AMLO denuncia ‘intervencionismo’ de Estados Unidos como parte de su lucha constante por no rendir cuentas
El 6 de junio, las elecciones intermedias en México determinarán el control de varios gobiernos estatales y, fundamentalmente, de la Cámara de Diputados del Congreso. El proceso se perfila como un referéndum a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El resultado de su autoproclamada “cuarta transformación” está en juego.
Encuestas recientes parecen confirmar la popularidad de Morena, el partido del presidente: es probable que cuatro de cada 10 votantes respalden a Morena. Sin embargo, otros escenarios sugieren que la oposición fragmentada de México podría perjudicar el apoyo a López Obrador lo suficiente como para evitar que el presidente goce de una mayoría absoluta. Esto reduciría el alcance de sus ambiciones.
La perspectiva de este resultado ha inquietado a López Obrador.
En las últimas semanas, el presidente ha estado buscando pelea. Se ha entrometido en el proceso electoral, al pedir el enjuiciamiento de los candidatos de oposición en el crucial estado de Nuevo León, donde su candidato ha perdido terreno (“Claro que sí”, respondió cuando se le preguntó si estaba interviniendo en la campaña). En sus conferencias de prensa matutinas diarias, también ha confrontado a la autoridad electoral de México y se ha burlado personalmente de los candidatos de la oposición.
El 7 de mayo, López Obrador recurrió a un monstruo predecible: el fantasma del intervencionismo estadounidense. Haciendo una acusación sin muchos precedentes en la historia moderna de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, López Obrador afirmó que el gobierno de Estados Unidos estaba financiando dos organizaciones que considera no solo parte de la oposición sino potencialmente sediciosas: Artículo 19, una organización mundial sin fines de lucro dedicada a la protección del periodismo y la libertad de expresión, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que ha jugado un papel importante revelando casos de corrupción y sobornos desde su fundación en 2015 (la presidencia de López Obrador comenzó en 2018).
Estados Unidos proporciona fondos para ambas organizaciones a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), la agencia de ayuda y desarrollo exterior que opera en más de 100 países de todo el mundo, tanto con la sociedad civil como con gobiernos (incluyendo la propia Secretaría de Gobernación de López Obrador). El presidente no quiere saber nada de eso. “Es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo”, afirmó enfurecido López Obrador. Luego procedió a enviar una queja diplomática formal a Estados Unidos. El miércoles 19 de mayo redobló esfuerzos y le exigió a Estados Unidos que “cancelen ya esos apoyos” a MCCI. “Ojalá y ya a partir de esta semana”, dijo.
Detrás de las teorías conspirativas de López Obrador sobre el intervencionismo estadounidense y su tenaz persecución a los organismos de control independientes en México reside no solo su miedo a perder terreno en las elecciones legislativas del próximo mes, sino algo más infame: su intolerancia tanto a la supervisión como a la crítica. Pocos días después de acusar a Estados Unidos de entrometerse en la vida política del país, volvió a recurrir a su conferencia de prensa matutina, esta vez para amedrentar al consejo consultivo de MCCI. “Miren (…) son los que nos cuestionan”, dijo, riendo entre dientes mientras señalaba a una pantalla llena de fotografías de periodistas, intelectuales y empresarios. “Cuánta objetividad hay, ¿no? Pluralidad, imparcialidad, independencia, autonomía”, agregó de forma sarcástica.
López Obrador ha centrado gran parte de su ira en Claudio X. González, uno de los fundadores de MCCI, quien ha sido crítico de su gobierno. Al igual que con otros críticos de su gestión, López Obrador ha acusado a González de conspirar contra el gobierno.
En entrevista, González me dijo que había abandonado MCCI en junio del año pasado y expresó su preocupación por los ataques del presidente. “En una democracia se puede hablar de opositores, pero no de golpistas”, me dijo. “Soy un demócrata”. María Amparo Casar, actual directora de MCCI y otro blanco frecuente de los ataques de López Obrador, lamentó lo que denominó “acciones intimidatorias” por parte del gobierno. Casar negó que la USAID tenga alguna influencia en los procesos de su organización.
“No tiene ninguna influencia en el desarrollo de la investigación, el enfoque utilizado ni en los resultados. No hay prueba alguna de intervencionismo”, me dijo Casar. “MCCI no es un ‘grupo de oposición’. No estamos detrás de ningún golpe. Más allá del hecho de que nuestra misión corporativa declarada y los artículos de incorporación lo prohíben claramente, no existe ni una pizca de evidencia de que MCCI participe en la política partidista”, dijo Casar. “La naturaleza de nuestro trabajo es incómoda para el gobierno. Lo fue para el gobierno de Peña Nieto, y lo es ahora”.
Y aún así, aunque el expresidente Enrique Peña Nieto enfrentó un intenso escrutinio en la prensa (incluyendo una muy notoria y exitosa investigación de MCCI sobre corrupción), no utilizó la tribuna intimidatoria de la presidencia para alegar que era víctima de una conspiración subversiva. López Obrador no tiene tales escrúpulos. Un presidente que reprende de forma pública y denuncia a sus críticos, o que puede acusar a Estados Unidos de intervencionismo con total impunidad no es motivo de risa. El 6 de junio, las y los votantes mexicanos decidirán si le conceden aún más poder.
