Hay un pacto de impunidad política en Honduras ante los juicios en NY
Jennifer Ávila Reyes es periodista y directora del sitio ‘Contracorriente’ en Honduras.
El presidente Hernández se reeligió de manera inconstitucional en 2017 y en ocho años de gobierno ha logrado que Honduras sea catalogado como una autocracia electoral por el Bertelsmann Report Index en 2020 o un narcoestado por medios de comunicación a nivel internacional. Su presunto involucramiento en el narcotráfico ha mostrado cómo el Estado se convierte en facilitador del tráfico de drogas a través de la utilización de sus mismas fuerzas de seguridad.
Pero como los juicios no solamente mencionan a Hernández, el impacto no solo consiste en que un presidente podría ser extraditado, sino que condiciona a toda la clase política del país a realizar un pacto de impunidad que le brinde estabilidad, en medio del terremoto que provoca la justicia estadounidense en pleno año electoral.
Un documento del juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes indica que “entre 2004 y 2020 múltiples organizaciones de narcotráfico trabajaron juntas y con el apoyo de funcionarios públicos y personas privadas relevantes, incluyendo políticos hondureños y operadores de justicia para recibir cargamentos de toneladas de cocaína enviados a Honduras desde diversos lugares, entre ellos Colombia vía ruta aérea y marítima, para transportarla a la frontera con Guatemala y, eventualmente, a Estados Unidos”.
Honduras suele ponerse en la lista de países importantes para Estados Unidos por su crisis migratoria. Puede no ser tan estratégico como México o Colombia, pero tras más de 20 años de ser el gran almacén de drogas, a mitad de camino entre Sudamérica y el norte, las organizaciones criminales locales lograron expandirse y comenzar a experimentar con la producción de drogas ilícitas. Esto no podría ser posible sin una alianza con políticos y empresarios, y tampoco sin la violencia que expulsa a miles de ciudadanos al año: solamente en 2020, 9,673 hondureños solicitaron asilo en Estados Unidos.
Los juicios en NY no son la única sacudida para Honduras desde Estados Unidos: senadores de ese país han pedido sanciones para Hernández y el acta Jamal Khashoggi de responsabilidad de la libertad de prensa, que aprobó el Congreso de Estados Unidos en 2020, demanda mano dura para un país donde altos funcionarios y políticos están señalados por narcotráfico, pero además tiene una larga tradición de violación a derechos humanos.
Ante esto, Hernández asegura que los dichos de los narcos en Nueva York son una venganza debido a que él los combatió. Ante el Congreso hondureño señaló:“Una persona coludida con el narcotráfico no habría aprobado la extradición ni la depuración de la Policía”. Y dice que aunque mantendrá una alianza internacional en lucha antinarcotráfico hasta el término de su mandato, “si narcos con la llave mágica de mentiras ganan beneficios de Estados Unidos por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras y luego con varios países”.
Pero no solo el presidente está nervioso. Ante la posibilidad de que Hernández sea juzgado tras salir de la presidencia, sus compañeros del Partido Nacional buscan preservar el poder y garantizar la impunidad por medio de mantener el control del Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. La opción más viable es evitar la extradición de Hernández a través de una investigación interna que pueda ser controlada judicial y mediáticamente. Las condiciones institucionales para que eso sea posible están dadas, pues Hernández se encargó en sus dos periodos presidenciales de tener control sobre el sistema de justicia.
Este pacto no podría funcionar solamente desde el Partido Nacional. Los otros partidos también están interesados en preservar un sistema de impunidad. En las elecciones internas del pasado 14 de marzo, el virtual ganador de la candidatura presidencial por el Partido Liberal es Yani Rosenthal, quien fue juzgado en esa misma Corte del Distrito Sur y purgó tres años de cárcel por participar en transacciones monetarias de propiedades derivadas de delitos de tráfico de drogas. Rosenthal regresó al país hace siete meses, después de cumplir su condena, y ya se encuentra en la carrera por la presidencia.
Dentro del Partido Nacional y en el Liberal hay otros funcionarios mencionados como colaboradores del narcotráfico. El líder del Partido Libertad y Refundación (Libre) —considerado la mayor oposición al gobierno de Hernández—, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, también fue mencionado en el actual juicio como receptor de 500,000 dólares en sobornos para proteger narcotraficantes. El pacto de impunidad que ha construido la autocracia de Hernández también abarca a los demás partidos y tienen sobradas razones para negociar su continuidad.
Sin embargo, para que un pacto así funcione es necesario que Hernández salga del poder y esa es la principal consigna electoral de la oposición. Con él fuera, sería posible negociar la preservación de un sistema político que se resiste a ser reformado. En la actualidad no hay fuerzas políticas capaces e interesadas en terminar con el narcotráfico y la corrupción. Aunque las hubiera, reducir sus efectos e intensidad tomaría décadas, por mucha voluntad que presente el actual gobierno de Estados Unidos.
Honduras tiene 48.3% de su población viviendo en pobreza según datos del Banco Mundial. La sociedad civil está limitada frente a esta situación y su principal preocupación es la sobrevivencia cotidiana, por lo cual se vota a candidatos cuestionados a cambio de regalos electorales. La otra opción es migrar a Estados Unidos.
El pacto político-criminal que se consolidó en Honduras, con el liderazgo de Hernández y la infraestructura política del Partido Nacional, es un sistema institucional sólido que involucra a todos los niveles de la administración pública para garantizar la impunidad y que no tiene diferencias ideológicas. Esa maquinaria hoy es apetecida por figuras políticas de otros partidos, también señalados en los juicios de Nueva York. El golpe de la Fiscalía del Distrito Sur es necesario, pero solo servirá para reducir temporalmente el efecto de este sistema político criminal. Sin una solución real, la impunidad seguirá y otro golpe judicial será necesario en un futuro.
