ha sido uno de los países más afectados por la pandemia. De no menor importancia es el hecho de que la regularización facilitará la integración de las personas refugiadas y migrantes y el acceso a soluciones de largo plazo.

La admirable iniciativa de Colombia, para tener éxito, requerirá de un mayor apoyo de la comunidad internacional, bancos de desarrollo y el sector privado. Necesitará inversiones en las comunidades receptoras en forma de creación de empleo, formación profesional y aprendizaje; la expansión de la atención médica; fondos para apoyo a la vivienda y otros beneficios para las personas más vulnerables.

Necesitará demostrar con resultados concretos y efectivos que es una decisión estratégica positiva y constructiva, que no sólo constituye una alternativa a las restricciones de acceso a las personas procedentes de Venezuela en las fronteras, sino que contribuye a la transformación productiva y social de nuestras sociedades.

Si bien los Estados tienen el derecho y el deber de tomar las medidas necesarias y proporcionales para manejar los riesgos a la salud pública durante la pandemia, también están comprometidos y limitados por leyes internacionales a no negar el acceso a la seguridad y protección a las personas que lo necesitan. Ante el panorama de los controles de frontera, restricciones de viaje y limitaciones en la libertad de movimiento que los Estados han impuesto para poder combatir la covid-19 y preservar vidas, es importante que se respeten las necesidades de protección de solicitantes de asilo y personas refugiadas y que se observen los derechos de las personas migrantes.

Colombia no es el único país que ha tomado medidas importantes para regularizar a la población venezolana en su territorio. Perú, por ejemplo, fue uno de los primeros países en América Latina en regularizar a los venezolanos y venezolanas a través de la emisión del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y, más recientemente, a través del Carnet Temporal de Permanencia. En Brasil, la mayoría de las personas venezolanas se encuentran en una situación regular, ya sea como refugiados reconocidos, solicitantes de asilo o cuentan con residencias otorgadas. Hace unas semanas el Gobierno de la República Dominicana emitió una resolución para regularizar a venezolanos y venezolanas que ingresaron al territorio nacional a partir de 2014. Otros países han puesto en marcha iniciativas similares desde el inicio de este éxodo para facilitar la documentación de personas refugiadas y migrantes.

La creación del Estatuto de Protección Temporal en Colombia es un hito histórico. Más aún, es una oportunidad para que los países de América Latina y el Caribe unan esfuerzos y trabajen de manera conjunta para responder a los grandes desafíos de hoy, incluyendo la pandemia y su impacto económico y la situación de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de las comunidades que los han recibido. No podemos esperar menos de una región que históricamente se ha caracterizado por su generosidad y solidaridad.

Eduardo Stein es representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.