Este martes primero de junio, la Fiscalía adelantó la orden del presidente Daniel Ortega de inhibir a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, al decretar por las vías de hecho que ha perdido sus derechos políticos, porque está sometida a un proceso penal por presunto lavado de dinero, ordenado por el mismo candidato a la relección presidencial.
La orden de inhibición se ejecutó el mismo día en que mi hermana, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, anunció su intención de inscribirse en la competencia interna de la Alianza Ciudadanos por la Libertad para participar junto con otros siete precandidatos –Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre y Américo Treminio, ya inscritos; y Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Luis Fley, en proceso de inscripción– para elegir al candidato único de la oposición.
Se trata, por lo tanto, de un nuevo golpe contra el derecho a la competencia política después de que en los últimos ocho meses, por lo menos cuatro precandidatos presidenciales han sido sometidos a una condición de asedio policial y arresto domiciliar, mientras que al partido PRD le cancelaron de forma ilegal su personería jurídica.
La inhibición de facto contra Cristiana Chamorro es ilegal porque se ha violado su derecho a la defensa y tampoco existe una sentencia judicial. Pero en cualquier momento puede convertirse en una inhibición jurídica, porque los jueces y el Consejo Supremo Electoral, que están controlados por el FSLN, ya recibieron la orden de Ortega de emitir una sentencia condenatoria, que se ejecutará de forma discrecional.
Esas son las consecuencias del golpe de Estado que consumó desde el poder el presidente Daniel Ortega, primero al desmantelar el Estado de Derecho y eliminar la separación de los Poderes del Estado, y después, tras la matanza de abril 2018 y la “Operación Limpieza”, al conculcar por las vías de hecho todas las libertades constitucionales.
En Nicaragua, los únicos “golpistas” están en El Carmen, y solo puede haber elecciones libres, transparentes y competitivas, con la suspensión del golpe de Estado.
Todos los ciudadanos, los precandidatos, y la mayoría política azul y blanco del país, se encuentran en la indefensión total, y el único camino para recuperar las libertades es relanzar la resistencia cívica.
Ese es el desafío que enfrentan hoy los líderes políticos, los precandidatos presidenciales, y todas las fuerzas vivas del país, incluidos los servidores públicos –civiles y militares–, los grandes empresarios y los gremios del sector privado, y los líderes de la Iglesia católica, para conformar una verdadera unidad nacional, que logre concitar el apoyo de la comunidad internacional para aislar a la dictadura.
El pueblo tiene derecho a manifestarse para recuperar las libertades de reunión y movilización, y para demandar la suspensión del estado policial, hasta lograr una reforma electoral –con o sin Ortega y Murillo– que permita ir a elecciones libres con observación internacional.
Elecciones competitivas, en las que los partidos y candidatos que compitan con el FSLN no sean eliminados de antemano por el miedo y la certeza que tiene Daniel Ortega de que perderá el poder.
Elecciones libres, sin inhibiciones contra el candidato a la presidencia de la república y los candidatos a diputados, para no se repita la farsa electoral de 2016, de una reelección sin competencia política.
Para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir como en un gran plebiscito, entre dos opciones: dictadura o democracia. Y que pueda escoger, entre Ortega y el candidato único de la oposición, si quiere cinco años mas de dictadura, o el cambio democrático con justicia que demandó la rebelión de abril hace tres años, para terminar con la dictadura.
