Armando Durán / Laberintos: ¿Normalización económica o restauración democrática?
Las últimas elecciones democráticas celebradas en Venezuela fueron las que en diciembre de 1998 le abrieron a Hugo Chávez las puertas del palacio de Miraflores. Desde esa ya lejana fecha el debate y las negociaciones entre el régimen que se inició entonces y sus adversarios han girado sobre la posibilidad de restaurar los fundamentos de la democracia venezolana mediante la aceptación por unos y otros de mínimas condiciones electorales para facilitar el tránsito pacífico de vuelta a la democracia. Trampa cazabobos diseñada y ejecutada con precisión por los estrategas políticos nacionales y extranjeros del régimen para conservar el poder sin renunciar a las más superficiales formalidades de la democracia representativa que desde el primer momento se pretendía borrar del presente y el futuro de Venezuela.
A eso se terminó por reducirse la lucha política en Venezuela, con resultados burocráticos y materiales compartidos. Hasta que la derrota aplastante de los candidatos del oficialismo en las elecciones parlamentarias de 2015 a pesar del ventajismo y los apaños del régimen rompió de golpe ese inestable equilibrio de los entendimientos y complicidades entre las partes. De ahí surgieron el desconocimiento del triunfo opositor por parte del régimen, el rechazo opositor a participar en la elección presidencial prevista para diciembre de 2018, su adelanto para el mes de mayo sin presencia de un candidato válido de la oposición, las impresionantes manifestaciones de protesta popular el año 2017, la gran traición de los partidos de oposición a la esperanza de cambio de los venezolanos, el renacer de esa esperanza popular con la hoja de ruta propuesta por Juan Guaidó al asumir en enero de 2019 la Presidencia de la Asamblea Nacional, la nueva y definitiva traición orquestada por el colaboracionismo opositor en la mesa de diálogo instalada el 15 de mayo de aquel año en Oslo para negociar la rendición del Estatuto de la Transición y así hasta ahora, como si en verdad no pasara gran cosa en Venezuela.
Esa vuelta al entendimiento de unos y otros, en gran medida porque ninguna de las partes tenía fuerzas para derrotar al otro, ha permitido desde entonces la coexistencia en territorio nacional de dos presidentes de la República y dos gobiernos paralelos. Fruto de ello es que hoy en día Venezuela emprende ahora una carrera contra natura que en teoría concluirá el próximo 21 de noviembre, con una nueva elección de gobernadores y alcaldes en una jornada que, según los voceros de la desacreditada Mesa de la Unidad Democrática, llamada ahora algo así como Plataforma de la Oposición para disimular su muy oscura naturaleza, será “medianamente transparente.”
Los rumores de esta nueva componenda comenzaron a circular el pasado mes de diciembre, con la novedad de que Guaidó, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, ha asumido la jefatura de esta presunta y dramáticamente débil unidad opositora. Con una novedad melancólica. A la estéril rutina electoral de estos últimos 20 años, debemos añadirle ahora la total ausencia de medios de comunicación independientes y el sistemático ocultamiento de lo que en verdad ocurre en el país. Un hondo y silente vacío que respetan los protagonistas de este gran drama nacional, roto cuando uno de los dos presidentes ofrece alguna escueta declaración.
En el marco de estos silencios supimos que la otra Asamblea General, la ilegal designada a dedo por el régimen, con el inexplicable visto buenos de quienes hasta hace pocos días denunciaban su legitimidad, “renovó” a los 5 miembros principales y 5 suplentes del Consejo Nacional Electoral. Y, que en esta ocasión, como muestra de la presunta buena voluntad dialogante del régimen, designaron a dos representantes de la oposición como miembros principales del organismo y a dos como suplentes. A sabiendas, por supuesto, de que esa decisión no altera en absoluto el control hegemónico del ente electoral por parte del régimen.
Otra noticia ilustra el torcido rumbo emprendido por este nuevo proyecto electoral del madurismo reinante: el lunes 31 de mayo, Pedro Calzadilla, exministro chavista de los que no se quitaba la camisa roja, ahora nombrado por Maduro y compañía presidente del “nuevo” Consejo Nacional Electoral, informó que se habían habilitado para participar en esas próximas elecciones regionales y municipales a 35 organizaciones políticas nacionales y 52 regionales, todas ellas con certificado oficial de impecable buena conducta política.
