Muchos recuerdan la demoledora frase «es la economía, idiota», con la que Clinton ganó las elecciones de 1992 a un Bush padre que se amodorraba en los laureles del éxito atronador de la Primera Guerra del Golfo; y tenía razón el señor Clinton, la suprema responsabilidad de un Gobierno debe ser la economía, base del bienestar del país. Pero hasta en esto el Gobierno cubano es anormal, la economía nunca ha sido su prioridad.
Todo análisis económico sobre Cuba estará incompleto si no reconoce que el descalabro de la Isla no se debe a padecer un Gobierno incompetente que implementa políticas fallidas, sino uno muy efectivo realizando las políticas adecuadas para el objetivo que persigue: mantener el poder, aun cuando ello implique arruinar a la nación.
Al contrario de donde hay democracia, la sobrevivencia del gobernante cubano no depende del beneplácito del pueblo, sino del control sobre el pueblo, lo que se consigue mejor si los cubanos son dependientes del Estado, de ahí que mejorar la economía sea interés del Gobierno en tanto le legitima, pero solo mientras no arriesgue esa relación de subordinación del ciudadano al Estado en la que se asienta el totalitarismo.
Los recurrentes señalamientos de los «errores» económicos del castrismo pueden hacer creer que hay cierto hipertrófico sesgo analítico en su contra; un lector podría razonar que, si fuese tan fácil arreglar la economía cubana, el propio Gobierno lo haría, y si no lo hace es porque no es tan sencillo como algunos articulistas parecen creer… o por culpa del «bloqueo».
Para no caer en tal equívoco hay que saber diferenciar entre políticas bienintencionadas pero ineficientes, como las de salario mínimo, y políticas efectivas, pero malignas en su origen por perseguir fines bastardos, como la «Tarea Ordenamiento».
Hay que comprender que es el Gobierno cubano a motu propio quien supedita la política económica a su particular interés político, nadie le obliga a hacerlo.
Casos paradigmáticos de esta limitación autoimpuesta son las políticas referentes a inversión extranjera directa y a libertad empresarial. Ambas se desplegarían vertiginosamente provocando un salto sustancial en la calidad de vida del pueblo cubano si el Gobierno no mantuviese todo un diseño institucional para impedirlo. Son casos palmarios de políticas concebidas para obstruir el desarrollo del país.
El éxito de China y Vietnam liberalizando esos ámbitos demuestra que es factible hacerlo incluso dentro del esquema totalitario socialista. Si el Gobierno cubano no sigue ese camino es porque sabe que de hacerlo peligraría su estatus, pues la situación política y sociológica cubana es diferente a la de aquellas naciones orientales. El Partido Comunista de Cuba no puede convivir con un pueblo próspero como sí lo han logrado las tiranías asiáticas, herederas de despotismos milenarios, por lo tanto, el PCC elige la no prosperidad para el pueblo.
Además, la cercanía y natural influencia de Estados Unidos, donde habitan más de un millón de cubanos, que en conjunto tienen más dinero que el propio castrismo, es algo que espanta a los actuales propietarios de la Isla.
Es tanto el miedo a que el pueblo prospere que —aun ahora cuando la situación está empeorando aceleradamente imbuida en un cóctel de circunstancias adversas que auguran un Periodo Especial 2.0— el Gobierno se resiste a liberar las fuerzas productivas del país y se embarca en la «Tarea Ordenamiento» para fortalecer la Empresa Estatal Socialista, a costa de poner en jaque al minúsculo pero pujante sector privado y al importante campesinado, los dos sectores más dinámicos de la economía cubana.
Cuando recientemente su ineficiencia congénita obligó al Gobierno a decidir entre mantener las políticas redistributivas que han caracterizado al socialismo cubano o conceder libertad económica a los cubanos, eligió apretar más el cinturón del pueblo y aplicarle una escandalosa subida de precios —eliminando lo que las autoridades llamaron «subsidios excesivos y gratuidades indebidas»—, antes de permitir que la gente pudiese emprender libremente y relacionarse económicamente con el resto del planeta.
Estos aparentes absurdos de la política económica castrista, inexplicables si el objetivo del Gobierno fuese mejorar la vida de la ciudadanía, cobran total sentido cuando se comprende el principio en que se basan: buscar una moderada mejoría material que legitime al Gobierno y le permita sostener —hasta donde pueda— la maquinaria redistributiva que ata al ciudadano al Estado, pero sin debilitar el control político cediendo a libertades individuales o derechos de propiedad privada.
El castrismo no es un sistema ineficiente que comete constantes errores de política económica, es un sistema parasitario que depende de mantener debilitada a su víctima. Es una amebiasis. ¿Terminará matando a su víctima?