Para no ser objeto de excesivas críticas por parte de quienes ya no aceptan que les sigan contando este grosero cuento electoral de nunca acabar, Guaidó sostuvo hace un par de semanas que lo que se propone el chavismo es convocar elecciones regionales y municipales, no presidenciales, y que la clave para salir de la dictadura sigue siendo celebrar elecciones presidenciales que además sean libres y justas, bajo rigurosa observación internacional y que antes de su celebración se liberen a todos los presos políticos, se permita el regreso al país de todos los exiliados, el cese de la persecución a los adversarios del régimen y se habilite la participación de todos los partidos políticos y dirigentes a quienes ilegalmente se les han arrebatado sus plenos derechos políticos.
La respuesta de Maduro no se ha hecho esperar. Si la oposición, incluyendo en el lote lo que el régimen califica de oposición violenta y golpista quiere participar en la inminente ronda de conversaciones oposición-gobierno, bienvenidos sean, porque él es un presidente abierto al diálogo más amplio, pero eso sí, para sentarse a una mesa de diálogos con representantes de la oposición, él exige que primero Estados Unidos y la Unión Europea levanten las sanciones que le han aplicado a su gobierno y a sus figuras más destacadas, que se reconozca internacionalmente la legitimidad de su Presidencia, de la Asamblea Nacional “electa” el pasado mes de diciembre y de todos los poderes públicos, que se le devuelvan al Estado venezolano las propiedades confiscadas en el extranjero y que se le restituya a Venezuela el oro y las cuentas del gobierno intervenidas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Para terminar de armar el rompecabezas de estas negociaciones hace pocos días visitó Venezuela José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español y mediador frecuente y preferido de Maduro, y el pasado fin de semana hizo otro tanto un grupo de representantes del gobierno noruego, mediador reconocido por las partes desde mayo de 2019. Para salirle al paso a comentarios que se referían a una eventual participación de Washington en estas negociaciones, Juan González, director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, fue categórico. Según declaró a la prensa, su gobierno no participará en esas negociaciones, pero también señaló que como “toda negociación, esta debe ser concreta, irreversible y limitada en el tiempo.” Más adelante agregó que, sin embargo, «Estados Unidos, junto con la comunidad internacional, seguiremos presionando al régimen venezolano hasta que den pasos concretos en esa dirección.”
Como era de esperar, Maduro rechazó las palabras de González con su habitual agresividad, lo acusó por anunciar que “van a venir más presiones sobre Venezuela”, y le advirtió, “no te metas con Venezuela, a Venezuela se la respeta.” Bravuconería que llevó a James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, pero con residencia en Bogotá, a intervenir para suavizar ese retórico cruce de amenazas con una declaración conciliadora, formulada el 27 de mayo. Por una parte, notificó que “vamos a apoyar la iniciativa (de Guaidó en favor de las negociaciones), porque la opción es una salida pacífica, política y constitucional.” Por la otra, le mandó a Maduro un mensaje conciliador: “Estamos dispuestos a evaluar las sanciones siempre y cuando haya cambios irreversibles en la restauración de la democracia en Venezuela… A ver si se logra algo que realmente sirva a los intereses de los venezolanos.”
Ahora, mientras que el régimen y la oposición anuncien quiénes serán sus representantes y den a conocer la fecha y el lugar exactos dónde se instalará esta nueva versión de mesa de diálogo entre régimen y oposición con mediación de Noruega, quedan algunas incógnitas decisivas que tendrán que despejarse mucho antes de las elecciones del 21 noviembre. La primera es si estas negociaciones solo aspiran a acordar condiciones electorales mínimas, o incluirá la presencia de observadores internacionales que no se limiten a simplemente “acompañar” a los electores durante esta jornada electoral, sino que en efecto vigilen y garanticen la transparencia de punta a cabo de la votación y su totalización. Por otra parte, ¿debemos entender esta convocatoria electoral como parte de un complejo pero ineludible proceso de transición, es decir, como un primer paso hacia la restauración real de la democracia representativa en Venezuela, o como solo como otro evento electoral dentro de la establecida falsa institucionalidad del régimen? A fin de cuentas, ¿qué se va a negociar en esa todavía hipotética mesa de diálogo, la continuidad de la dictadura o su final? ¿O más bien una ruta intermedia, como la que siguen China o Vietnam, de normalización de la actividad economía de acuerdo con un mercado abierto y libre de control estatal, pero sin modificar la naturaleza dictatorial de su sistema político? O peor aun, ¿será que después de estas últimas idas y venidas, como tantas otras veces, todo seguirá igual?
